Reforma fiscal al "ralentí"
A NUESTRA flamante reforma fiscal le pasa lo que a la bicicleta: mientras pedalea, aunque sea lentamente, mantiene el equilibrio y avanza, pero cuando deja de pedalear cae estrepitosamente. Este peligro de esclerosis fiscal lo estamos viendo venir, de una parte, por la falta de capacidad real de la Administración para aplicar la reforma ya en vigor y, de otra, por la resistencia pasiva, la escasa voluntad y falta de disposición mostrada por algunos sectores.Ayer se inició la campaña oficial para convencer e incitar a los contribuyentes españoles a declarar el impuesto sobre la renta, bajo el e...
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A NUESTRA flamante reforma fiscal le pasa lo que a la bicicleta: mientras pedalea, aunque sea lentamente, mantiene el equilibrio y avanza, pero cuando deja de pedalear cae estrepitosamente. Este peligro de esclerosis fiscal lo estamos viendo venir, de una parte, por la falta de capacidad real de la Administración para aplicar la reforma ya en vigor y, de otra, por la resistencia pasiva, la escasa voluntad y falta de disposición mostrada por algunos sectores.Ayer se inició la campaña oficial para convencer e incitar a los contribuyentes españoles a declarar el impuesto sobre la renta, bajo el eslogan Contribuir da derecho a exigir. Alentados por esta pública enseñanza, deberíamos exigir primero al Ministerio de Hacienda una mayor seriedad en el respeto y uso de las leyes antes de que éstas pierdan sentido y credibilidad ante los contribuyentes.
Desde que se abrió el plazo legal (el 1 de marzo) para presentar la declaración del impuesto sobre la renta, algunos ciudadanos, de los muchos que se acogieron a la amnistía de 1978 y declararon honestamente en 1979 sus ingresos, tienen ahora dudas sobre la verdadera solvencia de la reforma fiscal. Y lo que es peor: a la vista del escaso uso que se da a los instrumentos legales vigentes, muchos tienen la triste sensación de haber sido a su vez defraudados.
Efectivamente, desde que se aprobó la ley 50/ 1977, sobre Medidas Urgentes para la Reforma Fiscal, hay dos instrumentos legales de primera magnitud que se están apolillando en al baúl de los recuerdos: el secreto bancario sigue inmaculado, pese a la autorización para romperlo que la ley da al inspector de Hacienda, y el delito fiscal aún no ha sido siquiera estrenado por nuestros jueces.
Si el anuncio realizado por el ministro de Hacienda de enviar, en mayo, al ministerio fiscal veinte expedientes presumiblemente constitutivos de delito fiscal no se materializa en la persecución real de algún conocido defraudador, la credibilidad de la reforma fiscal puede quedar por los suelos. Otro elemento para determinar la solvencia de la reforma vendrá determinado por el escrupuloso funcionamiento de las devoluciones de dinero para aquellos que pagaron de más. Si no se devuelve el dinero a tiempo, y no se detectan aquellos contribuyentes que teniendo obligación de declarar -y la tienen casi todos los cabezas de familia- no lo hicieron el año pasado, algunos ciudadanos honestos pueden dejar de creer que las leyes se hacen para ser cumplidas.
Lo más grave no es que se recaude poco o mucho, sino que está en juego la credibilidad de la reforma fiscal, tan necesaria para legitimar a la propia democracia. No se trata tanto de una denuncia como de una advertencia, porque aún estamos a tiempo. En estos momento s, en que muchos españoles dedican sus fines de semana a la reflexión fiscal, puede resultar muy conveniente salir al pase, del contagioso escepticismo con cierta urgencia y recuperar así la confianza perdida. No se pide que llenen las cárceles de defraudadores, pero sí que al menos den un ejemplo -un solo ejemplo- de que la ley está para ser cumplida. Ello animará, sin duda, a los reticentes a confesar por fin sus ingresos al fisco como respetables ciudadanos.
Ya no pueden quejarse los inspectores de Hacienda de que no tienen instrumentos adecuados para perseguir a los ladrones. Basta con pedir al delegado provincial del Ministerio autorización para romper el secreto de una cuenta bancaria.
Las autoridades fiscales deben saber que si no reaccionan a tiempo no se podrá hablar en España de reforma fiscal en serio hasta dentro de cuarenta años.