Los socialistas Peces-Barba y Blanco, en el polvorín de Soto de la Marina

El parlamentario socialista Gregorio Peces-Barba, que, junto con el diputado del PSOE de Cantabria Jaime Blanco, visitó ayer las instalaciones del polvorín de Soto de la Marina, del que un comando terrorista se llevó, en la madrugada del día 25, 7.000 kilos de Goma 2, ha declarado que su partido tiene la intención de pedir la comparecencia ante el Parlamento del ministro del Interior y de algún otro miembro de su gabinete. Para Peces-Barba, cargar todas las responsabilidades del robo sobre los guardas jurados o sobre la empresa «ha sido una imprudencia del ministro», no tanto porque no pueda e...

El parlamentario socialista Gregorio Peces-Barba, que, junto con el diputado del PSOE de Cantabria Jaime Blanco, visitó ayer las instalaciones del polvorín de Soto de la Marina, del que un comando terrorista se llevó, en la madrugada del día 25, 7.000 kilos de Goma 2, ha declarado que su partido tiene la intención de pedir la comparecencia ante el Parlamento del ministro del Interior y de algún otro miembro de su gabinete. Para Peces-Barba, cargar todas las responsabilidades del robo sobre los guardas jurados o sobre la empresa «ha sido una imprudencia del ministro», no tanto porque no pueda existir tal responsabilidad, sino porque aún es pronto para hablar de ello «hasta que no dispongamos de los correspondientes informes».En todo caso, los parlamentarios socialistas que inspeccionaron el polvorín han adelantado que hay otro responsable del suceso. Se trata del reglamento de explosivos, que es «absolutamente inadecuado». «Aunque es un reglamento de 1978», concretó Peces-Barba, «se ha quedado anticuado porque contempla el problema para un país ídílico y sin terrorismo, como si los ladrones potenciales fuesen a ser simples chorizos». El diputado socialista también se refirió a la falta de efectivos de las fuerzas de seguridad del Estado, «que no pueden cubrir todos los frentes en conflicto, como es su obligación». En el caso del polvorín de Soto de la Marina, a ocho kilómetros de Santander y a cincuenta metros de una carretera comarcal de abundante tráfico, en medio de numerosas viviendas unifamiliares, es evidente que tales instalaciones, «si aceptamos su disparatada ubicación, necesitaban una vigilancia directa de las FOP».

Gregorio Peces-Barba y Jaime Blanco habían solicitado permiso para visitar las instalaciones de Soto de la Marina «porque ello forma parte de nuestra función parlamentaria». «Después de algunas dudas iniciales ante nuestra petición», dijeron, «la verdad es que las autoridades gubernativas y las de la Guardia Civil nos dieron todo tipo de facilidades y hemos podido recorrer el polvorín y hacernos una idea exacta de la grave situación del problema.