El PCE presenta una denuncia judicial contra la gestión financiera de RTVE

El Partido Comunista de España (PCE) presentó ayer una denuncia judicial contra la gestión financiera de RTVE. Pilar Brabo, Simón Sánchez Montero y Ramón Tamames, diputados del PCE; Enrique Curiel y Antonio Kindelán, miembros del gabinete parlamentario comunista, y Manuel Serrano, responsable de la agrupación del PCE en RTVE, se dirigieron ayer al Juzgado de Instrucción de Navalcarnero para presentar la denuncia.

La denuncia de los políticos comunistas y su representante de los trabajadores en RTVE es la primera que se formaliza después de haber sido publicado por EL PAÍS el informe de ...

El Partido Comunista de España (PCE) presentó ayer una denuncia judicial contra la gestión financiera de RTVE. Pilar Brabo, Simón Sánchez Montero y Ramón Tamames, diputados del PCE; Enrique Curiel y Antonio Kindelán, miembros del gabinete parlamentario comunista, y Manuel Serrano, responsable de la agrupación del PCE en RTVE, se dirigieron ayer al Juzgado de Instrucción de Navalcarnero para presentar la denuncia.

La denuncia de los políticos comunistas y su representante de los trabajadores en RTVE es la primera que se formaliza después de haber sido publicado por EL PAÍS el informe de la auditoría del Ministerio de Hacienda. El hecho de que hasta ahora no se hubiese presentado ninguna denuncia contra las irregularidades denunciadas en la auditoría, fue uno de los argumentos que el ministro de Hacienda, señor García Añoveros, utilizó en su intervención como respuesta a la interpelación socialista, en el Pleno del Congreso celebrado el pasado jueves, para argumentar que no se podían imputar responsabilidades administrativas, laborales o penales, a los hechos contenidos en el informe.El texto de la denuncia presentada por los comunistas a Dámaso Ruiz Jarabo, juez de instrucción de Navalcarnero, dice así: «Al amparo del artículo 264 de la ley de Enjuiciamiento Criminal, ponemos en conocimiento de Vuestra llustrísima el informe del control financiero efectuado en el organismo autónomo Radiotelevisión Española, por estimar que en los términos del mismo aparecen hechos que pudieran ser constitutivos de delito perseguible por oficio. Del mencionado informe, cuya fotocopia adjuntamos, se desprende la existencia de una serie de hechos cuya calificación jurídica corresponde depurar a las autoridades judiciales a través de la pertinente investigación sumarial, a cuyo efecto, los denunciantes ejercitarán las acciones previstas en nuestras leyes. Estimamos que los posibles hechos delictivos han tenido lugar donde radican los servicios centrales de RTVE (Pozuelo-Madrid) perteneciente al territorio judicial de ese juzgado. Es cuanto tenemos el honor de exponer a VI. En Navalcarnero (Madrid), a 15 de febrero de 1980.»

Pedro Bofill, diputado del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), informó a EL PAÍS que su partido está elaborando una denuncia judicial contra RTVE y los «responsables concretos del organismo, en relación con las anomalías de funcionamiento y de gestión económica denunciadas en el informe de la auditoría realizado por los interventores de Hacienda». La iniciativa judicial será llevada a cabo por Enrique Gimbernat, penalista y decano de la facultad de Derecho de Alcalá. El vicesecretario general del PSOE, Alfonso Guerra, manifestó a EL PAÍS: «Dada la actitud del Gobierno no tenemos más remedio que acudir a los tribunales. Me sorprende que el ministro de Hacienda ataque a sus funcionarios en vez de defenderlos. El hecho de que haya salido a extender el manto protector sobre la corrupción en RTVE no obedecería más que a una interpretación inconfesable». El Grupo parlamentario Socialista presentó en el Congreso una moción para que se constituya, con carácter de urgencia, la Comisión Parlamentaria prevista en el artículo 26 del Estatuto de RTVE. Los socialistas solicitan del Gobierno, asimismo, el informe del fiscal general del Estado en relación con la auditoría; el dictamen de legalidad, sobre el mismo tema, de la Dirección General de lo Contencioso Administrativo; las objecciones formuladas por RTVE a la auditoría, el presupuesto detallado de RTVE de los años 1978, 1979 y 1980, y «cuantos otros documentos consten en el expediente administrativo abierto con motivo de la auditoría».

El comité estatal de RTVE envió a EL PAÍS un comunicado en el que recuerdan la creación del comité anticorrupción por parte de la asamblea de los trabajadores y las denuncias presentadas en su día contra algunos de los hechos contenidos en el informe.