Las contradicciones del sindicalismo agrario

En los últimos días ha vuelto a renacer la conflictividad agrícola, en momentos en que el campo parece asumir, una vez más, los mayores costes de la actual crisis económica. Efectivamente, según datos muy recientes, la componente «alimentación, bebidas, tabaco» del coste de la vida ha crecido un 8,4% en 1979, al tiempo que el índice general lo ha hecho en un 15,6%.Existen dos razones poderosas para que la evolución de los acontecimientos en 1980 mantenga la tendencia del año pasado. En primer lugar, por la importancia política del sostenimiento de los precios de productos alimenticios. Pero es...

En los últimos días ha vuelto a renacer la conflictividad agrícola, en momentos en que el campo parece asumir, una vez más, los mayores costes de la actual crisis económica. Efectivamente, según datos muy recientes, la componente «alimentación, bebidas, tabaco» del coste de la vida ha crecido un 8,4% en 1979, al tiempo que el índice general lo ha hecho en un 15,6%.Existen dos razones poderosas para que la evolución de los acontecimientos en 1980 mantenga la tendencia del año pasado. En primer lugar, por la importancia política del sostenimiento de los precios de productos alimenticios. Pero este hecho no sería suficiente si no se diera, simultáneamente, una cierta indefensión del sector agrario, es decir, una capacidad de respuesta muy limitada. Evidentemente, el coste de la actual política no es igual para todos los agricultores. El sector agrario es muy heterogéneo y no todos sufren de igual modo las consecuencias de la crisis, a pesar de lo cual es obligado generalizar, dada la limitada extensión de este trabajo.

La indefensión del medio rural tiene su origen en un conjunto de características estructurales, propias de la actividad agraria, asi como en el abandono político del campo. La producción se caracteriza por una oferta atomizada y dispersa. La problemática regional suele ser decisiva, entorpeciendo una estrategia reivindicativa a nivel del Estado. Además existe la diversidad estructural de la empresa agraria, grandes y pequeños empresarios, y, frente a todos ellos, el jornalero agrícola, con un peso específico diametralmente distinto de unas zonas a otras del país.

Todo lo anterior explica parcialmente el predominio de la derecha en el medio rural, exceptuando la influencia del jornalero agrícola. Pero incluso este grupo social se ha transformado radicalmente en las últimas décadas. Su número ha disminuido y en muchas regiones ha desaparecido. Donde aún, existe en cantidad apreciable, su vinculación exclusiva a la agricultura es dudosa. En Andalucía, por ejemplo, el equilibrio del mercado laboral es intersectorial -construcción y hostelería principalmente-, lo que supone el contrapunto al paro agrario estacional de los denominados «cultivos sociales».

De este modo, el pequeño propietario, que al tiempo arrienda otras parcelas o echa jornales en explotaciones vecinas, ha llegado a convertirse en la fuerza social, de raíz popular, predominante en el medio rural de la mayoría de las regiones españolas. Ello ha facilitado el confusionismo de la política de la derecha que, con un agrarismo verbal a indiscriminado, mantiene básicamente inalterado su dominio en extensas áreas rurales. La recuperación de las cámaras agrarias. en el general naufragio del sindicalismo franquista fue una hábil operación para mantener la infraestructura de poder de la derecha en el campo. El resultado de las últimas elecciones generales, con la victoria de UCD, supone la demostración de este acierto.

Errores de la izquierda

¿Y el resto de las fuerzas políticas? La izquierda ha cometido errores muy graves en el campo. La conflictividad agrícola fue escasa hasta comienzos de la década de los setenta, pero con el comienzo de la crisis económica se inicia un proceso de elevación en el precio de los inputs agrícolas, que compromete de modo progresivo la rentabilidad de muchas explotaciones. Se producen conflictos aislados: la guerra de la leche, el tomate, las sucesivas guerras de tractores..., y el proceso se acelera a partir de 1976 con algunas ocupaciones de fincas, protestas de jornaleros, etcétera. Pero la contestación agraria aparece muy fraccionada y confusa.

La COAG (Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos) había logrado ensamblar en una delicada estructura a nivel del Estado las organizaciones más o menos potentes, según regiones, surgidas de la lucha reivindicativa de los años setenta. Pero el equilibrio interno de la COAG ha sido siempre muy débil. Sirva como ejemplo la actitud de independencia de la Unió de Pagesos en las elecciones a cámaras, o el descontrol frecuente de cualquier UAGA (Uniones Provinciales de Agricultores y Ganaderos) respecto a la estrategia política marcada por el grupo gestor de la COAG.

La actitud del Partido Comunista hacia el movimiento sindical en el campo se ve frenada por su imposibilidad de imponer criterios ideológicos propios a un movimiento agrario que desconoce, y en gran medida rechaza, todo aquello que no sea más tangible, como la defensa de unos precios o la prohibición de unas importaciones. Sin embargo, el Partido Comunista ha apoyado incondicionalmente a la COAG, manteniendo la contradicción de intentar dominar su aparato, conociendo la imposibilidad de que las UAGA sirvan a su estrategia política.

La actitud sindical en el campo del Partido Socialista ha consistido en apoyar básicamente a la FTT (Federación de Trabajadores de la Tierra), organización con implantación entre jornaleros agrícolas. Esta actitud produce una especie de «bloqueo traumático» en la política sindical agraria del PSOE. Las mayores contradicciones surgen en zonas donde las UAGA tienen, o han tenido, un peso importante de militantes socialistas en su seno. Este es el caso de Asturias, Navarra, Rioja, Aragón, Cataluña y el País Valenciano, con matices que no vienen al caso.

El bloqueo en la actitud del PSOE confiere a la COAG una falsa estabilidad, permitiendo además a UCD todo tipo de manipulaciones, utilizando en cada momento el peón que más le convenga. Las luchas de intereses personales han contribuido a dar estabilidad a la actual estructura sindical agraria en España, que, si algo puede afirmarse de ella, y por culpa de casi todos, no sirve a los intereses del campo español para nada.

Ni la constitución del denominado «frente sindical agrario» ni la nueva ocupación de carreteras por algunos tractores pueden ocultarnos la impotencia y contradicciones en que se debate el movimiento sindical agrario. Es urgente desbloquear la situación actual y abordar, con un mínimo de realismo, una nueva estrategia que responda a los intereses de la gran mayoría de los agricultores.