Los centros de planificación familiar ni planifican ni funcionan

Hace unos días, la secretaría de política sectorial del PSOE expresaba su preocupación y protesta por el posible cierre de los diecinueve centros de orientación familiar que creó el Ministerio de Sanidad. Los criterios sobre planificación familiar del Gobierno y la oposición son bastante distintos: la Administración opina que los centros deben tener carácter asistencial y no parece aceptar la idea de que la pareja decida el número de hijos; al menos, no quiere que la pareja lo decida asesorada por el Ministerio de Sanidad. Mientras terminan en Madrid unas jornadas sobre «La salud y la planific...

Hace unos días, la secretaría de política sectorial del PSOE expresaba su preocupación y protesta por el posible cierre de los diecinueve centros de orientación familiar que creó el Ministerio de Sanidad. Los criterios sobre planificación familiar del Gobierno y la oposición son bastante distintos: la Administración opina que los centros deben tener carácter asistencial y no parece aceptar la idea de que la pareja decida el número de hijos; al menos, no quiere que la pareja lo decida asesorada por el Ministerio de Sanidad. Mientras terminan en Madrid unas jornadas sobre «La salud y la planificación familiar», organizadas por Sanidad con la colaboración de la Organización Mundial de la Salud y el Centro Internacional de la Infancia de París, los distintos problemas de los centros de orientación españoles se ponen sobre el tapete, una vez más y comienzan a ser debatidos en la calle.

Los centros de orientación familiar se crearon en septiembre de 1978, con Enrique Sánchez de León como ministro de Sanidad. Su creación estaba incluida por el PSOE en los acuerdos de la Moncloa y en la negociación participó el actual ministro, Rovira Tarazona, en representación de UCD, y Alberto Jarabo, entonces diputado de Alianza Popular por este partido. Tanto UCD como AP rechazaron de plano la denominación de centros de « planificación ». El PSOE opinó que UCD les daba un carácter estrictamente asistencial, y Alianza Popular se mostró en contra de los anticonceptivos y dijo que deben ser sólo «centros de paternidad responsable». Aunque se llegó a llamarles de «orientación», en ningún momento se regularon sus funciones.A juicio de Ciriaco de Vicente, secretario de política sectorial del PSOE, «los centros de orientación se ponen en marcha sin un estudio de las necesidades del país en cuanto a la fecundidad o desde el punto de vista sociolaboral o sanitario, y no se da a los encargados de los centros una formación específica. Se utiliza al personal de las entonces delegaciones provinciales de Sanidad y se crean equipos compuestos por un ginecólogo, una enfermera y un asistente social. Hay que tener en cuenta que en la facultad de Medicina de México o en Houston (Texas), los monitores de este tipo de centros hacen cursos de formación de tres o cuatro meses como mínimo.

Los centros de orientación familiar, en la concepción que les dio el Ministerio de Sanidad y Seguridad Social, no disgustaron sólo a la oposición. Tampoco surgieron como pensaba el equipo de la Subdirección General de la Condición Femenina, del Ministerio de Cultura, con cuya cooperación, en principio, pensaban organizarlos. Esta disparidad de criterios llegó a tal punto que las integrantes de la Subdirección de Condición Femenina se negaron a asistir a la inauguración del centro de Vallecas, en Madrid, pese a que habían sido invitadas por el Ministerio de Sanidad.

De los 74 centros de orientación familiar que prometió crear el Ministerio de Sanidad -compromiso del ministro recogido en el Boletín Oficial de las Cortes en respuesta a una interpelación de Carlota Bustelo, aunque el actual director general de Salud Pública, Luis Valenciano, explique que «eso lo dijo el anterior ministro» sólo entraron en funcionamiento diecinueve, aunque ahora UCD hable de que podrían abrirse más, sin que la Administración explicara los porqués de sus respectivos emplazamientos.

Las razones por las que todavía no se ha pagado al personal responden a causas diversas. En primer lugar, quienes atienden los centros no son personas formadas especialmente para ello, sino funcionarios, por lo que, aunque realicen en ellos un trabajo extra, no pueden cobrar dos veces. La financiación de los centros se hace con cargo al Fondo Nacional de Asistencia Social (Fonas), que suele encargarse de temas como la prevención de la subnormalidad o las ayudas a la tercera edad en caso de que no existan pensiones.

Para María del Mar Vanaclocha, subdirectora general de la Condición Femenina, «hay que afrontar directamente el tema de la planificación familiar, dado que hay una gran demanda social. El control del número de hijos que se quiere, dentro de la medicina preventiva y la salud pública, ha de ser algo más global que prevenir la subnormalidad. Es necesario estudiar el tema dentro de una política general de libertad de la pareja, que es la que hade decidir el número de hijos y el momento y las condiciones en que desea tenerlos. La planificación ha de ir precedida de una información y mentalización de todos, en beneficio de la mujer y de la estabilidad de la pareja».

