PNV y UCD impidieron un debate sobre el campo de entrenamiento de Berroci

Con el apoyo de UCD, el grupo parlamentario del PNV impidió, ayer tarde, que, al inicio del Pleno del Parlamento vasco, prosperase una petición de alteración del orden del día, firmada por los grupos Comunista y Socialista, para incluir como primer punto sendas interpelaciones al Gobierno en torno a las informaciones sobre la existencia del campo de Berroci (Alava), donde instructores británicos estarían instruyendo a grupos de jóvenes destinados a constituir un cuerpo de seguridad de las instituciones autónomas. El Pleno se pronunció a favor, con la abstención de Alianza Popular, de la ubicac...

Con el apoyo de UCD, el grupo parlamentario del PNV impidió, ayer tarde, que, al inicio del Pleno del Parlamento vasco, prosperase una petición de alteración del orden del día, firmada por los grupos Comunista y Socialista, para incluir como primer punto sendas interpelaciones al Gobierno en torno a las informaciones sobre la existencia del campo de Berroci (Alava), donde instructores británicos estarían instruyendo a grupos de jóvenes destinados a constituir un cuerpo de seguridad de las instituciones autónomas. El Pleno se pronunció a favor, con la abstención de Alianza Popular, de la ubicación del Guernica en la villa foral del mismo nombre.

Aunque se cerró la posibilidad de que el Gobierno se explicara ampliamente sobre el campo de entrenamiento de Berroci, sin embargo, socialistas y comunistas, en el curso de la discusión sobre la interpretación del reglamento en materia de alteración del orden del día, forzaron a Carlos Garaicoetxea a tomar la palabra. En una intervención corta, que la oposición de izquierda parlamentaria consideró «insuficiente», afirmó: «En este asunto hemos actuado en la más estricta legalidad y en el ejercicio de las competencias que nos confiere el Estatuto ».La posibilidad de que el Gobierno se viera forzado a informar en el Pleno del Parlamento sobre el controvertido tema había suscitado una verdadera expectación, máxime cuando el ejecutivo vasco había observado al respecto un riguroso mutismo y se tenía la absoluta seguridad de que socialistas y comunistas iban a forzar, por un medio u otro, al Gobierno a explicarse. Parecían ya olvidados los recientes enfrentamientos políticos entre el PSOE y Euskadiko Ezkerra o la trascendencia de los debates de temas como el paro, la amnistía o los presupuestos de la Cámara.

"Ertzainas" y policías

Horas antes de que se iniciara el Pleno del Parlamento se había puesto en marcha, en torno a la Diputación de Vizcaya, sede provisional de la Cámara, un importante dispositivo policial. Fuerzas de la Policía Nacional, con material antidisturbios, se situaban en la parte anterior y posterior del edificio y en las calles colindantes. Sus mandos tenían la orden del gobernador civil de Vizcaya de ponerse a disposición de Juan José Pujana, presidente del Parlamento, a partir de las cuatro de la tarde.

Media hora más tarde, estaba previsto que se iniciara el Pleno, que había sido suspendido el día 26 de junio por la ocupación de la Cámara de los trabajadores de Nervacero. Parlamentarios, informadores e invitados debieron superar un riguroso control de acceso al edificio de la Diputación, donde un numeroso equipo de ertzainas (servicio de orden del PNV) identificaba a cada persona antes de ocupar sus plazas, cuidadosamente seleccionadas en el salón del Pleno. En una estancia del propio palacio foral había a la espectativa un retén de Policía Nacional de uniforme.

Inmediatamente después de que Juan José Pujana saludara al Pleno y cuando se iba a dar lectura al primer punto del orden del día, el portavoz del Grupo Socialista anunció que, a tenor del artículo 54 del Reglamento Provisional de la Cámara (el mismo que el del Congreso de los Diputados), los grupos del PSE-PSOE y el Mixto presentaban a la consideración de la Cámara una petición de alteración del orden del día con el fin de incluir como primer punto sendas interpelaciones al Gobierno «para que éste informe sobre las instalaciones que la Consejería de Interior ha puesto en marcha en Berroci (Alava)».

El presidente de la Cámara les recordó que, según el artículo 55 del mismo reglamento, no había lugar a la alteración porque antes de entrar en discusión sobre cualquier tema es preceptivo que, 48 horas antes, los interpelantes hagan entrega a los parlamentarios de la documentación precisa. Respondieron al unísono comunistas y socialistas «que no se trataba de discutir ningún tema, sino de una solicitud de información al Gobierno», y, en cualquier caso, insistían en la necesidad de que fuera el propio Pleno el que decidiera si había o no lugar a la alteración. Tras algunos titubeos, el señor Pujana insistió en que no procedía la reforma solicitada porque a tenor del artículo 55 del reglamento sólo cabía incluir en el orden del día previsto temas que a juicio de la presidencia se consideren urgentes, y él interpretaba que esa circunstancia no se producía en el caso de la interpelación mencionada. Nuevamente comunistas y socialistas recordaron al presidente que debía ser la propia Cámara la que había de decidir si se accedía o no a su solicitud.

