La investigación sobre la fuga de los "grapo" de Zamora implica al Ministerio del Interior

El inspector general de Instituciones Penitenciarias, Emilio Tavera, ha remitido un escrito al ex director de la cárcel de Zamora, al subdirector y a un funcionario en el que les comunica su propuesta para que sean sancionados con diez, ocho y quince días sin sueldo, respectivamente, por supuesta negligencia en el desarrollo de sus funciones cuando cinco dirigentes de los Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (GRAPO) se evadieron de esta prisión hace ya más de cuatro meses. En el mencionado escrito se revela una sorprendente actuación del Ministerio del Interior en los meses qu...

El inspector general de Instituciones Penitenciarias, Emilio Tavera, ha remitido un escrito al ex director de la cárcel de Zamora, al subdirector y a un funcionario en el que les comunica su propuesta para que sean sancionados con diez, ocho y quince días sin sueldo, respectivamente, por supuesta negligencia en el desarrollo de sus funciones cuando cinco dirigentes de los Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (GRAPO) se evadieron de esta prisión hace ya más de cuatro meses. En el mencionado escrito se revela una sorprendente actuación del Ministerio del Interior en los meses que precedieron a la escapada.

Fuentes de la abogacía señalaron a EL PAIS que en el escrito se menciona textualmente: «La participación de las fuerzas de la Policía Nacional, que, en su día, se acordó con las autoridades del Ministerio del Interior, no ha resultado lo eficaz que hubiera sido de desear, permaneciendo un cierto número de policías nacionales de la plantilla de Zamora entre rastrillos, y que alegaron exigencias de órdenes superiores para actuar. En definitiva -prosigue la nota-, no han servido para apoyar a los funcionarios en su contacto diario con el interno grapo, dando lugar a cesión de terreno arrancado a fuerza de presiones bien orquestadas.»Respecto a la vigilancia del exterior de la cárcel, el escrito añade: «Las dos garitas destinadas a la Guardia Civil se habían terminado de construir el verano pasado, y, a falta de intercomunicaciones, no se habían ocupado aún.» Una afirmación tanto más sorprendente asegura que la Guardia Civil, que realiza las rondas por el exterior del recinto todas las noches, contaba con dos perros y justo en la fecha de la fuga, «a escasos metros del lugar por donde salieron al exterior (los presos) había apostado uno de estos perros, que no consta se apercibiera de la salida de los fugados». También confirma el escrito que la Brigada Social que, en su día, creara el comisario Conesa realizó un minucioso registro en el interior del penal, cuarenta días antes de la evasión, y como conclusión de sus pesquisas anotaron en el libro de incidencias que «no existen indicios de fuga». (Por esa fecha, los grapo llevaban ya varios meses construyendo el túnel por donde escaparon.)

Toda esta serie de circunstancias, sumadas a las todavía no aclaradas que corresponderían estrictamente al Ministerio de Justicia (como la escasa dotación de funcionarios en el interior del recinto, la falta de iluminación y las condiciones de trato especialmente flexible del que, al parecer, gozaron los presos de los GRAPO, entre otras anomalías), han provocado que la propuesta de sanción haya dejado estupefactos al director cesado, Pedro Romero, al subdirector, Miguel Martín, y al funcionario Jesús Domínguez, los únicos responsables hasta ahora, en la investigación del señor Tavera.

Según han comunicado a EL PAIS dos de los afectados, Pedro Romero y Jesús Domínguez, ambos consideran que la sanción es totalmente injusta, y han adelantado su deseo de recurrir ante los tribunales para que no llegue a producirse. «Estamos dispuestos a llegar hasta el Tribunal Supremo si es necesario, porque no se puede consentir», señalaron, «que se haga recaer sobre nosotros, que somos el último e involuntario eslabón de una cadena de irregularidades, toda la responsabilidad que otros no quieren asumir.»

El más sorprendido por la decisión ha sido el anterior director del penal, Pedro Romero, quien señaló que no comprendía cómo se le ha acusado de «no tomar las suficientes medidas para evitar la fuga, cuando en los dos meses justos en que duró su gestión al frente del penal, «no hice otra cosa que reclamar mayores medidas de seguridad, que siempre fueron desoídas por la Dirección General».