RTVE: ¿para cuándo?

LA POSTERGACION en el Congreso y en el Senado de la votación para designar los doce miembros del Consejo de Administración de RTVE parece una maniobra del Gobierno con vistas a fortalecer su posición negociadora, tanto para la elección de los consejeros como para buscar una salida al inaudito escándalo de la auditoría del Ministerio de Hacienda. Con ese retraso, el poder ejecutivo nada tiene que perder, como no sea algo que le importa tan poco como deteriorar todavía más su prestigio y buena imagen en cuestiones relacionadas con el monopolio televisivo. En el entretanto, esos directivos que pe...

LA POSTERGACION en el Congreso y en el Senado de la votación para designar los doce miembros del Consejo de Administración de RTVE parece una maniobra del Gobierno con vistas a fortalecer su posición negociadora, tanto para la elección de los consejeros como para buscar una salida al inaudito escándalo de la auditoría del Ministerio de Hacienda. Con ese retraso, el poder ejecutivo nada tiene que perder, como no sea algo que le importa tan poco como deteriorar todavía más su prestigio y buena imagen en cuestiones relacionadas con el monopolio televisivo. En el entretanto, esos directivos que permanecen compuIsivamente agarrados a sus cargos, impertérritos ante multas del Tribunal de Cuentas, denuncias en los juzgados o aireamiento de escándalos, y a la espera de que pase la tormenta o, al menos, deje de arreciar la lluvia, seguirán obedeciendo las instrucciones transmitidas por teléfono.El Gobierno necesitaba evidentemente, para el referéndum de Andalucía y las campañas electorales en el País Vasco y en Cataluña, tener las manos libres en Televisión. También entra en su conveniencia dejar transcurrir el tiempo para que se enfríe la indignación y la irritación de la opinión pública, no sólo por los resultados -ya graves- del informe de auditoría, sino también por el secuestro que el poder ejecutivo hizo de sus conclusiones y por la tranquilidad con la que ha negado los cargos. Su esperanza en ese sentido es que los partidos de la oposición parlamentaria, especialmente el PSOE, ablandados por el bloqueo del Estatuto de Televisión, decidan que ya está bien de tanto ruido, que al fin y al cabo esas cosas pasan en las mejores familias y que lo «político» es intercambiar una parcela de silencio o de quietud contra un aumento de su influencia en tan poderoso medio. En esa estrategia, el congelamiento sine die de nombramiento del Consejo de Administración tendería a favorecer el fortalecimiento en el seno de la oposición de esas resignadas corrientes, todavía débiles, partidarias de una negociación «razonable» con el Gobierno.

La oposición parlamentaria debería luchar, al igual que los sectores de UCD que todavía no se arrepienten de los valores democráticos que figuran en el programa de su partido, por la designación de un Consejo de Administración y de un director general de Televisión desvinculados de compromisos y obediencias estrictamente partidistas, en línea parecida que la abrumadora mayoría de los magistrados elegidos para formar parte del Tribunal Constitucional. Entre otras cosas, porque esta es la única posibilidad de rectificar el curso de ese desastre organizativo y escaparate de despilfarro que es hoy Televisión Española. No es probable, sin embargo, que el juguete predilecto del Gobierno sea negociado en esos términos de neutralidad, equidistancia, independencia y apartidismo, máxime cuando el tiempo corre a favor de UCD, que tiene capacidad jurídica e inescrupulosidad moral suficientes para aplazar indefinidamente la designación de doce hombres verdaderamente justos. Y si es preciso, también sin piedad.

El Gobierno necesita, por lo demás, de los votos del PSOE para poner en marcha ese organismo, que, de otro lado, no tiene la menor prisa en hacer funcionar. Sin embargo, los socialistas no tienen que aceptar forzosamente el dilema de resignarse a una lista consensuada al estilo de los concursos de lo toma o lo deja, o de aguantar con estoicismo la postergación ad infinitum de los órganos rectores de Televisión. Dispone de una tercera salida: negociar con UCD exclusivamente el quórum de votación para una lista en la que los socialistas impusieran sus nombres -los que proporcionalmente les correspondan- como miembros del Consejo de Administración, sin aceptar el derecho de veto -como sucedió en las listas del Tribunal Constitucional- y sin aspirar a realizar en el seno de ese organismo otra labor que la puramente opositora y censoria.

Entre una componenda aguada que preserve la miseria televisiva con el respaldo político y moral de la oposición y la asunción de un papel crítico en una Televisión de antemano mediatizada, parece preferible la segunda solución a la primera. Es mil veces mejor que el Gobierno siga teniendo la sartén por el mango, a las claras y sin confusiones, con un director dócil y un Consejo de Administración donde tenga la mayoría, pero en el que la oposición se descomprometa de los resultados de la gestión y se limite a tareas de control, crítica y denuncia, que a colaborara blanquear las paredes de un edificio en cuyo interior seguirán mandando los mismos.