Telefónica apelará sólo de forma testimonial a ampliaciones de capital
El plan cuatrienal de inversiones de la Compañía Telefónica que supone globalmente unos 520.000 millones de pesetas, será expuesto en los próximos días por el ministro de Transportes y Comunicaciones, José Luis Alvarez, ante la comisión correspondiente del Congreso.El plan, cuya entrada en vigor estaba prevista para principios de año y se ha demorado como consecuencia del retraso de la autorización de las nuevas tarifas, pieza clave para costear el mismo, ha requerido un cierto reajuste en cuanto a tiempo y origen de los fondos.
Así, el primer año del plan, que supondrá una inver...
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El plan cuatrienal de inversiones de la Compañía Telefónica que supone globalmente unos 520.000 millones de pesetas, será expuesto en los próximos días por el ministro de Transportes y Comunicaciones, José Luis Alvarez, ante la comisión correspondiente del Congreso.El plan, cuya entrada en vigor estaba prevista para principios de año y se ha demorado como consecuencia del retraso de la autorización de las nuevas tarifas, pieza clave para costear el mismo, ha requerido un cierto reajuste en cuanto a tiempo y origen de los fondos.
120.000 millones para 1980
Así, el primer año del plan, que supondrá una inversión de 120.000 millones de pesetas, se computará de mayo de 1980 a mayo de 1981. La autofinanciación, que para el primer año en el plan primitivo suponía unos 70.000 millones de pesetas, contando con un incremento de tarifas en torno al 25%, quedará recortada en unos 15.000 millones de pesetas, como consecuencia de que la subida de tarifas ha sido cinco puntos menor. La ampliación de capital, que pese a la actual situación de las «matildes» (acciones de Telefónica) en Bolsa, se llevará a cabo, tendrá un carácter más testimonial y de presencia en el mercado -de cara a los tres siguientes ejercicios previstos en el plan cuatrienal- que efectiva. En el proyecto primitivo estaba prevista una ampliación de 9.000 millones de pesetas.La emisión de obligaciones -en principio 18.000 millones de pesetas para 1980- puede cumplirse en líneas generales, pero no así los denominados bonos de usuario (que no se han creado), a los que se atribuían unos 11.000 millones de pesetas para 1980. Finalmente, en el primer estudio del plan, se atribuían 14.000 millones de pesetas para 1980 en créditos de bienes de equipo, y unos 20.000 millones en préstamos extranjeros. Obviamente, en el reajuste de la programación de captación de fondos, se incrementarán los créditos extranjeros, que a fin de cuentas «son los más baratos», según un miembro de la Administración.
El plan de inversiones
Para los años 1981, 1982 y 1983, el plan «o» cuatrienal de inversiones preveía una provisión de fondos creciente por autofinanciación (91.000, 108.000 y 132.000 millones de pesetas para cada uno de los ejercicios), ampliaciones de capital de 10.000, 12.000 y 15.000 millones de pesetas, emisiones de obligaciones por 18.000, 18.000 y 20.000 millones de pesetas; créditos exteriores por 14.000, 17.000 y 17.000 millones de pesetas; créditos de bienes de equipo de 15.000, 18.000 y 17.000 millones de pesetas-, y por bonos de usuario (defendidos por Allende, pero con escasas posibilidades de que lleguen a crearse, debido a su impopularidad), 12.000, 13.000 y 14.000 millones de pesetas por ejercicio.La inversión -en pesetas constantes de 1979- se distribuía en 104.000 millones de pesetas para 1980; 108.000 millones para 1981; 108.000 millones para 1982, y 110.000 millones para 1983. En fabricación de líneas urbanas equivalente, medida en que se computan las inversiones en este sector, supondrían 811, 870, 880 y 887. La posible ampliación de capital, sobre las primitivas previsiones del plan, sería de 1 por 16, al 70%, y dividendo del 10,50 % bruto.La política del Ministerio de Transportes es acercar las tarifas del teléfono paulatinamente a sus costes reales, ya que el futuro de Telefónica debe estar en la autofinanciación (hasta ahora las tarifas eran las más bajas de Europa), y promover una cierta solidaridad entre los usuarios actuales -que han venido pagando muy barato este servicio- y las 700.000 demandas de teléfono pendientes de cumplimentar.
Alejandro Rebollo, subsecretario del Ministerio de Transportes, explicó a EL PAIS que la subida última de tarifas y el plan de inversiones van a ir acompañadas de una racionalización de lo tarifado a los usuarios, de una mayor exactitud y fiabilidad en la comprobación de lo consumido por éstos; de una campana de difusión de contadores para que el usuario pueda comprobar en todo momento lo que lleva gastado; y, por último, de una auténtica promoción de la dimensión de servicio público que tiene el teléfono. En este sentido habló de los programas de extensión de cabinas públicas, de teléfonos rurales (ningún vecino estará a más de dos kilómetros de un teléfono), especialmente los que están ya en marcha en Galicia y Asturias, y la refundición en un mismo edificio de los servicios de correos, telégrafos y teléfonos, para dar una mayor funcionalidad y disminuir los gastos.
Junto a las tarifas, otro objetivo que quiere acercarse a la realidad son las tasas de amortización en Telefónica. En la actualidad está en un 4% (unos veinticinco años) y deberá pasar a un 7% (unos quince años), cifra mucho más acorde con las directrices de Hacienda.
De todos modos, y aun siendo el servicio telefónico la parte más importante del sector, el Ministerio de Transportes se propone una programación de futuro del sector de las telecomunicaciones, que evite la total dependencia tecnológica del exterior y que preserve los puestos de trabajo.
Por otra parte, el presidente de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), Antonio García de Pablos, anunció ayer en Barcelona que interpondrá recurso de alzada contra la orden del 16 de mayo por la que se autoriza a elevar las tarifas a la Compañía Telefónica Nacional de España. Dijo asimismo que, de no prosperar dicho recurso, dentro de tres meses la OCU haría otro recurso de reposición ante el Tribunal Contencioso-Administrativo.
En el recurso se dice que «la subida de tarifas es ¡legal por cuanto se viola lo dispuesto en el decreto de 28 de octubre de 1977, que sólo permite justificar aumentos del coste de producción y comercialización»