España comienza a perder sus derechos y propiedades en Tierra Santa

El Vaticano ha empezado a aplicar unilateralmente, con el respaldo del Gobierno italiano, un acuerdo firmado con España hace cuatro años en el que el Estado español renuncia a la custodia de Tierra Santa -que ejercía junto con Francia e Italia- y, por consiguiente, pierde su derecho a la protección de los santos lugares y sus propiedades artísticas e inmobiliarias no sólo en Israel y Cisjordania, sino también en Siria, Chipre y Turquía, según fuentes de absoluta solvencia.

El acuerdo, negociado a finales de 1975 por José María de Areilza, entonces ministro de Asuntos Exteriores, y firma...

El Vaticano ha empezado a aplicar unilateralmente, con el respaldo del Gobierno italiano, un acuerdo firmado con España hace cuatro años en el que el Estado español renuncia a la custodia de Tierra Santa -que ejercía junto con Francia e Italia- y, por consiguiente, pierde su derecho a la protección de los santos lugares y sus propiedades artísticas e inmobiliarias no sólo en Israel y Cisjordania, sino también en Siria, Chipre y Turquía, según fuentes de absoluta solvencia.

El acuerdo, negociado a finales de 1975 por José María de Areilza, entonces ministro de Asuntos Exteriores, y firmado en 1976 por su sucesor en el cargo, Marcelino Oreja, fue denunciado el 16 de diciembre pasado por la Embajada de España ante la Santa Sede, lo que no obsta para que el Vaticano lo haya puesto en práctica en un 60%, asegura fuentes diplomáticas. El Vaticano no ha contestado todavía a la denuncia española.Este reconocimiento implícito de un error en la política exterior española y su consiguiente denuncia, no tiene precedentes en el actual. período democrático.

Con anterioridad a la formulación de la denuncia, el actual responsable de la diplomacia española, José Pedro Pérez-Llorca, declaró, el 10 de noviembre, en respuesta a una pregunta de la diputada de Coalición Democrática (CD) María Victoria Fernández España, que el Gobierno español consideraba «conveniente plantear nuevas negociaciones con la Santa Sede» a raíz del «cambio radical en la situación política de Jerusalén» -su resignación por el Kneset (Parlamento israelí), el 30 de julio, como capital del Estado hebreo- y se comprometió a someter el nuevo acuerdo a la aprobación de las Cortes.

El anterior acuerdo no fue presentado ante el Parlamento, y a pesar de que el canje de notas, requisito previo para su entrada en vigor, tuvo lugar el 17 de abril pasado, la sección de relaciones con la Santa Sede del Ministerio de Asuntos Exteriores denegó, el pasado mes de mayo a EL PAIS, el texto de lo acordado, convirtiendo al convenio, según denunció María Victoria Fernández España, «en una pieza de diplomacia secreta».

Además del canje de notas, un segundo requisito, la publicación del acuerdo por el Boletín Oficial del Estado, era necesario para su puesta en práctica. Esta no llegó a producirse, a pesar de permanecer el texto del convenio durante vanos meses en la imprenta del BOE.

El Vaticano hizo caso omiso del incumplimiento voluntario por España de una de las normas previstas para la aplicación del acuerdo y dio por hecha la renuncia española a sus derechos en la custodia. En consecuencia, dio la «luz verde» para la puesta en marcha en noviembre, en Amman, del proceso de elección de los cargos de la custodia, según las normas establecidas por los nuevos estatutos.

Concretamente, España, que ostentaba en la custodia la figura más prestigiosa, la del procurador, perdió en noviembre este cargo al decidirse en la capital jordana que su puesto quedaba suprimido, siendo sustituido por un ecónomo, cuyas atribuciones serán muy limitadas y que no tendrá que ser forzosamente de nacionalidad española. Su designación se efectuará probablemente en la segunda quincena de enero.

Desde hace siete siglos, un padre franciscano con nacionalidad española -el último fue el padre Basilio del Río, residente en el convento español de San Salvador, en Jerusalén- ha sido la autoridad católica con más poder en Tierra Santa.

El procurador, tercera figura en la jerarquía del Gobierno de la custodia, después del padre custodio, un italiano, y del vicario, un francés, era, en realidad el más poderoso de los tres, al estar encargado del reparto de fondos tanto para el mantenimiento y protección de los santos lugares como para la ayuda económica a la población árabe, especialmente la -católica, desatendida por el Estado israelí.

Las importantes cantidades de dinero que manejaba, administradas según su conciencia, aunque con el asesoramiento, en representación del Estado español, del cónsul general de España en Jerusalén, eran destinadas no sólo a la fundación de parroquias o a la restauración de los santos lugares, si no también a la difusión de la cultura española y a la financiación de colegios, centros médicos y orfelinatos para toda la población árabe, cristiana o musulmana.

