Robles Piquer y UCD muestran su inquietud por la viabilidad del Estatuto de RTVE

El director general de RTVE, Carlos Robles Piquer, expresó ayer, ante la correspondiente comisión de control del Congreso de los Diputados, su decidida actitud de cumplir el Estatuto que rige la Radiotelevisión estatal, aunque mostró su preocupación porque la división interna del Consejo de Administración del Ente Público RTVE pueda perjudicar la marcha del mismo. Robles Piquer negó las numerosas acusaciones que la oposición le hizo sobre existencia de caza de brujas y censura. En la misma sesión, el anterior director, Fernando Castedo, explicó su dimisión, a la que se vio obligado, según dijo...

El director general de RTVE, Carlos Robles Piquer, expresó ayer, ante la correspondiente comisión de control del Congreso de los Diputados, su decidida actitud de cumplir el Estatuto que rige la Radiotelevisión estatal, aunque mostró su preocupación porque la división interna del Consejo de Administración del Ente Público RTVE pueda perjudicar la marcha del mismo. Robles Piquer negó las numerosas acusaciones que la oposición le hizo sobre existencia de caza de brujas y censura. En la misma sesión, el anterior director, Fernando Castedo, explicó su dimisión, a la que se vio obligado, según dijo.

Las expresiones de «inquietud» de los representantes de UCD y del propio director general sobre la viabilidad del Estatuto de RTVE en las circunstancias presentes, y especialmente sobre el funcionamiento y la división interna del Consejo de Administración, fueron las únicas novedades prácticamente que ofreció la larga sesión de la comisión de control.

A la alusión del centrista Antonio Vázquez Guillén sobre la posible conveniencia de revisar tal ley, realizada por la mañana durante el interrogatorio de miembros del Consejo de Administración, se sumó la respuesta de Robles Piquer a una pregunta sobre el tema -precisamente de Vázquez Guillén- en el sentido de que le preocupa que tal situación pueda hacer resentirse la labor del Ente Público RTVE.

En general, la oposición insistió en que se está produciendo un retroceso en la aplicación del marco legal que permitió el comienzo del cambio en RTVE, especialmente en lo referente a la libertad de expresión. Concretamente, la comunista Pilar Brabo enumeró una larga lista de lo que, a su juicio, son, anomalías producidas en los servicios informativos, y preguntó si responden a los criterios dados por el presidente del Gobierno al director general cuando éste fue nombrado.

Robles Piquer respondió que no podía asumir la responsabilidad de todos los hechos que se producen en estos servicios, porque, aunque tiene la facultad de ordenar la programación, la mayoría de las decisiones no las toma él mismo. Después de rebatir varios casos concretos, afirmó que no cree que se haya producido ningún retroceso, y que se mueve y se seguirá moviendo dentro del Estatuto y de la Constitución.

El socialista Pedro Bofill insistió en la misma línea, haciendo especial hincapié en el caso, también citado por la diputada Brabo, de la información sobre la manifestación del 22 de noviembre en Madrid, en la plaza de Oriente. El director general de RTVE replicó que, a su juicio, que era mayoritario dentro del Consejo de Administración del Ente Público RTVE, tal información cumplía los principios de imparcialidad y objetividad fijados en el Estatuto.

En general, Robles Piquer admitíó que el presidente del Gobierno le recomendó, al nombrarle, que aplicara criterios de moderación y equilibrio, negó que se haya producido algún tipo de caza de brujas en la política de nombramientos en el Ente Público RTVE y justificó ciertos casos de censura en argumentaciones legales y la necesidad de no infringir los propios principios legales que rigen la televisión y respetar la sensibilidad de los diversos grupos que componen la audiencia.

Fernando Castedo relató las circunstancias ya conocidas de su dimisión, a la que dijo que se vio obligado cuando en el palacio de la Moncloa se la pidieron el presidente del Gobierno y el de UCD, y se la aconsejaron Adolfo Suárez y Pío Cabanillas. Negó que hubiesen existido presiones concretas anteriormente, aunque afirmó que sí había una «presión ambiental» prácticamente desde el comienzo de su mandato. También dijo que, a su juicio, no había razones objetivas para su relevo, al que accedió al serle retirada la confianza de su partido. A petición del socialista Leopoldo Torres hizo un balance de su gestión, que incluía numerosos datos positivos, y a preguntas del centrista Bravo de Laguna sostuvo que, aunque el Estatuto no contemplase el caso de dimisión, ésta es evidentemente un derecho inalienable de quien ocupa un cargo como el que él tenía.