Defensa del funcionario

Con reiterada frecuencia veo aparecer en los editoriales de ese diario, cuyas independientes líneas directrices informativas comparto en gran medida, abiertas o solapadas críticas negativas dirigidas tanto a la Administración como a sus servidores, los funcionarios públicos; la última de ellas, en el editorial del día 2 de los corrientes, a mi juicio, excede los límites de lo puramente razonable, motivo que me mueve a remitirle las presentes líneas con la esperanza de que esta vez resulten publicables en la oportuna sección de ese periódico.Sin discutir la obviedad que supone la aseveración se...

Con reiterada frecuencia veo aparecer en los editoriales de ese diario, cuyas independientes líneas directrices informativas comparto en gran medida, abiertas o solapadas críticas negativas dirigidas tanto a la Administración como a sus servidores, los funcionarios públicos; la última de ellas, en el editorial del día 2 de los corrientes, a mi juicio, excede los límites de lo puramente razonable, motivo que me mueve a remitirle las presentes líneas con la esperanza de que esta vez resulten publicables en la oportuna sección de ese periódico.Sin discutir la obviedad que supone la aseveración según la cual la Administración requiere urgentes y profundas reformas, estimo muy conveniente intentar, con mi modesta pluma, combatir ciertas falacias que creo condicionan, a modo de axiomas o dogmas de fe, los razonamientos que sobre tales servidores se articulan en dichos editoriales, razonamientos que, sin atisbo de pudor, permiten llegar a conclusiones netamente descalificadoras para toda la gran familia de funcionarios públicos y, lo que sería cómico si no fuese delirante, a proponer o a sugerir medidas de castigo -no se me ocurre otro calificativo- tan poco originales como la de rebajarles por enésima vez sus retribuciones reales, cosa que veladamente, entre una catarata de consideraciones macroeconómicas, se deja caer en el último editorial de referencia.

Tales falacias, de forma un tanto esquemática, pueden, a mi criterio, concretarse así: primera, medir por el mismo rasero a todos los servidores de la Administración, omitiendo que entre éstos, como entre los empleados de las empresas privadas, existen personas más o menos capacitadas, responsables o trabajadoras; segunda, hacer fuerte hincapié en el tema de la estabilidad en el empleo de los funcionarios públicos, como si de un privilegio llovido del cielo se tratara, sin decir de alguna manera que tal seguridad laboral no les ha sido conferida a título gratuito y que, de hecho, muchísimos otros asalariados al servicio de empresas privadas (bancarias, eléctricas, etcétera) gozan de similar prerrogativa; tercera, afirmar la inferioridad productiva de los encargados de las funciones públicas, olvidando que resulta de gran complicación el establecimiento de relaciones entre las «productividades» de los asalariados del sector público y del pri-

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vado por la sencilla razón de que los objetivos de uno y otro sector no son homogéneos -satisfacción de intereses sociales y obtención de beneficios económicos, respectivamente-, lo que hace casi imposible la tarea de hallar un patrón de comparación significativamente válido. /