La medida del Metro

EL DERECHO de huelga debe entenderse jurídica y consti tucionalmente como un «cuerpo cierto de doctrina»: se puede articular legalmente, pero jamás recortarlo, como acaba de hacerlo el Gobierno con un decreto-ley sobre limitaciones de huelga en el Metro-Suburbano de Ma drid. Un decreto, posiblemente anticonstitucional, pu blicado sólo veinticuatro horas antes de la segunda huelga de estos trabajadores, y seguido de una información oficiosa a través de los medios de comunicación del Estado, bajo control gubernamental, que ha confundido a los usuarios y ha multiplicado las dificultades ciudadana...

EL DERECHO de huelga debe entenderse jurídica y consti tucionalmente como un «cuerpo cierto de doctrina»: se puede articular legalmente, pero jamás recortarlo, como acaba de hacerlo el Gobierno con un decreto-ley sobre limitaciones de huelga en el Metro-Suburbano de Ma drid. Un decreto, posiblemente anticonstitucional, pu blicado sólo veinticuatro horas antes de la segunda huelga de estos trabajadores, y seguido de una información oficiosa a través de los medios de comunicación del Estado, bajo control gubernamental, que ha confundido a los usuarios y ha multiplicado las dificultades ciudadanas del transporte, ayer, en Madrid. Con ocasión de la huelga anterior (véase EL PAIS de 14-3-1980) sentábamos la tesis de que el conflicto del Metro madrileño encerraba pugnas políticas. Pese a sus quejas a sus distintos planteamientos de este conflicto, es un secreto de polichinela que la negociación colectiva con el Metro de Madrid la está llevando directamente el Gobierno a través del ministro de Transportes, y bajo la batuta del vicepresidente económico, Abril Martorell. Así, el convenio del Metro madrileño va a ser el test generalizado para la aplicación del acuerdo-marco para la capacidad de resistencia de una Unión General de Trabajadores como la de Madrid, y para todo el panorama de los pactos de la izquierda para el Gobierno de los municipios.

El resumen de los hechos puede ser el siguiente: una oferta salarial del Gobierno -a través de la intervención estatal- ciertamente baja y casi un 50% inferior a la que disfrutan los trabajadores del Metro de Barcelona (bien es verdad que el precio del billetaje es distinto); una masiva participación laboral (94%), mediante votación secreta, en la decisión de mantener las huelgas intermitentes, una decidida presión gubernamental sobre esta plantilla, que puede enconar y pudrir un conflicto que repercutirá en la parcela más importante de la rama del transporte madrileño y que será el banco de pruebas de negociaciones colectivas del mismo porte o de mayor alcance.

Dos tesis se han puesto en circulación alrededor de este convenio «envenenado» del Metro madrileño: la de que el Gobierno actúa por improvisación y la de que UCD pretende acumular molestias sobre los vecinos regidos por municipios de izquierda. Si la mitad de la inteligencia reside en enfender la inteligencia de los dernás, se debería atribuir al Gobierno antes el maquiavelismo que la torpeza. El caso es que el Metro madrileño deviene indefectiblemente en la medida del acuerdo-marco y que, según todos los indicios, para los señores Sánchez Terán y Abril Martorell la medida del Metro no se corresponde ni económica ni políticamente con los cien centímetros.