El alcalde ofrecerá terrenos municipales para la reinstalación de Hipergranada

El nuevo alcalde de Granada, Antonio Jara, del PSOE, firmará, probablemente hoy, según ha podido saber EL PAIS de fuentes muy bien informadas, el decreto de demolición de las instalaciones comerciales que la sociedad cooperativa Hipergranada construyó ilegalmente junto a la carretera de Málaga, en terrenos de protección agrícola del Plan Comarcal. Las puertas del hiper se encuentran en la actualidad abiertas al público, gracias al plazo de un mes concedido, el pasado día 1, por el entonces alcalde provisional, Arturo González Arcas, del PSA, para que los cooperativistas se deshicieran de «los ...

El nuevo alcalde de Granada, Antonio Jara, del PSOE, firmará, probablemente hoy, según ha podido saber EL PAIS de fuentes muy bien informadas, el decreto de demolición de las instalaciones comerciales que la sociedad cooperativa Hipergranada construyó ilegalmente junto a la carretera de Málaga, en terrenos de protección agrícola del Plan Comarcal. Las puertas del hiper se encuentran en la actualidad abiertas al público, gracias al plazo de un mes concedido, el pasado día 1, por el entonces alcalde provisional, Arturo González Arcas, del PSA, para que los cooperativistas se deshicieran de «los productos perecederos acumulados en el interior del edificio ».

Al mismo tiempo, el señor Jara piensa proponer a la aprobación del Ayuntamiento, la oferta a Hipergranada de una parcela de terreno municipal, junto a las actuales instalaciones de Merca granada y en idénticas condiciones de explotación que esta empresa disfruta. Aunque se trata de terrenos rústicos, situados junto a la carretera de Badajoz e igualmente en zona no urbanizable del Plan Comarcal (la zona quince), en este caso seria posible aplicar, sin embargo, una excepción que permite su uso comercial, debido al posible carácter social del hiper, previa aceptación del caso por la Comisión Provincial de Urbanismo.La parcela que se ofrecería a los cooperativistas tendría idénticas proporciones y distribución que las del actual edificio de la carretera de Málaga (sala de ventas, almacenes y cafetería-restaurante), lo que equivale a unos 10.000 metros cuadrados. La parcela se encuentra, por otro lado, totalmente urbanizada y lista para su uso comercial, pues no sólo cuenta con dos accesos desde la carretera de Badajoz y sus correspondientes redes de agua potable, teléfono y electricidad, sino incluso con un aparcamiento con capacidad para varios centenares de plazas.

Los distintos grupos municipales granadinos están siendo, al parecer, consultados por Antonio Jara sobre la posible cesión de estos terrenos a la sociedad. cooperativa, si bien no se ha hecho pública por el momento una reacción, oficial u oficiosa, a la propuesta del alcalde.

No obstante, dirigentes andalucistas declararon ayer a este respecto a EL PAIS: «Nosotros únicamente estaríamos de acuerdo siempre que sea el Ayuntamiento quien cargue con los gastos del traslado y, por supuesto, siempre que la propuesta sea aceptada por los propios cooperativistas».

Cumplir con la ley

Preguntado el propio alcalde sobre el posible desenlace del caso del hiper, el señor Jara, que fue el primero en denunciar hace meses, como concejal delegado de Urbanismo, la ilegalidad del edificio, ni confirmó ni desmintió les rumores más arriba expuestos sobre la firma del decreto de demolición y la permuta de terrenos. Sí se ratificó, sin embargo, en sus declaraciones de la pasada semana a este diario, en el sentido de que «yo pienso cumplir la ley, y la ley me impone la obligación, como alcalde, de firmar el decreto de demolición».El señor Jara se refirió, asimismo, a las declaraciones del consejero de Política Territorial e Infraestructura de la Junta de Andalucía, el senador del PSOE Jaime Montaner, quien recientemente dijo en Granada que «decretar la demolición no significa que haya que destruir el edificio, sino impedir que éste entre en uso».

A pesar de que esto va no es posible, puesto que el hiper granadino lleva cuatro semanas en funcionamiento, ahora se trata, en definitiva, de «restablecer a toda costa la autoridad municipal del Ayuntamiento ».