UCD y PSOE discrepan sobre la cualificación de los miembros del Tribunal de Cuentas

La Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados aprobó ayer veinte nuevos artículos del proyecto de ley orgánica del Tribunal de Cuentas, cuyo dictamen concluirá probablemente hoy. La Minoría Catalana intentó, sin éxito, atribuir a los órganos fiscalizadores de cuentas de las comunidades autónomas competencias delegadas del Tribunal de Cuentas.



Por otra parte, quedaron pendientes de una posible revisión en el Pleno de la Cámara los requisitos para ser consejeros de cuentas, tras atacar el socialista Enrique Barón lo que calificó de «gremialismo» en la composición...

La Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados aprobó ayer veinte nuevos artículos del proyecto de ley orgánica del Tribunal de Cuentas, cuyo dictamen concluirá probablemente hoy. La Minoría Catalana intentó, sin éxito, atribuir a los órganos fiscalizadores de cuentas de las comunidades autónomas competencias delegadas del Tribunal de Cuentas.

Por otra parte, quedaron pendientes de una posible revisión en el Pleno de la Cámara los requisitos para ser consejeros de cuentas, tras atacar el socialista Enrique Barón lo que calificó de «gremialismo» en la composición del alto tribunal contable.

De acuerdo con el informe de la ponencia y el texto aprobado ayer por la comisión, los consejeros de cuentas serán designados por las Cortes Generales por un período de nueve años, de la forma siguiente: una tercera parte entre censores del Tribunal de Cuentas, con más de quince años de servicios efectivos; otra tercera parte, entre miembros de la carrera judicial que reúnan las condiciones para ser magistrados del Tribunal Supremo, y la tercera parte restante entre funcionarios con más de quince años de servicios efectivos y con titulación adecuada para el desempeño de sus funciones.

Los socialistas defendieron una propuesta, según la cual los consejeros de cuentas serían designados por las Cortes Generales «entre juristas y economistas de reconocido prestigio». Esta propuesta fue rechazada, si bien el centrista José Manuel García Margallo anticipó que su grupo estudiaría la cuestión y ofrecería probablemente una solución transaccional en el Pleno del Congreso que estudie este proyecto de ley.

Enrique Barón estimó que el texto aprobado adolecía de gremialismo y daba pie a un pacto entre diversos cuerpos del Estado «para quedarse con el Tribunal de Cuentas en propiedad». Recordó que el inicial proyecto de ley gubernamental discriminaba a diputados y senadores, al excluirles de la posibilidad de formar parte del alto tribunal contable, seguramente -ironizó Barón- «por su origen electoral espúreo». García Margallo replicó que los socialistas pretendían sustituir, mediante su propuesta, un gremialismo por otro. La mayoría de los artículos aprobados ayer lo fueron por unanimidad y con escaso debate.

El Estado, las cuentas y las comunidades autónomas

El portavoz de la Minoría Catalana, Llibert Cuatrecasas, propuso que los órganos fiscafizadores de las comunidades autónomas actúen en primera instancia, previa a la competencia del Tribunal de Cuentas. Propuso después una enmienda in voce, según la cual cuando los asuntos «se originen en el ámbito de una comunidad autónoma que tenga establecido, según su estatuto, su propio órgano fiscalizador de cuentas, el tribunal podrá delegar a éste la mencionada resolución de los mismos».

García Margallo estimó que no era necesario este texto.