ANDALUCÍA

Ayuntamientos de Cádiz acusados de malversar fondos del empleo comunitario

La Delegación Provincial de Trabajo de Cádiz ha suscitado una fuerte polémica con una nota en la que critica a varios ayuntamientos por el uso de fondos del empleo comunitario y, en concreto, acusa a varias corporaciones de haber incurrido en malversación de los mismos. Los casos citados por la Delegación de Trabajo son los de los municipios de Espera, El Gastor, Algodonales y Sanlúcar.

El caso más grave puede ser el del Ayuntamiento de Espera, que destinó utilizar 36.000 pesetas de los fondos del empleo comunitario para contratar tres autocares con objeto de transportar a 192 personas ...

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La Delegación Provincial de Trabajo de Cádiz ha suscitado una fuerte polémica con una nota en la que critica a varios ayuntamientos por el uso de fondos del empleo comunitario y, en concreto, acusa a varias corporaciones de haber incurrido en malversación de los mismos. Los casos citados por la Delegación de Trabajo son los de los municipios de Espera, El Gastor, Algodonales y Sanlúcar.

El caso más grave puede ser el del Ayuntamiento de Espera, que destinó utilizar 36.000 pesetas de los fondos del empleo comunitario para contratar tres autocares con objeto de transportar a 192 personas hasta Cádiz (recogieron también gente en Las Cabezas de San Juan) a una manifestación contra el paro que se desarrolló en la capital a últimos del pasado mes de junio. El alcalde de esta localidad de la serranía gaditana, Antonio Ferrete Viñero (PCE) ha reconocido a EL PAIS el uso de este dinero para facilitar la participación en la referida manifestación, aunque lo ha justificado diciendo que «no hubiese hecho falta hacerlo si el Gobierno se preocupase de luchar contra el paro. Además, a fin de cuentas, de lo que se trataba era de pedir trabajo».Asimismo, la Delegación de Trabajo ha señalado que el Ayuntamiento de Sanlúcar ha usado los fondos para adquirir armarios roperos por un importe de unas 72.000 pesetas. El alcalde de Sanlúcar, José Luis Medina Lapieza (PCE), ha asegurado que este dinero era de la rama general del empleo comunitario y lo que se hizo fue encargar a unos carpinteros la construcción de unas estanterías. Por otra parte, el señor Medina manifestó que el gasto fue efectuado por la Corporación anterior, al contrario de lo que se dice en la referida nota. El delegado de Trabajo, Jaime López Fando, ha reconocido a EL PAIS esto último, aunque ha añadido que las facturas han sido presentadas por la actual Corporación.

La nota señalaba que el Ayuntamiento de Algodonales ha comprado una carretilla dumper por un valor de 300.000 pesetas. El alcalde de esta localidad, Diógenes Valle Escursa (PSOE) ha justificado este gasto señalando que se hizo a cargo del 30% destinado a la compra de materiales y con ello se ahorran gran cantidad de dinero al mes al no tener que alquilar camiones para el transporte de materiales. Asimismo añadió que la compra se hizo con un acuerdo previo de las centrales sindicales. El delegado de Trabajo ha asegurado que de todos los casos señalados este es el, más justificado, aunque el 30% señalado está destinado para materiales fungibles.

Asimismo, la nota denuncia el uso de 6.500 pesetas por el Ayuntamiento de El Gastor (el alcalde, José Luis Nieto Gamero, de UCD) en sendos taxis a Torremolinos y Cádiz.

Paralización de envíos

La nota de la Delegación de Trabajo denuncia el hecho de que los ayuntamientos no envían los justificantes de los gastos. «Desde febrero no hemos podido completar ninguna partida del total de 917 millones que durante estos meses se han repartido por la provincia. Esto puede producir la paralización del envío de fondos para el empleo comunitario », ha señalado a la prensa local el señor López Fando. A pesar de ello, el delegado de Trabajo ha asegurado a EL PAIS que no está previsto por el momento esta paralización. En este sentido, el secretario provincial del PSOE, Alfonso Perales, ha señalado que esta amenaza «es una barbaridad, ya que estos fondos son casi de orden público, debido a que sin ellos en muchos pueblos se acabaría la vida».Por otra parte, el alcalde de Espera ha señalado a EL PAIS que este retraso se debe a que el Gobierno Civil «exige ahora muchas cosas que antes no pedían ».

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El señor López Fando ha señalado que no se ha hecho un uso político de los datos, pues se ha incluido alcaldías de casi todos los partidos, incluido UCD. Añadió que no puede admitir determinados usos de los fondos y que la nota ha sido motivada «porque esta delegación está harta de las acusaciones que se hacen a la Administración. de corrupción en lo relativo a estos fondos, para que así la gente forme su propio concepto de quién es quién en el manejo de los mismos».

El secretario provincial del PSOE ha calificado la nota del «extemporánea, ya que parece como si se quisiese culpar a la izquierda».

El alcalde de Jerez, Pedro Pacheco (PSA), amenazó recientemente con no distribuir los fondos del empleo comunitario, «ya que los ayuntamientos no tienen infraestructura para poner a trabajar a más de mil personas». En este sentido, el alcalde de Espera (PCE) ha criticado las normas del Gobierno Civil sobre el empleo de los fondos. Ha citado el ejemplo de que recientemente intentó transportar con este dinero aun grupo de trabajadores para la recogida del algodón y evitar que en algunas zonas se quede sin recolectar, lo que no le fue permitido por la Delegación de Trabajo. «Que se vengan ellos y lo organicen», concluyó el señor Ferrete.

El delegado de Trabajo, señor López Fando, ha asegurado que todo esto se produce porque «estamos rebasados por el paro».

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