La justicia francesa pretende que el Estado español devuelva a ocho ex refugiados
La justicia francesa pretende que el Estado español devuelva a territorio galo a ocho personas, que en 1978 y 1979 vieron denegada su demanda de asilo político y fueron entregadas a las autoridades de Madrid.Los recursos presentados ante el Tribunal Administrativo de Pau (Francia) por los abogados han sido aceptados, al cabo de más de dos años y en víspera del viaje del presidente del Gobierno español, Leopoldo Calvo Sotelo, a la capital francesa.
El Tribunal Administrativo ha considerado justificados 21 de los 42 recursos presentados contra las medidas, referentes a refugiados vascos, ...
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La justicia francesa pretende que el Estado español devuelva a territorio galo a ocho personas, que en 1978 y 1979 vieron denegada su demanda de asilo político y fueron entregadas a las autoridades de Madrid.Los recursos presentados ante el Tribunal Administrativo de Pau (Francia) por los abogados han sido aceptados, al cabo de más de dos años y en víspera del viaje del presidente del Gobierno español, Leopoldo Calvo Sotelo, a la capital francesa.
El Tribunal Administrativo ha considerado justificados 21 de los 42 recursos presentados contra las medidas, referentes a refugiados vascos, adoptadas a raíz del giro de las autoridades de París, que consideraron injustificada la figura del refugiado político procedente de un país con régimen democrático.
Nueve de los recursos admitidos consideran no ajustada a derecho la negativa de las autoridades francesas a conceder el estatuto de refugiado político que habían solicitado Vicente Aldalur, José Biurrun, Carlos Catalán, Juan Manuel Fernández Lopetegui, Juan Trecet, José Garatea, Miguel Arguilea, Francisco Javier Martínez Apesteguía e Iñaki Martínez. El primero fue entregado a la policía española en la frontera de Somport (Lérida), el 20 de abril de 1978; los siete siguientes fueron conducidos mediante un subterfugio hasta la frontera de Biatou, en Guipúzcoa, el 30 de enero de 1979, y sobre el último se dictó orden de expulsión, luego transformada en asignación de residencia obligatoria, en mayo de 1979. A excepción de Iñaki Martínez, todos ellos habían penetrado ilegalmente en el Estado francés y, una vez en poder de la policía española, fueron juzgados y condenados, en la mayoría de los casos, por delitos de terrorismo.
Los restantes recursos admitidos anulan medidas policiales de asignación de residencia obligatoria a refugiados vascos y consideran ¡legal la denegación del estatuto de refugiado político.
Anulada la orden de expulsión de Etxabe
Finalmente, el Tribunal Administrativo de Pau, que en fecha próxima deberá dar a conocer el dictamen sobre la demanda de extradición de siete presuntos miembros de los Cornandos Autónomos Anticapitalistas y dos presuntos activistas de ETA Militar, ha anulado también la orden de expulsión contra el antiguo dirigente de ETA Juan José Etxabe, residente en San Juan de Luz, medida que motivó una prolongada huelga de hambre del afectado, aunque nunca llegó a materializarse.