El PSOE aspira a socializar el 40% del sistema crediticio en términos de depósitos y el 50% en términos de créditos

El PSOE aspira a socializar el 40% del sistema crediticio en términos de depósitos en el momento en que tenga los dispositivos para hacerlo, es decir, en cuanto consiga la mayoría necesaria para gobernar, en las próximas elecciones generales, según se desprende del documento económico aprobado en el reciente 29º Congreso del partido. Este porcentaje se amplía 10 puntos -esto es, el 50% del sistema crediticio- si se considera en términos de créditos, según la opinión de Julio Rodríguez, secretario de Estudios de la Federación Socialista Madrileña y uno de los economistas que más destacaron en e...

El PSOE aspira a socializar el 40% del sistema crediticio en términos de depósitos en el momento en que tenga los dispositivos para hacerlo, es decir, en cuanto consiga la mayoría necesaria para gobernar, en las próximas elecciones generales, según se desprende del documento económico aprobado en el reciente 29º Congreso del partido. Este porcentaje se amplía 10 puntos -esto es, el 50% del sistema crediticio- si se considera en términos de créditos, según la opinión de Julio Rodríguez, secretario de Estudios de la Federación Socialista Madrileña y uno de los economistas que más destacaron en el citado Congreso.

El programa económico aprobado en el Congreso es una amalgama de textos, compuesta por partes del documento que presentó el economista vasco Carlos Solchaga -especialmente en lo que se refiere a los dos primeros puntos, de carácter general, referidos a la agravación de la crisis económica en el mundo, y en España más en concreto-, partes de la referencia económica que se hacía en la ponencia política de la Federación de Madrid, y algunos añadidos -escasos- de la ponencia defendida por el valenciano Manuel Sánchez Ayuso. Como trasfondo de este programa figura la anterior Estrategia Económica Socialista, elaborada por una conferencia de economistas del PSOE en 1980, aprobada en un consejo confederal del PSOE, y cuyos redactores últimos fueron Enrique Barón, Santiago Roldán y Julio Rodríguez.

Las tres posiciones

El economista vasco Carlos Solchaga, muy cercano a las posiciones de la anterior ejecutiva del partido y especialmente al secretario general Felipe González, presentó en el Congreso un texto que contenía globalmente un programa económico, con la intención de que fuese asumido por la mayoría de los delegados. Este texto no había sido publicado en las ponencias que fueron estudiadas por los delegados en los días anteriores al congreso, por lo que pilló de sorpresa a la mayoría de ellos. Por el motivo de ser presentado fuera de plazo, el economista Sánchez Ayuso pidió que no fuese discutido, pero la ponencia, presidida por Ernest Lluch, no consideró conveniente un enfrentamiento global con Solchaga y admitió el texto, que en un principio contó con el apoyo de algunos economistas madrileños que posteriormente dieron marcha atrás.El programa de Solchaga fue calificado de "demasiado conservador" para un partido socialista, entre otros aspectos porque interpretaba la necesidad de una pérdida adquisitiva de los salarios durante cuatro años para generar puestos de empleo. Los delegados más adscritos a UGT se negaron a aceptar esta posibilidad. "Se puede aceptar una cierta moderación salarial, pero no durante cuatro años seguidos", explicó a EL PAIS el economista catalán Santiago Roldán al valorar las posiciones de Solchaga.

En cuanto a las posturas defendidas por Julio Rodríguez, representando a la Federación de Madrid, se apoyaron fundamentalmente en la Estrategia Económica del PSOE, matizando algunos puntos: mayor radicalidad en los planteamientos referentes al sistema financiero, incorporación de aspectos referidos a la democracia industrial y a la planificación, más atención a los desequilibrios básicos y apertura a la moderación salarial. El catedrático valenciano Manuel Sanchez Ayuso interpretó el papel más a la izquierda de cuantos hubo sobre la ponencia socioecómica, basado en el texto presentado por la agrupación de Valencía en los documentos precongresuales (que analizó EL PAIS en su momento).

Las cajas de ahorro como sociedades anónimas

Probablemente sea el capítulo titulado "La reforma del sistema financiero" el más interesante de cuantos componen el programa económico del Congreso. La primera línea de actuación que proponen los socialistas es la de frenar el proceso de liberalización del sistema emprendido en los últimos años. "Se hace menester", dice el programa, "hacer un alto en el camino en el proceso de liberalización hasta ahora llevado a cabo con algunos efectos negativos indudables sobre la situación de las empresas, al menos en un sentido: el progresivo descenso de los coeficientes Ge inversión obligatoria".Se entiende que hay que reconsiderar toda la política de financiación subvencionada a la luz de los siguientes problemas: la necesidad de ampliar el mercado de deuda pública, la conveniencia de aumentar la financiación de las exportaciones, la necesidad de aumentar el papel de la banca oficial para reactivar la inversión y la reconsideración del papel de las cajas de ahorro en la Financiación del desarrollo regional y en las autoridades locales y autonómicas.

