La oposición y un diputado de UCD piden la retirada del proyecto de ley del divorcio
Más de trescientas enmiendas han sido presentadas al proyecto de ley de reforma parcial del Código Civil que regula el matrimonio y determina el procedimiento para las causas de separación y divorcio. Aunque el plazo de presentación concluyó a las doce de la noche del martes, la cifra de enmiendas podría ser superior, ya que todavía no han sido contabilizadas las que han sido enviadas por correo durante los últimos días.
Entre las enmiendas remitidas al Congreso figuran seis a la totalidad, suscritas por el Grupo Socialista, Grupo Comunista, Coalición Democrática, por el diputado de UCD...
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Más de trescientas enmiendas han sido presentadas al proyecto de ley de reforma parcial del Código Civil que regula el matrimonio y determina el procedimiento para las causas de separación y divorcio. Aunque el plazo de presentación concluyó a las doce de la noche del martes, la cifra de enmiendas podría ser superior, ya que todavía no han sido contabilizadas las que han sido enviadas por correo durante los últimos días.
Entre las enmiendas remitidas al Congreso figuran seis a la totalidad, suscritas por el Grupo Socialista, Grupo Comunista, Coalición Democrática, por el diputado de UCD por Ciudad Real Manuel Díaz-Pinés; por Blas Piñar, del Grupo Mixto, y por otro diputado del Grupo Mixto, José Pi-Suñer.La enmienda socialista a la totalidad está acompañada de un texto alternativo al proyecto de ley elaborado por el Gobierno. Este texto fue presentado en una conferencia de prensa celebrada en la sede del PSOE, en la que participaron el vicesecretario general del partido, Alfonso Guerra, y los diputados Antonio Sotillo y Félix Pons. En sus intervenciones, lor portavoces socialistas criticaron con dureza el proyecto del Gobierno, «que es más papista que el Papa» e insistieron en que los socialistas pretenden en este tema adecuar la legislación vigente a la Constitución.
«El Gobiernó manifestó Alfonso Guerra, «ha configurado el divorcio como una carrera de obstáculos, apoyándose más en los acuerdos con la Santa Sede que en los criterios contenidos en la Constitución». Los socialistas, en su rechazo a los planteamientos centristas sobre el divorcio, argumentaron que el proyecto gubernamental no configura eldivorcio como una verdadera solución a matrimoniog rotos.
Otros principios del proyecto de UCD que el PSOE considera inaceptables, según comentaron sus representantes en la mencionada conferencia de prensa, son la obligatoriedad de que los cónyuges acudan a los tribunales eclesiásticos para conseguir la ruptura de su matrimonio con plenos efectos; la no admisión del divorcio por mutuo acuerdo, y que se deje a los jueces la discrecionalidad de conceder o no el divorcio, sin que esa decisión se halle sujeta a reglas jurídicas lo suficientemente precisá.
Frente a las tesis centristas los socialistas, que además de la enmienda a la totalidad han presentado otras 43 a diversos apartados del proyecto del Gobierno, ofrecen un texto alternativo que gira en torno a tres principios: 1. La igualdad de todos lbs españoles ante la ley, sin discriminación por motivos ideológicos. 2. La reivindicación por parte del Derecho Civil de su plena competencia para la regulación del matrimonio sin perjuicio de la libre elección de formas. 3. La defensa de la libertad individual, de todos los ciudadanos y la necesidad de regular de forma socialmente generosa, pero jurídicamente seria, todos aquellos supuestos de ruptura matrimonial o inexistencia de vínculo.
En concreto, las principales novedades del proyecto socialista respecto al del Gobierno radican en contemplar la posibilidad de divorcio por mutuo acuerdo, que se po dría conseguir en un plazo de diez meses, sin que uno de los cónyuges tenga que ser declarado culpable. Al mismo tiempo, el PSOE propone que desaparezca la separación previa como paso obligado para llegar al divorcio, y prohíbe a los menores de dieciséis años contraer matrimonio. Igualmente, amplía la enumeración de causas de divorcio que figuran en el texto gubernamental, con el fin de que el juez tenga mayor número de criterios para adoptar una decisión. Por último, los socialistas han suprimido el derecho a recibir pensión una vez fallecida la persona deudora.