No se trata sólo del divorcio

En EL PAIS de 19 de marzo se publicó un artículo del que soy autor, bajo el título «¿Defensa de la familia o defensa del poder?». Ese artículo fue remitido al periódico el día 5 de febrero pasado. A pesar de que han transcurrido casi 45 días entre el envío y la publicación, y a pesar, asimismo, de lo que mientras tanto ha acontecido -y sigue aconteciendo- en España, mi artículo, desgraciadamente, conserva íntegramente su vigencia. Me atrevería a decir que la conserva acrecentada. Nuestros parlamentarios en vez de concentrar toda su atención en resolver los gravísimos problemas que el pueblo es...

En EL PAIS de 19 de marzo se publicó un artículo del que soy autor, bajo el título «¿Defensa de la familia o defensa del poder?». Ese artículo fue remitido al periódico el día 5 de febrero pasado. A pesar de que han transcurrido casi 45 días entre el envío y la publicación, y a pesar, asimismo, de lo que mientras tanto ha acontecido -y sigue aconteciendo- en España, mi artículo, desgraciadamente, conserva íntegramente su vigencia. Me atrevería a decir que la conserva acrecentada. Nuestros parlamentarios en vez de concentrar toda su atención en resolver los gravísimos problemas que el pueblo español tiene planteados, discuten con apasionamiento digno de mejor causa, uno que en la inmensa mayoría de los países está resuelto y que, en el nuestro, debería ya estarlo.Personalmente, y en mi calidad de simple ciudadano al que nunca ha interesado participar activamente en política, preferiría que se «aparcara» -como ahora se dice el polémico proyecto de ley sobre el Divorcio, sacrificando mi ideología sobre este punto, a cambio de que nuestra clase política recuperase él sentido común, que parece haber perdido. Ceder ante la presión de los que han hecho, absurdamente, del divorcio casi una cuestión de Estado, sería darles ahora una lección de patriotismo.

Tal vez se podría aconsejar al Congreso que apruebe rápidamente el proyecto de ley y que, en el Senado, quienes integren la Comisión de Justicia se dejen asesorar por juristas políticamente independientes, que se encargarían de pulir la futura ley, entre otras cosas para evitar que se convierta en un engendro impresentable. A condición, claro está, de que nuestros políticos no intente de nuevo enmendarnos la plana a quienes sobre este tema, y sobre otros muchos, sabemos bastante más que ellos. Así podrían dedicar todas sus energías a la cuestión fundamental: salvar a España y, si es posible, a la democracia. El objetivo que en estos momentos debe ser absolutamente prioritario -y no parece necesario exponer las razones- es cortar el terrorismo. Si el Gobierno, con el consenso -o como quieran llamarlo- de todas las fuerzas políticas -con excepción, naturalmente, de las que legalmente no deberían serlo-, no se aplica a esta tareá, y no consigue rápidamente llevarla a feliz término, todos sabeníos cuál es el porvenir que le aguarda a la democracia. Y la responsabilidad de que, una vez más, se frustre en España una legítima expectativa democrática recaerá, exclusivamente, sobre quienes no han podido, no han querido o no han sabido hacerla realidad./