Censura previa de la policía sobre el diario "Egin"
Un grupo de funcionarios policiales se personó en la madrugada de ayer en los talleres del diario Egin a inspeccionar el contenido de los ejemplares correspondientes a ese día. Los policías, que no exhibieron mandamiento judicial alguno, leyeron con detenimiento el periódico antes de indicar a los trabajadores que podían continuar la tirada.
El diario Egin está siendo objeto en los últimos días de una serie de intervenciones policiales que, hasta el momento, no han sido legalmente sustentadas ante la dirección de esa empresa informativa. Fuentes del gabinete de Prensa del Gob...
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Un grupo de funcionarios policiales se personó en la madrugada de ayer en los talleres del diario Egin a inspeccionar el contenido de los ejemplares correspondientes a ese día. Los policías, que no exhibieron mandamiento judicial alguno, leyeron con detenimiento el periódico antes de indicar a los trabajadores que podían continuar la tirada.
El diario Egin está siendo objeto en los últimos días de una serie de intervenciones policiales que, hasta el momento, no han sido legalmente sustentadas ante la dirección de esa empresa informativa. Fuentes del gabinete de Prensa del Gobierno Civil de Guipúzcoa, por su parte, señalaron ayer a EL PAIS que las medidas que están siendo adoptadas en relación con este diario tienen un carácter preventivo y se justifican ante la posibilidad de un secuestro judicial de la edición, tal como ocurriera en la madrugada del jueves.
El director del periódico, José Félix Azurmendi, anunció ayer que solicitará la presencia de un juez en los talleres del periódico en previsión de que estos hechos se repitan esta misma madrugada. José Félix Azurmendi afirmó que la actitud del Gobierno Civil de la provincia constituye una medida de presión insoportable, que tiene la particularidad de convertir a la policía en censora de publicaciones.
Azurmendi anunció igualmente la presentación de una denuncia contra los responsables de haber impedido durante casi tres horas la salida de las furgonetas distribuidoras, hecho ocurrido en la madrugada del viernes.
En la denuncia se solicita como compensación económica la cantidad de diez millones de pesetas.
Por otra parte, y en relación con la detención del abogado y parlamentario vasco Iñaki Esnaola, la junta de gobierno del colegio de abogados acordó ayer encomendar a Pedrol Rius, como presidente del Consejo General de la Abogacía, la realización de las gestiones cara a conseguir la libertad del detenido.
La junta se pronunció igualmente contra la actual legislación antiterrorista, legislación que, sin embargo, a su juicio, no puede negar el derecho de todo detenido a la asistencia del abogado, derecho, «se dice», reconocido en el artículo 24 de la Constitución.