La financiación del transporte público enfrenta a UCD y PSOE

Los grupos parlamentarios de UCD y PSOE votaron ayer desunidos, en el seno de la comisión de Hacienda del Congreso, el dictamen del proyecto de ley de financiación del transporte público colectivo urbano de superficie, pese a que fue incluído dentro del paquete de los pactos autonómicos firmados el pasado verano entre Gobierno, PSOE y UCD. La mayoría centrista se impuso al bloque formado por la izquierda, y la comisión de Hacienda dejó listo el texto del proyecto para que sea debatido en un próximo Pleno del Congreso.

Enrique Sopeña, portavoz socialista en la Comisión, declaró a EL PAIS...

Los grupos parlamentarios de UCD y PSOE votaron ayer desunidos, en el seno de la comisión de Hacienda del Congreso, el dictamen del proyecto de ley de financiación del transporte público colectivo urbano de superficie, pese a que fue incluído dentro del paquete de los pactos autonómicos firmados el pasado verano entre Gobierno, PSOE y UCD. La mayoría centrista se impuso al bloque formado por la izquierda, y la comisión de Hacienda dejó listo el texto del proyecto para que sea debatido en un próximo Pleno del Congreso.

Enrique Sopeña, portavoz socialista en la Comisión, declaró a EL PAIS que su grupo votó en contra porque UCD quiere convertir el proyecto en una ley electoral con el fin de poner a los ayuntamientos socialistas contra la pared de cara a las próximas elecciones generales. Si prospera el proyecto, los grandes ayuntamientos con servicios públicos municipalizados, la mayoría de ellos en manos de la izquierda, se verán obligados desde principios del próximo año a subir las tarifas del transporte público mediante una formula polinómica que aprobará el Gobierno, así como a cubrir gran parte del déficit de las empresas gestoras con el nuevo "impuesto municipal para financiar el déficit de los transportes públicos de superficie".Estos déficit fueron pagados por los propios ayuntamientos con sus presupuestos ordinarios, pero en los últimos años la vía ha resultado insuficiente y se han habilitado presupuestos extraordinarios de liquidación de deudas con cargo a los Presupuestos del Estado. El objetivo de la ley, promovida por el ex alcalde de Madrid Jose Luis Alvarez, desde el Ministerio de Transportes, era impedir que paguen por otros los contribuyentes que no utilizan los transportes municipales.

El nuevo impuesto

El impuesto deberá ser aprobado por cada ayuntamiento con déficit municipal dos meses después de entrar en vigor la ley. Su devengo coincidirá con el de la contribución territorial urbana, y el tipo de gravamen podrá alcanzar hastá un 0,50% del valor catastral atribuído a la vivienda o local destinado a actividades comerciales, industriales, de servicios o profesionales.Los socialistas entendieron, nada más conocer el proyecto de ley, que buena parte de. los problemas del transporte municipal son heredados, y para impedir aumentos de la presión fiscal municipal lograron introducir medidas correctoras en los pactos autonómicos. La cláusula puesta ahora en cuestión decia: "Los ayuntamientos cuyas empresas de transporte público colectivo urbano de superficie tengan déficit, recibirán en pesetas corrientes, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado en los años sucesivos, respecto al déficit de 1980, los siguientes porcentajes: año 1980, 50%; año 1981, 40%; y año 1982, 15%".

Sin embargo, en el debate del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 1982, el Gobierno no incluyó los casi 15.000 millones de pesetas que, según el PSOE, harían falta para cubrir lo pactado. El ministro de Administración Territorial, Rodolfo Martin Villa, dijo entonces que el compromiso debería ser cumplido después de aprobada la ley de financiación del transporte.

Según medios socialistas, el objetivo de este aplazamiento es el mismo que el de varias medidas adoptadas en los últimos meses por el Gobierno: desacreditar la gestión de la izquierda en la campaña para las próximas elecciones generales. Entre dichas medidas figuran la demora de la ayudas para paliar la situación económico-financiera del Ayuntamiento de Barcelona, acorda das también con motivo de lo pactos autonómicos, y dos obstáculos puestos al Ayuntamiento de Madrid para que financie su inversiones de 1981 y 1982 con un crédito internacional de cien millones de dólares (casi 10.000 millones de pesetas).

Precisamente estos y otro problemas serán abordados en una reunión que celebran, a partir de hoy, en Murcia los alcalde de la treintena de municipios españoles con más de 150.000 ha bitantes, convocados por la Federación Española de Municipios y Provincias, que preside Pedro Aparicio, alcalde socialista de Málaga. Pero en los citado medios del PSOE se registra escepticismo sobre la posibilidad de que UCD cambie de actitud.

Al explicar ayer en la Comisión de Hacienda del Congreso el voto de su grupo, Tomé Robla, portavoz de UCD, rechazó las acusaciones socialistas de que hayan sido incumplidos los pactos Gobierno-UCD. Resaltó que los déficit de los transportes municipalizados han aumentado considerablemente a partir de 1977 y han sido pagados por todos los contribuyentes a través de los presupuestos extraordinarios de liquidación de deudas. En su opinión, es lógico que, antes de incluir las subvenciones en los presupuestos del Estado, el articulado de la ley en debate debe reconocer tales obligaciones.

Por su parte Enrique Sopeñal portavoz del PSOE, afirmó que su grupo estaba a favor de la ley, pero ha votado en contra por los 15.000 millones de pesetas. Agregó que el proyecto debería haber sido debatido después de la próxima ley de bases de régimen local y la del sistema tributario local, con las que puede entrar en contradicción y ser modificada. A estas leyes también alcanzan los compromisos municipales firmados con motivo de la realización de los pactos autonómicos.

En España, según datos del Ministerio de Transportes, hay 146 ciudades con transporte colectivo de superficie, que, salvo en tres (Malaga, Albacete y Cuenca), está servido por una sola empresa. En total actúan 152 empresas, de ellas 137 privadas, doce municipalizadas y tres sociedades laborales. Sólo estas quince últimas presentan déficit de explotación. El de las empresas municipales fue el año pasado de 12.148 millones de pesetas, y el de las laborales, de 777 millones. En cambio los privados reunieron un superávit de 439 millones de pesetas.

Las causas del déficit de las empresas municipalizadas y laborales, que sólo sirven a una cuarta parte de la población española, son el exceso de plantillas (20% más que las privadas, según los datos oficiales), salarios más altos (del 35% al 40% superiores a los de las empresas privadas) y menor productividad. En contraposición éstas empresas ofrecen menor antigüedad de vehículos y mayor número de éstos por habitante.