Los asistentes sociales, contra la beneficencia y el paternalismo

«La actual política de servicios sociales se considera anticonstitucional, por estar basada todavía en la práctica de la beneficencia y el paternalismo, y financiada en gran parte al margen de los presupuestos generales del Estado y del control de los poderes públicos», señala en su primera cláusula el manifiesto elaborado por las setencientas personas que han asistido al 4º Congreso Estatal de Asistentes Sociales, celebrado en Valladolid.La consideración de los servicios sociales como un derecho ciudadano y no como una contraprestación ha sido el caballo de batalla del certamen, y sobre este ...

«La actual política de servicios sociales se considera anticonstitucional, por estar basada todavía en la práctica de la beneficencia y el paternalismo, y financiada en gran parte al margen de los presupuestos generales del Estado y del control de los poderes públicos», señala en su primera cláusula el manifiesto elaborado por las setencientas personas que han asistido al 4º Congreso Estatal de Asistentes Sociales, celebrado en Valladolid.La consideración de los servicios sociales como un derecho ciudadano y no como una contraprestación ha sido el caballo de batalla del certamen, y sobre este tema versan casi todos los puntos de la declaración final. «La actual política», dice uno de ellos, «hace que los servicios sociales se encuentren fuertemente centralizados, y a la vez dispersos en distintos ministerios con una clara falta de planificación y coordinación y excesiva burocratización, lo cual conlleva a una deficiente utilización de los recursos, y, en muchos casos, a la imposibilidad de su aplicación».

Tras rechazar la actual política, social y exigir a los poderes públicos «unos servicios sociales para todos los ciudadanos», el manifiesto del cuarto congreso propone, como soluciones, la puesta en marcha de una política social basada en el reconocimiento del ciudadano como sujeto de derechos, y no como beneficiario de prestaciones, el desarrollo de la legislación social posibilitada por el marco constitucional y la institucionalización de un sistema público de servicios sociales que garantice la unidad orgánica y funcional de los mismos.