Intervencionismo y libertad

ENTRE LAS malformaciones del medio institucional que disminuyen las posibilidades para enderezar la situación económica y sacar del atolladero el aparato productivo figura en lugar destacado el hipertrofiado intervencionismo de la Administración pública y de otros centros de decisión situados fuera del ámbito del Gobierno, pero investidos de poderes delegados por el Estado.En efecto, la vida española se encuentra obstruida por una abigarrada colección de trabas y corsés de todo tipo y tamaño. Las calificaciones provisionales y definitivas para viviendas, las autorizaciones previas para el esta...

ENTRE LAS malformaciones del medio institucional que disminuyen las posibilidades para enderezar la situación económica y sacar del atolladero el aparato productivo figura en lugar destacado el hipertrofiado intervencionismo de la Administración pública y de otros centros de decisión situados fuera del ámbito del Gobierno, pero investidos de poderes delegados por el Estado.En efecto, la vida española se encuentra obstruida por una abigarrada colección de trabas y corsés de todo tipo y tamaño. Las calificaciones provisionales y definitivas para viviendas, las autorizaciones previas para el establecimiento de industrias y las licencias exigidas para esto, para lo otro o para lo de más allá constituyen mucho más una justificación para el mantenimiento de un aparato burocrático que devora gastos corrientes de manera insaciable que una protección para la sociedad.

La intervención estatal en el mercado agrícola ha conseguido encarecer y deteriorar los productos -como el pan o el aceite- sobre los que ha fijado su celo, en tanto que aquellos que se han librado de su padrinazgo -como las frutas y las verduras- han mejorado notablemente en los últimos años en calidad. Una hectárea de pastizal preparada por el IRYDA viene costando aproximadamente unas 15.000 pesetas, mientras que el coste para un particular difícilmente excede de las 3.000 pesetas. La pesada férula de la Campsa habrá reportado beneficios fiscales al Tesoro, si bien con elevados gastos de administración, pero está impidiendo que las refinerías se conviertan en auténticas plantas de obtención de derivados y se especialicen en la elaboración de productos ligeros como las gasolinas.

La obsesión de nuestros gobernantes por sentarse encima de los precios para que éstos no respondan a los estímulos del mercado sólo produce, en última instancia, irracionalidad y despilfarro. En definitiva, la intervención de la Administración pública en asuntos irrelevantes o en cuestiones de minucia no sólo termina por falsear la realidad y por desanimar a los agentes económicos, sino que ocupa hasta tal punto la atención y el esfuerzo de los funcionarios, que éstos, ahogados en un océano de miniproblemas, terminan por carecer de la imaginación y de las perspectivas necesarias para acometer las grandes cuestiones de la política económica.

No faltan tampoco indicios para suponer que la nueva Administración local, en vez de consagrarse a suministrar los servicios comunitarios, de salud, de educación y de ocio que nuestra vida municipal tanto necesita, se halla también tentada de suplantar el intervencionismo estatal por otro igualmente puntilloso y perjudicial. Y tampoco es seguro que el justificado combate contra el centralismo madrileño de los territorios que aspiran a constituirse en comunidades autónomas no marche en paralelo con la repetición de parecidas pautas en la administración de las nacionalidades y regiones. La aproximación de los centros de decisión a los ciudadanos debería tener, sin embargo, como objetivo el abaratamiento de las tareas administrativas, el control de la gestión y el suministro de servicios, en vez de reproducción de pesados miniestados intervencionistas.

Por lo demás, la obstinada vocación de los colegios profesionales y las organizaciones corporativas para devolvernos al gremialismo de la Edad Media reciben en demasiadas ocasiones las bendiciones cómplices del Estado. Así, los colegios de arquitectos se reservan el caro privilegio de otorgar el visado de proyectos que en raras ocasiones comprueban, los colegios de médicos barajan la surrealista posibilidad de impedir el ejercicio profesional a los colegas que trabajen en centros de planificación y la Federación de las Asociaciones de Prensa persevera en el ridículo propósito de impedir el acceso a la profesión periodística a todos aquellos que no tengan un diploma expedido exclusivamente por una facultad sin prestigio y sin tradición. Notarios, agentes de Bolsa, corredores de comercio y registradores de la propiedad reciben de los poderes públicos el monopolio de dar fe y de extender certificaciones que en otros países se otorgan a menor precio y con iguales garantías.

La economía y la sociedad españolas necesitan, en suma, menos trabas y más libertad. Entre otras cosas, para que la Administración central y la Administración local, en vez de dedicarse a registrar en los cajones de los ciudadanos o a convertirlos en especialistas del rellenado de impresos y el ensalivamiento de pólizas, proporcionen los servicios comunitarios -educativos, sanitarios, de infraestructura y de ocio- que los contribuyentes tienen derecho a exigir a cambio del pago de sus impuestos.