Controversia constitucional por dos decretos-leyes

La convalidación de dos decretos-leyes, con la que finalizó ayer la sesión plenaria del Congreso de los Diputados que continuará esta tarde, originó una controversia constitucional que puso en peligro la convalidación del segundo de ellos y obligó al Gobierno a prometer su reforma por la vía de la tramitación como proposición de ley. El problema surgió en relación con el decreto-ley sobre medidas económicas fiscales complementarias de la elevación del precio de los productos petrolíferos, dos de cuyas disposiciones finales fueron estimadas inconstitucionales por la oposición, incluida Coalició...

La convalidación de dos decretos-leyes, con la que finalizó ayer la sesión plenaria del Congreso de los Diputados que continuará esta tarde, originó una controversia constitucional que puso en peligro la convalidación del segundo de ellos y obligó al Gobierno a prometer su reforma por la vía de la tramitación como proposición de ley. El problema surgió en relación con el decreto-ley sobre medidas económicas fiscales complementarias de la elevación del precio de los productos petrolíferos, dos de cuyas disposiciones finales fueron estimadas inconstitucionales por la oposición, incluida Coalición Democrática.En las disposiciones finales citadas se autoriza al Gobierno para dictar normas relativas a la determinación de la base imponible y procedimiento de repercusión del impuesto de lujo, así como para refundir disposiciones vigentes de los tributos afectados por el decreto-ley. El socialista Gregorio Peces-Barba calificó tales disposiciones finales de insólitas e inaceptables, por violar el artículo 82 de la Constitución, que establece que «la delegación legislativa deberá otorgarse mediante una ley de bases cuando su objeto sea la formación de textos articulados o por una ley ordinaria cuando se trate de refundir varios textos legales en uno solo». El diputado socialista calificó de vergüenza legislativa el intento gubernamental.

Al margen de otros argumentos sobre el fondo del decreto-ley, los diputados Emilio Pérez Ruiz (andalucista), Manuel Fraga (CD) y Fernando Pérez Royo (comunista) insistieron en la inconstitucionalidad de las disposiciones citadas. Contestó a ellos el ministro de Hacienda, Jaime García Añoveros, quien aseguró que el Gobierno no tenía intención de hacer una delegación legislativa, sino de utilizar la habilitación para el ejercicio de la facultad reglamentaria, con base en el «principio jurídico de interpretación armónica, del que forma parte también la Constitución».

A petición de Manuel Fraga de que el Gobierno se comprometiera a modificar las disposiciones citadas, el ministro de Hacienda intervino de nuevo para asegurar que serían atendidas positivamente las enmiendas de supresión de dichas disposiciones adicionales. Previamente hubo unos intercambios de notas entre Fernando Abril y Alfonso Guerra y unos gestos significativos del primero al segundo que animaron el hemiciclo. La convalidación fue aceptada por 158 votos a favor y 120 en contra.

Con anterioridad fue convalidado el decreto-ley sobre presupuestos extraordinarios de liquidación de deudas de las corporaciones locales y su financiación, que habilita a los ayuntamientos a aprobar tales presupuestos «por última vez», para liquidar deudas asumidas con anterioridad al día 31 de diciembre de 1979.