Un ginecólogo que trabaja en el centro de una provincia dijo a EL PAIS: «Desde la creación de este centro, funcionó de maravilla alrededor de seis meses. Habíamos visto hasta seiscientas mujeres nuevas. Cuando vimos que no nos pagaban, dejamos de trabajar, y ahora sólo aceptamos revisiones, porque tenemos claro que esto puede irse al garete. Que no se escude el Ministerio en decir que no podían pagarnos porque somos funcionarios y ya percibíamos un sueldo por otro trabajo. Yo no soy funcionario, nunca me han pagado y jamás me han hecho un contrato, aunque me lo han prometido varias veces.»

Vuelve a surgir entonces la idea ya barajada en enero de este año: encargar a la Cruz Roja de que lleve adelante los centros de orientación en vez de hacerlo el Ministerio de Sanidad: el Ministerio le daría el dinero a la Cruz Roja, y ésta contrataría a las mismas personas que estaban ya realizando la labor.

«En definitiva», afirma Ciriaco de Vicente, «se solucionaba el problema legal de poder pagar a quienes trabajaban en los centros con la creación de un intermediario, la Cruz Roja en este caso, pero no se resuelven las cuestiones de una dedicación escasa y la falta de un preparación específica.»

Planificación y subnormalidad

El pasado 26 de octubre se firmó el convenio-marco entre ambos organismos, la Cruz Roja y el Ministerio de Sanidad y Seguridad Social. Dicho convenio se ocupa de la lucha antidiabética, antidroga, geriátrica, antirreumática y antialcohólica, así como de la «prevención de la subnormalidad y orientación familiar», conceptos que aparecen unidos. El convenio marco del 26 de octubre tiene que ser complementado con otros convenios concretos para cada punto, como diabetes o geriatría. El relativo a los centros de orientación familiar todavía no se ha firmado, aunque ya se ha adelantado el contenido. Los centros de orientación familitar tendrán como misión la «información, asesoramiento, diagnóstico clínico y social y orientación terapéutica en problemas relacionados con la esterilidad y procreación como medio de prevención de la subnormalidad».«Es decir», opina Ciriaco de Vicente, «es un desenfoque total. No se preocupan de la prevención; se continúa en la idea de dispensar anovulatorios sólo como medicamento curativo, no para impedir el embarazo.»

El Partido Socialista Obrero Español, por boca de Carlota Bustelo, intervino en un debate en el Congreso para pedir la despenalización de los anticonceptivos, la puesta en marcha de los acuerdos de la Moncloa, en cuanto a los centros de orientación familiar, y la gratuidad de los anticonceptivos con cargo a la Seguridad Social. Se sucedieron una serie de interpelaciones, mociones y proposiciones no de ley por parte del Partido Socialista, que perdía las votaciones.

El partido del Gobierno presentó una proposición no de ley sobre la despenalización de los anticonceptivos que salió adelante. Los anticonceptivos se despenalizaron, aunque con diversas trabas, referidas, unas, a dejar a la discrecionalidad del médico recetar anovulatorios o no, o colocar dispositivos intrauterinos, con lo que éste puede alegar motivos de conciencia, y otras a la inexistencia en el mercado español de métodos como los diafragmas y los propios dispositivos intrauterinos. Por otra parte, la despenalización de los anticonceptivos se vinculaba a las normas farmacéuticas más rígidas, la necesidad de receta y la prohibición de hacer cualquier tipo de publicidad.

Una nueva intervención socialista en el Parlamento, en septiembre del año pasado, sobre la creación de los centros de planificación familiar, se cruzó con un decreto del Gobierno por el que se creaban diecinueve centros de orientación con carácter de urgencia especial. Sobre el tema de la gratuidad de los anticonceptivos se acordó que ésta se llevara a cabo en el marco de las posibilidades presupuestarias de la Seguridad Social para 1979. En los presupuestos de la Seguridad Social para el presente año, el tema no apareció. «Sólo se dispensaron anovulatorios para anomalías de la menstruación y se dejaron de lado los demás aspectos», dice Ciriaco de Vicente. «Por eso nosotros volveremos a presentar el terna en el debate de los presupuestos para 1980. Ya hemos presentado una enmienda al respecto, en la que el PSOE pide la gratuidad de los anovulatorios. De momento, nos hemos quedado en los anovulatorios porque en los hospitales de la Seguridad Social no hay camas para atender las demandas de dispositivos intrauterinos, por ejemplo. El tema vamos a vincularlo a una enmienda global en la que, junto a la planificación familiar, meteremos el aborto, para ir concienciando al país.»