Expediente municipal a un complejo de Proconfort en Fuenlabrada

El Ayuntamiento de Fuenlabrada ha incoado expediente urbanístico sobre el complejo Family Club, promovido por el grupo Proconfort, para determinar las presuntas irregularidades e infracciones urbanísticas que en él se detectan y que, según el decreto firmado por el alcalde, pueden ser graves. El grupo Proconfort es el promotor de varias urbanizaciones en distintos municipios de la provincia, conocidas por sus irregularidades, como es el caso de Villa Fontana, en Móstoles, que ha originado el procesamiento de varios de sus dirigentes, o Villa Juventus, en Parla.Las presuntas irregularidades de ...

El Ayuntamiento de Fuenlabrada ha incoado expediente urbanístico sobre el complejo Family Club, promovido por el grupo Proconfort, para determinar las presuntas irregularidades e infracciones urbanísticas que en él se detectan y que, según el decreto firmado por el alcalde, pueden ser graves. El grupo Proconfort es el promotor de varias urbanizaciones en distintos municipios de la provincia, conocidas por sus irregularidades, como es el caso de Villa Fontana, en Móstoles, que ha originado el procesamiento de varios de sus dirigentes, o Villa Juventus, en Parla.Las presuntas irregularidades de Family Club se remontan, según fuentes municipales de Fuenlabrada, al año 1973, cuando se solicitó a la corporación existente en ese momento la calificación de 103 hectáreas de suelo rústico para construir 11.500 viviendas. Los terrenos, muchos de los cuales no eran propiedad (ni lo son aún en estos momentos) de los promotores, estaban situados a cuatro kilómetros del casco urbano, en pleno campo. El Ayuntamiento acordó, por unanimidad, conceder lo solicitado sobre la base de una documentación de dos folios y medio y un único plano explicativo

Al año siguiente se inició la construcción de bloques, y, ante las presuntas violaciones de las normas urbanísticas, Coplaco intervino y fijó unos topes máximos de viviendas por hectárea, al tiempo que exigía las dotaciones y servicios mínimos que prevé la ley del Suelo. En 1978, el gobierno civil, a instancias de Coplaco, paralizó temporalmente las obras y exigió nuevamente la disminución del número de viviendas.

Cinco días antes de las elecciones municipales de abril de 1979, el ayuntamiento cesante aprobó una nueva propuesta de ordenación que reducía el número de viviendas a 8.500 y aumentaba en veintiocho hectáreas la superficie urbanizable, pero apenas incidía en los mínimos exigidos en cuanto a equipamiento. Hace unos meses, los promotores titulares de las licencias las han vendido a diversas entidades mercantiles, que, según las fuentes municipales, pertenecen al mismo grupo, con el fin de eludir responsabilidades urbanísticas y fiscales.