El PSC reconoce haber sido afectado por un desfalco
La oficina de prensa del PSC-PSOE hizo pública ayer una nota oficial en la que confirmaba la información revelada ayer por este diario respecto a un desfalco de 7.500.000 pesetas, del que aparecían como presuntos responsables un dirigente y un militante del partido. El PSC-PSOE reconoce ahora, por vez primera de forma pública, la expulsión de ambos.La nota se refiere a «las repercusiones financieras que para el partido tuvo el desfalco cometido en la mencionada empresa». Pero de forma contradictoria y ambigua afirma también que la empresa -de cuyo consejo de administración era presidente el re...
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La oficina de prensa del PSC-PSOE hizo pública ayer una nota oficial en la que confirmaba la información revelada ayer por este diario respecto a un desfalco de 7.500.000 pesetas, del que aparecían como presuntos responsables un dirigente y un militante del partido. El PSC-PSOE reconoce ahora, por vez primera de forma pública, la expulsión de ambos.La nota se refiere a «las repercusiones financieras que para el partido tuvo el desfalco cometido en la mencionada empresa». Pero de forma contradictoria y ambigua afirma también que la empresa -de cuyo consejo de administración era presidente el responsable de finanzas del partido, y miembros el ex secretario general del ex PSOE de Cataluña y, los dos expulsados- «no ha formado parte jamás del patrimonio de este partido».
Esta última afirmación sería de carácter meramente jurídico-formal, ya que el capital -y de ahí las reconocidas «repercusiones financieras»- sería del PSC-PSOE, tal y como se informaba ayer y en ningún momento se desmiente.
Ayer mismo, uno de los acreedores de la empresa, por un importe de cerca de 1.000.000 de pesetas, manifestó a este diario su intención de dirigirse, de forma inmediata, a la actual dirección del PSC-PSOE para reclamar la cantidad que se le adeuda.
Ratificado el procesamiento de José Luis Bruna de Quixano
Por otra parte, la sección primera de la Audiencia Provincial de Barcelona ratificó el auto de procesamiento y la situación de prisión incondicional dictada en su día contra el antiguo delegado especial del Estado en el consorcio de la zona franca de Barcelona, José Luis Bruna de Quixano.
La representación del inculpado había solicitado la revocación del auto de procesamiento y subsidiariamente su puesta en libertad.