Luz y taquígrafos

LA NOTA de la alcaldía de Madrid sobre posibles irregularidades administrativas en la concesión de los servicios de limpieza pretende dar por zanjado este asunto con las insuficientes aclaraciones proporcionadas en su texto. La declaración exhorta o conmina a que "acaben" los "rumores y comentarios" sobre eventuales ofertas de comisiones de las empresas licitadoras, con el argumento de que "a nadie favorecen" y no se hallan apoyados por prueba alguna.La tentativa de archivar ese expediente está condenada al fracaso. Porque no son rumores, sino informaciones procedentes de fuentes precis...

LA NOTA de la alcaldía de Madrid sobre posibles irregularidades administrativas en la concesión de los servicios de limpieza pretende dar por zanjado este asunto con las insuficientes aclaraciones proporcionadas en su texto. La declaración exhorta o conmina a que "acaben" los "rumores y comentarios" sobre eventuales ofertas de comisiones de las empresas licitadoras, con el argumento de que "a nadie favorecen" y no se hallan apoyados por prueba alguna.La tentativa de archivar ese expediente está condenada al fracaso. Porque no son rumores, sino informaciones procedentes de fuentes precisas; tampoco son comentarios, sino críticas, protestas o denuncias concretas. La nota del alcalde trata a los madrileños como colegiales que hablasen en filas o murmuraran en los recreos, en vez de como ciudadanos, vecinos y contribuyentes que tienen todo el derecho del mundo a elucidar la veracidad o falsedad de esas informaciones, que han llevado al teniente de alcalde a pedir los ceses de dos delegados y a expresar sus juicios al respecto. Es rotundamente falso que la publicidad y la discusión sobre ese asunto no favorezca a nadie. Aunque esa investigación pudiera perjudicar a determinadas personas, grupos o siglas, sus conclusiones redundarán en favor de la transparencia, honestidad y eficacia de la gestión de la cosa pública en el Ayuntamiento.

La exigencia de luz y taquígrafos para aclarar hasta el último punto de esas eventuales irregularidades en una licitación municipal posiblemente obligará a examinar el trasfondo político y los conflictos interpartidistas que enmarcan la denuncia. Las tensiones dentro de la Federación Socialista Madrileña, agravadas tras la dimisión forzosa de Carlos Revilla como presidente de la Diputación, son un hecho público desde hace meses. También es un secreto á voces que Alonso Puerta, cuyo incesante afán de liderazgo le ha llevado casi sin solución de continuidad desde la derecha a la izquierda, pasando por la tercera vía, se halla bastante más preocupado por el próximo congreso del PSOE que por un eficiente funcionamiento del Ayuntamiento madrileño, cuya reforma administrativa ha bloqueado durante dos años. No es descartable que el asunto de la concesión de la limpieza en el distrito norte pueda haberle proporcionado a Alonso Puerta una baza contra Joaquín Leguina, uno de los hombres públicos del PSOE de trayectoria personal más intachable, concejal de Hacienda en el Ayuntamiento, secretario general de la Federación Socialista Madrileña principal artífice de la defenestración de Carlos Revilla.

Pero este eventual ajuste de cuentas, que devolvería a Leguina la pelota por su denuncia de irregularidades en la Diputación Provincial, no sirve, sin embargo, para absolver a nadie de antemano. Deberían ser los dirigentes madrileños del PSOE los más interesados en llevar hasta el final la investigación de esas denuncias por soborno, cuyos efectos negativos serán irreparables, a menos que una comisión de encuesta neutral demuestre su total falsedad. La encomiable insistencia del PSOE en sus llamamientos a la honestidad en el manejo de la cosa pública obliga, por lo demás, a la dirección nacional del PSOE a tomar cartas en el asunto y a comprometerse de lleno en este incómodo terreno. No es no dándole importancia, como parece querer hacer Felipe González, como se ha de solventar el asunto. La posibilidad de que esas presuntas irregularidades sean debidas, en el caso de resultar ciertas, a la corruptela personal de uno o de varios políticos no es, en cualquier caso, la única hipótesis a considerar ni la peor. Mucho más grave sería, en términos estrictamente éticos y políticos, que las irregularidades administrativas y las ofrecidas comisiones se justificaran en nombre del propio PSOE, hipotético beneficiario colectivo de una anomalía en el desempeño de funciones públicas realizada por concejales o delegados de servicio elegidos por los madrileños. Sólo faltaría ya que los partidos en el poder establecieran en cada caso una especie de impuestos reformistas, en forma de comisiones ilegales percibidas en los centros de decisión que controlan, y cuyas licitaciones de servicios resuelven, para sufragar los gastos generales de su aparato administrativo o los costes de una campaña electoral.

La dirección de la Federación Socialista Madrileña y el Comité Ejecutivo Nacional del PSOE están obligados a pronunciarse inequívocamente sobre este turbio asunto. Y en el caso de que alguien arguyera que percibir comisiones ¡legales para un colectivo político, en vez de para una cuenta corriente particular, es una eximente o una atenuante, habría que empezar a sospechar que la corrupción heredada del inmediato pasado ha producido unos devastadores e irreparables efectos en la moral de la sociedad española.