La renovacion del acuerdo-marco

EL ENTENDIMIENTO entre UGT y la CEOE sobre la renovación del acuerdo-marco llega precisamente cuando comenzaban a recrudecerse la; tensiones laborales en el sector privado en tomo a las reivindicaciones salariales. Muchas pequeñas y medianas empresas dispondrán así de un esquema de referencia para iniciar las negociaciones con sus trabajadores, a la vez que los colectivos de asalariados y empleados podr hn contar con unas pautas aceptadas por UGT a fin de ajustar las expectativas sectoriales a los planteamientos generales.La actualización del AMI establece una banda de crecimiento de las retri...

EL ENTENDIMIENTO entre UGT y la CEOE sobre la renovación del acuerdo-marco llega precisamente cuando comenzaban a recrudecerse la; tensiones laborales en el sector privado en tomo a las reivindicaciones salariales. Muchas pequeñas y medianas empresas dispondrán así de un esquema de referencia para iniciar las negociaciones con sus trabajadores, a la vez que los colectivos de asalariados y empleados podr hn contar con unas pautas aceptadas por UGT a fin de ajustar las expectativas sectoriales a los planteamientos generales.La actualización del AMI establece una banda de crecimiento de las retribuciones salariales entre el 11% y el 15%, salvo la «cláusula de, descuelgue» para las empresas en graves dificultades. El índice de precios al consumo fue, en 1980, de un 15,1%, con una caída de 0,5 puntos respecto a 1979 y de 1,4 puntos; respecto a 1978. Salvo si la cosecha agrícola fuera un desastre o se produjeran alzas desmesuradas en los precios del petróleo, el incremento de los precios al consumo durante 1981 podría ser inferior al del año pasado.

El nuevo AMI incluye una cláusula de revisión técnicamente más correcta que la del anterior acuerdo y más favorable para los incrementos salariales menores, a prueba indudable de la madurez entre las partes negociadoras. La posibilidad de realizar una aplicación corregida del AMI a las empresa; o sectores en crisis será seguramente esgrimida por los detractores del acuerdo como un crimen de lesa traición a la clase trabajadora, pero muestra, más bien, el coraje y la responsabilidad de UGT para defender el empleo. Existen empresas que no se hallan en condiciones de ofrecer aumentos ni siquiera del 11%; la «cláusula de descuIgue » les permitirá buscar una salida que no lleve inevitablemente al cierre por quiebra.

Ese cierre por quiebra que, por lo demás, no amenaza a las empresas públicas, cuyos déficit pagan los contribuyentes y que se hallan fuera del ámbito del AMI. Las actuales huelgas de dos empresas públicas tan importantes y tan deficitarias como son la Renfe e Iberia ponen de relieve la estrechez corporativista de unos colectivos de trabajadores que no sienten el menor temor a perder sus empleos, ya que ni Renfe ni Iberia quebrarán nunca al ser servicios públicos cuyos abultados déficit pagamos el resto de los españoles, y a quienes no les importa descargar sobre el resto de los contribuyentes sus mejoras salariales. En el caso de que los ferrocarriles y las líneas aéreas estuvieran en el sector privado y de que las compañías que ofrecieran competitivamente y sin subvenciones esos servicios pudieran cerrar sus puertas es probable que esas confortables huelgas, sin riesgos de perder el empleo y sin preocupación alguna por los déficit de explotación, se produjeran de otra manera.

La banda pactada en el AMI es, por lo demás, superior a los incrementos del 12% para los funcionarios, incluidos en los Presupuestos del Estado, y al 13,5% de aumento del índice de precios al consumo previsto por el Gobierno. La CEOE habrá valorado seguramente las negativas consecuencias económicas que para muchas empresas, sin capacidad financiera para resistir una huelga, hubiera significado una banda menos alta. En cualquier caso, no parece probable que la versión actual del AMI conduzca a niveles superiores de empleo. Y tampoco la reducción parcial de jornada laboral, sin disminución de remuneraciones, pasa de ser una receta ingenua para frenar el paro, ya que encarece los costes de producción y redistribuye las rentas desde la empresa a los trabajadores, pero en modo alguno contribuye a una redistribución global del empleo.