"España no debe negociar con la CEE bajo el síndrome de los recientes acontecimientos"'

El empresariado español, mantiene su postura favorable al ingreso de España en la Comunidad Económica Europea (CEE), aunque como señaló ayer el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), «la integración no puede producirse a cualquier precio». Esta afirmación ratifica la posición patronal, reiterada desde que se iniciaron las negociaciones hispano-comunitarias, y cobra actualidad al hilo de la apertura política hacia España registrada en Europa tras el fallido golpe de Estado.

Según explicó ayer el presidente de la CEOE, Carlos Ferrer Salat, durante ...

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El empresariado español, mantiene su postura favorable al ingreso de España en la Comunidad Económica Europea (CEE), aunque como señaló ayer el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), «la integración no puede producirse a cualquier precio». Esta afirmación ratifica la posición patronal, reiterada desde que se iniciaron las negociaciones hispano-comunitarias, y cobra actualidad al hilo de la apertura política hacia España registrada en Europa tras el fallido golpe de Estado.

Según explicó ayer el presidente de la CEOE, Carlos Ferrer Salat, durante la presentación del documento elaborado por la cúpula patronal sobre «la empresa española ante la adhesión del Mercado Común», la patronal española ha sido siempre favorable a la integración, «pues creemos que constituiría un factor importante de estabilidad social y política en nuestro país».Desde esta posición, el empresariado español insiste en la necesidad de que la integración se produzca en condiciones favorables para España, «pues un mal acuerdo no sería un factor político de estabilidad, sino todo lo contrario».

El contenido del acuerdo, sobre el que la postura de la patronal española es decididamente proteccionista -como se pone de relieve en el referido documento, adelantado por EL PAÍS en sus ediciones del 21 de enero último y de ayer-, centra hoy más que nunca las preocupaciones del empresariado.

«No pueden los negociadores españoles acudir ante la Comisión Europea a discutir nuestra integración bajo el síndrome de los recientes acontecimientos políticos; España no debe variar su ritmo negociador y ceder a unos impulsos de estabilidad política que, para lograr la estabilización de la democracia, den lugar a una integración económica en condiciones desfavorables para nuestro país».

En este sentido, la propuesta socialista de acelerar, con el apoyo de los países comunitarios, la adhesión jurídica de España a la CEE, es considerada por la patronal como una utopía política. De hecho, el propio Tratado de Roma impide esta fórmula de integración.

Para la patronal, no obstante, en línea con la propuesta socialista, que circunscribe al terreno político, sería deseable que la Comunidad accediera a una integración informal de España con los diez para participar, de alguna manera, en la definición de las políticas económicas comunitarias. «Un gesto político posible sería el permitírsenos participar de alguna manera en la configuraclón económica futura de la Comunidad en la que terminaremos integrándonos».

Para resumir la postura de la patronal ante las expectativas de integración en Europa, el presidente de la comisión de relaciones internacionales de la CEOE, José Antonio Segurado, afirmó que es totalmente coincidente con el Gobierno, «tal como dejó bien claro su presidente, Leopoldo Calvo Sotelo, al anunciar que nos integraríamos en Europa, pero no a cualquier precio».

Ante la posibilidad de que la Comunidad no aceptara los planteamientos del empresariado español y sólo admitiera la integración sobre las bases de sus exigencias, la CEOE se opondría radicalmente al ingreso en la CEE.

Los planteamientos patronales, recogidos en el documento presentado ayer, hacen especial hincapié en aplicar a la negociación con España los mismos criterios con los que la propia Comunidad se constituyó. «Para ello, necesitamos un período de transición que no baje de los diez años, con el fin de adaptar nuestra estructura económica a la de la Comunidad».

En este sentido, la CEOE se mantiene firme en no admitir la exigencia comunitaria para aplicar el impuesto sobre el valor añadido (IVA) desde el primer momento de la integración.

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