El Gobierno autónomo aprobó la ley reguladora de la organización territorial

El Gobierno vasco aprobó ayer el texto definitivo del proyecto de ley reguladora de la organización territorial, que será, remitido al Parlamento en el plazo de una semana. La redacción del texto ha sido objeto de consulta con las diputaciones forales, como instituciones directamente afectadas. A pesar de que el Ejecutivo autónomo anunció en su día la voluntad de consensuar al máximo el mencionado proyecto, los partidos políticos vascos de la oposición todavía no han sido informados.

«El Gobierno vasco no ha actuado como partido en la elaboración del texto definitivo, así es que la disc...

El Gobierno vasco aprobó ayer el texto definitivo del proyecto de ley reguladora de la organización territorial, que será, remitido al Parlamento en el plazo de una semana. La redacción del texto ha sido objeto de consulta con las diputaciones forales, como instituciones directamente afectadas. A pesar de que el Ejecutivo autónomo anunció en su día la voluntad de consensuar al máximo el mencionado proyecto, los partidos políticos vascos de la oposición todavía no han sido informados.

«El Gobierno vasco no ha actuado como partido en la elaboración del texto definitivo, así es que la discusión con los demás partidos deberá producirse en el propio Parlamento», declaró ayer el portavoz del Ejecutivo, Ramón Labayen, en el curso de una conferencia de Prensa celebrada en Vitoria.Después de que Euskadiko Ezkerra y el partido socialista emplazaran al Ejecutivo autónomo para que se pronunciase frente a la posibilidad de acordar una política de concertación, el Gabinete del lendakari dio a conocer su disposición de llegar a posibles acuerdos en el Parlamento sobre algunas leyes básicas para el futuro de Euskadi. Entre los acuerdos previstos por el propio Gobierno vasco figuraba en lugar destacado esta ley.

Dos bloques figuran en la mencionada ley, que trata, en primer lugar, de las competencias de la comunidad autónoma, de los servicios de las propias diputaciones y los de las juntas generales. En segundo término, el proyecto prevé la forma de redactar y aprobar presupuestos tanto en relación al cupo que se deberá pagar a la Administración central como a la parte del cupo destinada a los gastos de la acción gubernamental y parlamentaria y a los propios presupuestos de los territorios históricos.

La mencionada ley, que condiciona totalmente la concepción de presupuestos de la comunidad autónoma, deberá regular la organización territorial del país Vasco, así como las competencias de los órganos provinciales y comunitarios.

La recaudación que la comunidad autónoma debe efectuar tiene tres vertientes: el cupo pagado por servicios comunes en concepto de participación en los gastos generales del Estado; el cupo que corresponde a las instituciones autónomas Gobierno vasco y Parlamento, y, por último, el saldo residual, correspondiente a los presupuestos de las diputaciones.

Uno de los criterios básicos que se ha tenido en cuenta a la hora de redactar el proyecto es el intento de equiparación a una Administración moderna, en el sentido de evitar las duplicidades entre Gobierno y diputaciones, a fin de que ambas instituciones compartan el menor número de competencias posibles.