Intervención de Garaikoetxea

Cuando la discusión sobre la reglamentariedad o no de la alteración solicitada empezaba a enredarse, cuando restaban pocos argumentos al presidente de la Cámara para rechazarla y se daban síntomas evidentes de que iba a iniciarse un debate sobre el tema, intervino el presidente del Gobierno vasco, Carlos Garaikoetxea, que afirmó que «sin prejuzgar la aceptación o no de la modificación o no del orden del día», se veía en la obligación de «callar las preocupaciones de la Cámara». «En el campo de Berroci», dijo, «no se está haciendo nada que no sea estrictamente legal. Me ahorran argumentos las declaraciones al respecto de portavoces del Ministerio del Interior español, que han afirmado, con acierto, que lo que se prepara no es un cuerpo especial de policía, sino un cuerpo de seguridad para las instituciones y las personas que forman parte de las mismas».

Señaló Garaikoetxea que existe un precedente legal en su propio equipo de seguridad, respaldado por una sentencia favorable de la Audiencia Territorial de Bilbao, cuando la contratación de aquél por la Diputación de Vizcaya suscitó también una viva polémica. «Quiero dejar bien claro», manifestó, «que no se ha hecho nada que no encaje estrictamente en el artículo 29 del Estatuto. El Gobierno vasco tiene facultades para, en el ejercicio de sus funciones y competencias, organizar un equipo de protección y seguridad para el propio ejecutivo y las instituciones autónomas».

Se dirigió luego a los socialistas, afirmando que «si algún grupo de la Cámara tuviera nuestro respaldo popular y nuestra situación, también haría lo mismo, y tendría el apoyo y el respeto de nuestro grupo». «Pero nuestro grupo», añadió, «no cometería la actuación impertinente de irrumpir en una instalación del Gobierno sin tener la mínima cortesía de solicitud de permiso».

La corta intervención del presidente del Gobierno vasco no satisfizo a los grupos mixto, socialista y de Euskadiko Ezkerra, que la calificaron de «tardía e insuficiente». Consideraron asimismo que, en cualquier caso, no suplía la necesaria explicación del Gobierno, solicitada en las interpelaciones que se pretendía introducir en el orden del día. En esta línea, los grupos aludidos forzaron a posicionarse al PNV en una votación. Con dieciséis votos a favor y 29 en contra la alteración solicitada por comunistas y socialistas fue rechazada. UCD explicó su voto de apoyo al PNV «porque la creación de un cuerpo de seguridad de las instituciones es competencia del Gobierno, quien a propia iniciativa ofrece la información que considere pertinente».

Una hora después de iniciado el pleno se aprobó el primer punto del orden del día, una propuesta de declaración de la junta de portavoces, con la única abstención de los diputados de Euskadiko Ezkerra, en la que se dice que el Parlamento es la institución clave para el funcionamiento democrático del sistema de autogobierno, «por lo que todo ataque a su dignidad y obstrucción a su funcionamiento, sean cuales fueren las razones o motivos, supone contrariar la voluntad popular».

Acto seguido se aprobó por unanimidad la creación de una «comisión de suplicatorios», que estará integrada por un número de parlamentarios igual al de las restantes comisiones ordinarias.

La proposición no de ley presentada por el Grupo parlamentario Socialistas Vascos, en relación a la situación laboral de los empleados en el antiguo Consejo General Vasco no suscitó polémicas mayores, ya que el Gobierno aseguró estar de acuerdo con el espíritu de la propuesta socialista en su conjunto, salvo en un párrafo que decía: «Que el personal contratado por el Consejo General Vasco para desarrollar funciones de confianza política tenga el derecho de opción a la firma del contrato o a la rescisión». Este apartado quedó suprimido de la enmienda socialista, ya que la votación resultó con 25 votos en contra, los del PNV, y 18 a favor.

Concluyó la sesión de ayer con el rechazo de la enmienda socialista, que pedía la ubicación del cuadro Guernica, de Picasso, en el Museo de Bilbao, con los votos en contra del PNV, las abstenciones de Alianza Popular y partido comunista y los votos a favor de Euskadiko Ezkerra, UCD y socialistas. Por el contrario, fue aprobado, con la sola excepción de Alianza Popular, el dictamen elaborado por la Comisión de Cultura a favor de la definitiva ubicación del cuadro en la villa foral. Alianza Popular argumentó su abstención basándose en razones políticas.

El pleno continúa hoy en sesión de mañana y tarde, en las que, según orden del día, se debatirán los dictámenes sobre el paro, objetores de conciencia, el futuro de los periódicos La Voz de España y Unidad, y acaso el de normalización de la vida ciudadana (impuesto revolucionario, medias de gracia, entre otros aspectos).