Respecto al papel de la banca -en un momento de crisis que durará al menos otros cuatro años y que conlleva irremediablemente un proceso de concentración-, los socialistas proponen hacer de la iniciativa pública un instrumento más beligerante y utilizarla en la adquisición de bancos reflotados para constituir un gran banco estatal que se sitúe entre los tres primeros del país y se especialice en la firíanciación internacional y del comercio exterior. Para ello es conveniente que el Banco Exterior de España pueda comprar, en un esquema concertado con la banea privada, algunos de los bancos reflotados.

El último punto que se tiene en cuenta respecto al sistema financiero es el de la necesidad de mayor control y mayor competencia. Dice la ponencia aprobada: "En primer lugar debe realizarse una mayor fiscalización política y presupuestaria de las actuaciones del Banco de España. En segundo lugar debe fomentarse una mayor competencia en el sistema crediticio, para lo cual debe favorecerse la presencia de bancos públicos. Se socializarán las cajas de ahorro y las cajas rurales, convirtiéndolas en sociedades anónimas, con mayoría de participación en su capital del Estado, comunidades autónomas y corporaciones locales. La mayor competencia en el sistema bancario se conseguirá potenciando la presencia de bancos páblicos de depósitos". Se propugna asimismo la supresión del Consejo Superior Bancario.

No se aprobaron nacionalizaciones ejecutivas

El economista Julio Rodríguez, secretario de Estudios de la Federación Socialista Madrileña, ha evaluado lo que suponen estas medidas de socialización: "Las cajas de ahorro suponen aproximadamente un 36,5% del total de los depósitos del sistema crediticio; el Banco Exterior (con su absorción del Rural y Mediterráneo), un 2,6%; y con la potenciación de la Caja Postal de Ahorros y de los bancos - que han sido reflotados con dinero público y que por tanto han de ser públicos- todo esto supone tener un 40% del sistema crediticio socializado (y no nacionalizado, ya que estarán presentes las comunidades autónomas y locales). Si estudiamos la situación en términos de créditos y no en términos de depósitos -esto es, teniendo en cuenta los bancos oficiales que ya existen- el porcentaje llegaría probablemente al 50%, aunque este segundo porcentaje es menos científico". El problema de las nacionalizaciones no fue, en absoluto, el centro de los debates económicos en el Congreso socialista, sino las soluciones al creciente desempleo. Sin embargo, el espíritu de la victoria de Mitterrand en Francia, con su amplio programa de cambio, sí flotó en la ponencia y fue el valenciano Sánchez Ayuso el que propuso abordar la amplitud de las nacionalizaciones en la futura estrategia del PSOE. Su propuesta ejecuti va bajo la fórmula de "tendrán lugar nacionalizaciones" quedó aguada en la más ambigua de "pueden tener lugar nacionalizaciones". Este tema fue despacha do en el último párrafo del texto aprobado, en el que se dice: "El sector energético y parte del sector financiero son sectores en los que pueden tener lugar nacionalizaciones. Para ello, es importante crear una comisión de estudio dentro del partido que proponga soluciones muy concretas a este tema... Sectores como el alimen tario, el farmacéutico, la electrónica, etcétera, requieren una presencia pública importante. Junto a ello, aquellos bancos que han sido ayudados con fondos públi cos para superar sus crisis deben pasar a un sector público finan ciero, que debe abarcar a las ac tuales entidades oficiales de cré dito y a unas cajas de ahorros efectivamente socializadas.

Reacciones empresariales

El programa aprobado ha sido muy discutido entre los propios economistas del PSOE, muchos de ellos en desacuerdo con los distintos puntos del mismo. A título de ejemplo de estas discrepancias se puede aportar la expresada a EL PAIS por los economistas Santiago Roldán y Juan Muñoz, en cuanto a la conversión de las cajas de ahorro en sociedades anónimas.Respecto a los empresarios, José Antonio Segurado, vicepresidente de la CEOE y presidente de la patronal madrileña, opina que Ia voluntad socialista de nacionalizar las cajas de ahorro, cajas rurales y red primaria de distribución de electricidad, junto a sus deseos de una mayor presencia pública en sectores como alimentación, farmacéutico y electrónico, me preocupan gravemente como empresario, al constituir un claro indicio de la voluntad del PSOE de limitar progresivamente el campo de acción de la iniciativa privada".

Por su parte, Santiago Foncillas, presidente de Círculo de Empresarios, da una de cal y otra de arena: "El principal planteamiento macroeconómico, que se basa en la expansión de la demanda total, apoyada por una política de contención de rentas durante cuatro años, puede ser beneficioso para la reactivación aconómica. Pero no es aceptable que se propugne por la exclusiva existencia de un irreversible grado de aversión al riesgo por parte del sector privado.