Presentan una querella por presunta estafa contra una inmobiliaria de San Lorenzo de El Escorial

Veintidós personas han presentado una querella en el Juzgado de Instrucción de San Lorenzo de El Escorial por presunta estafa contra Carmen Villafranca, vicepresidenta de la empresa PRISO, SA, quien mantiene paralizadas las obras de una urbanización de esa localidad que había comenzado su marido hace varios años. Se trata de 58 apartamentos, de los cuales sólo han sido vendidos veintisiete. Los compradores, que han pagado gran parte del total del precio de las fincas (entre tres y siete millones de pesetas cuestan los apartamentos), se han encontrado ahora con que la urbanización está inacabad...

Veintidós personas han presentado una querella en el Juzgado de Instrucción de San Lorenzo de El Escorial por presunta estafa contra Carmen Villafranca, vicepresidenta de la empresa PRISO, SA, quien mantiene paralizadas las obras de una urbanización de esa localidad que había comenzado su marido hace varios años. Se trata de 58 apartamentos, de los cuales sólo han sido vendidos veintisiete. Los compradores, que han pagado gran parte del total del precio de las fincas (entre tres y siete millones de pesetas cuestan los apartamentos), se han encontrado ahora con que la urbanización está inacabada.

La mayoría de los servicios e instalaciones que se habían contratado no han empezado a construirse y muchos de los compradores, sin tener en muchos casos las llaves de sus apartamentos, están siendo embargados por el Banco Pastor, que está haciendo ejecutivas las letras que se le deben. La querella se encuentra bajo las diligencias del juzgado.La presunta estafa puede ascender a unos cien millones de pesetas, de los cuales treinta serán necesarios para terminar las obras contratadas. Anteriormente, los compradores, tras el retraso en las obras, presentaron una denuncia por coacción contra la misma Carmen Villafranca, que estuvo a punto de ser sobreseída y archivada, hasta que Francisco Bermejo, abogado, fue contratado por la mayoría de los presuntos estafados para llevar el caso.

En estos momentos, el juez de San Lorenzo de El Escorial está llevando a cabo las actuaciones necesarias para aclarar todo el asunto. En primer lugar, ha dictado un exhorto para que sea presentado el libro de actas de PRISO, SA, que según Bermejo no existe, y el 25 de mayo pasado el juez ordenó que dos arquitectos estudien e informen de todas las obras y reconozcan todos los servicios, así como todas las deficiencias existentes en las mismas. También ha dictado una orden para que el Banco Pastor, que lleva las letras de cambio de esta sociedad, acredite en qué concepto ha recibido las citadas letras.

La urbanización, sita en la calle de SDANTA Rosa, 7, dispone de 58 apartamentos, de los cuales más de veinticinco fueron semicompradas -no pagados totalmente-. Veintidós personas denunciaron la presunta estafa. Además, en los contratos se especificaba la construcción, de dos canchas de tenis, frontón, piscina, club social, discoteca y zonas de recreo infantil y juvenil, serviciósque no han sido realizados por la constructora, mientras los compradores decidieron, en reunión conjunta, no pagar más letras -que el banco está ha ciendo ejecutivas-, por lo que están siendo embargados.

Una empresa y una constructora con el mismo consejo

La historia comienza cuando la sociedad PRISO, SA, comienza a promocionar la venta de esta urbanización, cuyo presidente es Juan Montero Maldonado, quien, a su vez, crea la constructora Diteco, SA. El consejo de administración está formado, en ambas sociedades, por el mismo presidente, la misma vicepresidenta, Carmen Villafranca, mujer del anterior, y el secretario, Rafael Vadillo.Francisco Bermejo informa a este periódico que este, juego está basado en la separación de las responsabilidades, «es decir, que PRISO, SA, recoge el diriero de la venta de los apartamentos y Diteco contrata los materiales. Ambas empresas dividen su campo de acción perfectamente».

Comienzan a venderse los apartamentos, pero en realidad lo que se vende son, cuotas de propiedad horizontal, cada una de las cuales contaba con el derecho a un apartamento, una plaza de garaje y una porción proporcional de las insta laciones que habían sido contratadas.

Juan Montero comienza a entregar las llaves de algunos apartamentos, pero para acabar de financiar las obras de la urbanización se encuentra con graves dificultades económicas. Los edificios están ubicados sobre un terreno rocoso que, posiblemente, eleva los gastos que éste había previsto. En enero de 1980, el presidente de las empresas fallece debido a un ataque cardiaco -también era diabético- y deja las obras inacabadas y con grandes deficiencias.

En febrero de 1980, un mes después del fallecimiento de Juan Montero, su viuda, Carmen Villa franca, presenta en los bancos un poder, que dice ha sido firmado por su marido diez días antes de morir, por medio del cual trata de liberarse de las deudas que éste tuviera o pudiera contraer posteriormente con los bancos o los compradores. Pero la sociedad carece de libro de actas y de libros de comercio, por lo que tales poderes, en opinión de Francisco Bermejo, no pueden existir ya que no existe la sociedad como tal. En el mismo juzgado se ha demostrado que tal afirmación es real.

El primer banco que ofrece su dinero a la empresa es el Banco Hipotecario de Madrid, según informan los compradores, y después el Banco Pastor, cuyo director era Alvaro Fora, ahora cesado de su cargo. También interviene en la operación,la financiera Fiac Ibérica, sin que hasta el momento se sepa cuál es la relación de éstos con la empresa y si existe un aval para que este hombre pudiera recibir algún préstamo.

El Banco Pastor y Fiac Ibérica son terceros cambiarios de buena fe de la empresa y los tenedores de sus letras que ahora están haciendo ejecutivas a los compradores por falta de pago.