El secretario provincial de UCD acusado de malversación de fondos
El Ayuntamiento de Burlada -el tercer municipio de la provincia de Navarra en cuanto a la población- puede pedir la dimisión de Rafael Gurrea, actual concejal del Ayuntamiento, secretario general de UCD de Navarra y parlamentario foral, si prospera la moción elaborada por los concejales de Unión Navarra de Izquierdas (Unai) y Alternativa Común Ciudadana (ACC), en la que se le acusa de ser responsable de presuntas y graves irregularidades supuestamente materializadas durante su época como alcalde de Burlada, en relación con la instalación de una planta incineradora de basuras por la que la Corp...
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El Ayuntamiento de Burlada -el tercer municipio de la provincia de Navarra en cuanto a la población- puede pedir la dimisión de Rafael Gurrea, actual concejal del Ayuntamiento, secretario general de UCD de Navarra y parlamentario foral, si prospera la moción elaborada por los concejales de Unión Navarra de Izquierdas (Unai) y Alternativa Común Ciudadana (ACC), en la que se le acusa de ser responsable de presuntas y graves irregularidades supuestamente materializadas durante su época como alcalde de Burlada, en relación con la instalación de una planta incineradora de basuras por la que la Corporación pagó nueve millones de pesetas, y que, en opinión de Unai y ACC, no ha llegado a funcionar en ningún momento.Para que el tema prospere en el pleno del Ayuntamiento y, en consecuencia, éste exija a Gurrea que dimita como concejal, ACC y Unai necesitan el apoyo de los concejales del PSOE y del PCE, para lo cual mantendrán una reunión en los próximos días, con el fin de concretar la posibilidad de que la Corporación se pronuncie sobre el tema. En principio, tanto PCE como PSOE consideran la cuestión como de gran importancia y están dispuestos a que el Ayuntamiento de Burlada lleve a cabo un pronunciamiento contra Gurrea.
Según los datos facilitados a este periódico por ACC y Unai, el Ayuntamiento de Burlada tomó por unanimidad, el 18 de abril de 1978, el acuerdo de suscribir un contrato con una empresa de ingeniería, Ofinsa, SL, para la instalación en la localidad de una planta incineradora de basuras y residuos, en este caso concreto se especificaba que una de las causas para la rescisión sería un funcionamiento no satisfactorio, en los dos meses siguientes a la entrada en funcionamiento de la planta, sin que esto supusiera ninguna clase de obligación para el Ayuntamiento.
La planta se instaló en Burlada, después de que Ofinsa y otra empresa especializada en incineradoras, Incinasa, se hicieran cargo de las obras por adjudicación directa del Ayuntamiento y pese a la advertencia de la Dirección de Industria de la Diputación Foral de Navarra, que, el 20 de septiembre de 1978, advirtió a la Corporación municipal de que «el proyecto que presenta la casa Ofinsa carece de todos los detalles técnicos del horno incinerador y ni siquiera presenta el estudio en que se basa la capacidad del mismo, por lo que es totalmente imposible emitir un juicio sobre la instalación».
Concurso abierto
La Dirección de Industria señalaba, por otro lado, que el Ayuntamiento debía realizar un concurso abierto para la adjudicación de la planta «para poder elegir el proyecto más conveniente, tanto en precio como en garantía». No obstante, la planta incineradora se instaló en Burlada, si bien, según ACC y Unai, ha funcionado durante escasos días y últimamente está fuera de servicio.En la moción que ACC y Unai proponen al pleno de la Corporación se exige la dimisión de Rafael Gurrea, secretario general de UCD, y actual concejal, así como Ia de Ángel Sorbet (también militante de UCD) y ambos miembros de Ayuntamiento anterior, «por cuanto la irresponsabilidad y negligencia demostrada por sus personas en el presente caso es incompatible con su presencia en el actual Ayuntamiento». La moción pide, de igual modo, que se solicite la dimisión de Gurrea como parlamentario foral, que se interpongan las acciones administrativas pertinentes contra las empresas Ofinsa SL, e Incinasa, encaminadas conseguir la devolución de los nueve millones de pesetas que el Ayuntamiento adelantó para la instalación de la planta incineradora.