El próximo paso en la aplicación del acuerdo será, según prevén fuentes competentes, la sustitución de los padres superiores de las casas espapñolas, hasta ahora todos ellos españoles, por religiosos de otras nacionalidades, probablemente italianos.

Seis casas españolas

Las seis casas españolas y sus terrenos adyacentes, tres en Israel y Cisjordania (Yafa, Ramleh y Ain-Karem), y en Estambul, Damasco y Nicosia, ha sido construidas con dinero procedente de España, están habitadas mayoritariamente por monjes y peregrinos españoles y regidas por padres españoles.Desde el año 1342, a lo largo de siete siglos, este patrimonio histórico ha ido ampliándose gracias a contribuciones fiscales españolas, a la ayuda directa del Estado y la Corona española y a colectas efectuadas anualmente en la Península y Latinoamérica, alcanzando ahora un inestimable valor artístico del que España está a punto de desprenderse.

A cambio de esta renuncia de España a derechos y privilegios, el acuerdo firmado con el Vaticano prevé compensaciones de tipo simbólico. Así, por ejemplo «con ocasión de la fiesta nacional de España, o en la festividad, de Santiago Apóstol se llevará a efecto, en la iglesia de San Salvador, en Jerusalén, un acto solemne de oración por el jefe del Estado, los gobernantes y el pueblo de España, o que «la Santa Sede hará celebrar anualmente una Santa Misa solemne por los Reyes y por el pueblo de España en el Santo sepulcro» y que se «cuidará de que los escudos e insignias de la Corona de España sean mantenidas».

El cambio de actitud

El reciente cambio de actitud de la diplomacia españa ante lo que en tiempos de Marcelino Oreja se consideraba aún como «un régimen de privilegios anacrónicos de España en Tierra Santa» -la OID llegó incluso a desmentir en junio una información de EL PAIS anunciando la inminente pérdida de los derechos españoles- se debe, principalmente, a la actividad de algunos parlamentarios de CD y del PSOE, de los religiosos franciscanos españoles que multiplicaron sus protestas ante un convenio que acabaría obligándoles a abandonar Tierra Santa y de la propia Iglesia española, cura conferencia episcopal, empezando por Enrique Tarancón, había sido marginada de la negociación de 1975 y tardó en descubrir la magnitud del asunto.El nuevo ministro de Exteriores demostró un mayor interés por el tema que su predecesor, reconociendo incluso sus implicaciones políticas, pero negándose, hasta ahora, a protestar ante el Vaticano por la aplicación unilateral del convenio.

Con anterioridad, el rey Juan Carlos había contestado a una carta de padres franciscanos asegurándoles que el asunto estaba en suspenso y que esperaba se estudiase más a fondo. Francia, que junto con Italia y Espaa firmó también con el Vaticano un acuerdo de renuncia, no parecía inicialmente dispuesta a ratificarlo, a pesar de no tener mucho que perder al carecer de «derechos de propiedad» en Tierra Santa. El Vaticano logró, sin embargo, vencer sus reticencias dándole a entender, en agosto, que España, el país más perjudicado por el convenio, se disponía a ratificarlo. Cuando se hizo pública, en diciembre, la denuncia del acuerdo, el Quai d'Orsay francés no dudó en expresar su descontento a la Santa Sede.

De los tres países firmantes, sólo Italia resulta abiertamente favorecida y, en consecuencia, respalda incondicionalmente la política de hechos consumados desarrollada por el Vaticano.

El proceso de renovación de los cargos de la custodia, aplicado por primera vez en la reunión de Amman, asegura la preponderancia de la mayoría, integrada por religiosos italianos, y barre a las minorías, empezando por la más importante, la española. A través del Vaticano la renuncia de España y Francia beneficia a Italia.

«ltalia no renuncia a nada con el convenio, sino que recoge todo. lo que abandona y salda España», afirma un franciscano. Más cauto, un diplomático observa que «de hecho, Italia no pierde derechos ni privilegios, sino que los consolida, aunque sea a través de un Estado tercero».

El trasfondo político de la renuncia, al que el Vaticano resta importancia, queda puesto en evidencia por algunos palestinos que consideran la presencia española, junto con la de las otras dos potencias, como un dique ante el expansionismo israelí», que se esfuerza por convertir a Tierra Santa en un museo de las religiones cristiana y musulmana, pero no del judaísmo. Un paso más fue dado en este sentido, en julio, cuando la Kneset aprobó una ley que institucionaliza la reunificación de los dos sectores de Jerusalén -árabe y judío-, y proclama a la ciudad capital indivisible del Estado.

De cara a los intentos de judaización, las tres potencias de la Custodia estarán siempre en condiciones de ofrecer mayor resistencia que la Santa Sede.

Para España, retirarse significaba contradecir su política exterior propalestina y, más concretamente, desmentir con los hechos su postura favorable a la internacionalización de Jerusalén.