El Senado aprueba el Estatuto de los Trabajadores

El Pleno del Senado terminó ayer el debate del proyecto de Estatuto de los Trabajadores, sin más modificaciones sobre el dictamen de la Comisión de Trabajo que las previstas, que se unen a las ya introducidas en la propia comisión. Entre estas últimas, una de las más importantes es la modificación de la disposición sobre entrada en vigor de la nueva ley, una vez que el Congreso haya estudiado las propuestas de enmienda del Senado, consistente en que el Estatuto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, y no a los veinte días como previó el Con...

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El Pleno del Senado terminó ayer el debate del proyecto de Estatuto de los Trabajadores, sin más modificaciones sobre el dictamen de la Comisión de Trabajo que las previstas, que se unen a las ya introducidas en la propia comisión. Entre estas últimas, una de las más importantes es la modificación de la disposición sobre entrada en vigor de la nueva ley, una vez que el Congreso haya estudiado las propuestas de enmienda del Senado, consistente en que el Estatuto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, y no a los veinte días como previó el Congreso.La totalidad de los artículos que restaban del proyecto, desde el 39 hasta el 92, más las disposiciones adicionales, finales y transitorias, fueron despachados en una sesión que se caracterizó por la agilidad de los debates y la constante oposición de UCD a las enmiendas que, también sistemáticamente, sostuvieron los senadores socialistas y Jaume Casademont, en nombre éste de los vascos.

Se introdujeron dos modificaciones, ambas propuestas en común por UCD y PSOE. La primera consiste en que la necesidad objetiva de amortizar un puesto de trabajo sólo podrá ser alegada como causa de extinción de contrato en empresas de menos de cincuenta trabajadores, mientras, según el proyecto del Congreso, podía ser aplicada en todas.

Por la segunda, la reserva de los puestos de contrato a tiempo parcial, que por la disposición transitoria tercera sólo podrían adjudicarse a perceptores del seguro de desempleo y a jóvenes menores de veinticinco años, se amplía a los trabajadores agrícolas desempleados, en general.

El más importante debate se produjo sobre la propuesta vasca de que se añadiese al artículo 83 -sobre negociación colectiva- un nuevo punto por el que en las comunidades autónomas podrán ser negociados sin limitación acuerdos y convenios entre sindicatos y patronales del ámbito de la comunidad.

A la enmienda se opusieron tanto UCD como PSOE, rechazando la tesis de que el Estatuto de los Trabajadores impida negociar en el ámbito de comunidades. José Rodríguez de la Borbolla, de los socialistas andaluces, comentó que el respeto a las instituciones democráticas exige permanecer en ellas, en lugar de abandonarlas cuando no se aceptan las peticiones, y afirmó que la autonomía de trabajadores y empresarios para negociar no tiene por qué pasar por la autonomía de un ámbito territorial.

Martínez Ovejero, también socialista, advirtió que en todo caso la aplicación concreta de los acuerdos de nivel estatal se hará en cada territorio y empresa, y dijo que en lo que no está de acuerdo su grupo es en que los empresarios vascos intenten salirse de los convenios cuando les convenga, mientras Rodríguez Castañón, de UCD, recordó que las organizaciones de ámbito autonómico estarán representadas en las negociaciones estatales, con sólo tener un 15% de afiliados en la comunidad.

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El debate lo cerró el ministro de Trabajo, Rafael Calvo Ortega -que estuvo presente durante toda la sesión-, afirmando que el artículo 83 fue aceptado por el Gobierno tras el acuerdo CEOE-UGT, y recordó que el gabinete sigue abierto a aceptar cualquier acuerdo que consigan estas organizaciones con las vascas. El senador Casademont, único que votó a favor de la enmienda, mientras en las votacíones del texto del proyecto se abstenía, explicó al final de la sesión que mantuvo esta actitud por coherencia con el encargo recibido del resto de su grupo parlamentario -los senadores del PNV- aunque se abstenía después porque la coalición catalana por la que fue elegido, Convergencia i Unió, es globalmente favorable al Estatuto.

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