Detenido el dueño de una clínica por presunta estafa a la Seguridad Social

El propietario y un antiguo administrador de la clínica privada Santa Mónica, instalada en el número 20 de la calle de Gravina, han sido detenidos por funcionarios de policía bajo la acusación de ser los presuntos autores de un delito de estafa a la Seguridad Social, cometido a lo largo de cinco años -de 1975 a 1980-, que podría suponer, según cálculos de los investigadores, unos veinte millones de pesetas.Los detenidos son Alfonso López-Piña, de 61 años, propietario del centro, y Antonio Lozano, de 47 años, administrador de la clínica hasta mediados del pasado año. Según una nota facilitada p...

El propietario y un antiguo administrador de la clínica privada Santa Mónica, instalada en el número 20 de la calle de Gravina, han sido detenidos por funcionarios de policía bajo la acusación de ser los presuntos autores de un delito de estafa a la Seguridad Social, cometido a lo largo de cinco años -de 1975 a 1980-, que podría suponer, según cálculos de los investigadores, unos veinte millones de pesetas.Los detenidos son Alfonso López-Piña, de 61 años, propietario del centro, y Antonio Lozano, de 47 años, administrador de la clínica hasta mediados del pasado año. Según una nota facilitada por el gabinete de Prensa de la Jefatura Superior de Policía, en el curso de las investigaciones se descubrieron varias irregularidades, tales como contratar personal médico sin titulación y facturar más estancias clínicas de las reales.

Todo el dinero obtenido de esta forma fue a parar, según la información policial, a una libreta de ahorro de la que es titular Alfonso López-Piña. Antonio Lozano declaró que había actuado así ante el temor a perder su puesto de trabajo. En su opinión, la estafa podría suponer el 15% o el 20% de la facturación total de la clínica.

En el mes de junio del pasado año, los servicios de inspección de la Seguridad Social sólo consiguieron descubrir una mínima parte de las irregularidades, por lo que se rescindió el concierto que se tenía con la clínica.

Para comprobar si eran correctos los datos de altas y bajas facilitados por la clínica a la Seguridad Social, la Policía ha tomado declaración, hasta el momento, a unas 220 personas que estuvieron internadas en la clínica. Como consecuencia de estas declaraciones parece que el presunto fraude se cometió durante los cinco años de vigencia del contrato con la Seguridad Social, durante los cuales se facturaron dos o tres días de estancia más por cada enfermo.