Responsabilizan a UCD de dilatar el acceso a la autonomía

La firme decisión de UCD de optar por la vía autonómica restringida (artículo 143 y concordantes de la Constitución) ha sido considerada por los otros tres partidos con representación parlamentaria en Asturias, PSOE, PCE y Alianza Popular, como un veto a la vía rápida (artículo 15 l), defendida por estas tres fuerzas políticas, que solicitaron un plazo de 48 horas para exponer, a sus respectivas direcciones, la irrevocabilidad de la postura centrista.Después de la infructuosa reunión del domingo, el PSOE, PCE y Alianza Popular deberán decidir si asumen o no la propuesta de UCD. En caso afirmat...

La firme decisión de UCD de optar por la vía autonómica restringida (artículo 143 y concordantes de la Constitución) ha sido considerada por los otros tres partidos con representación parlamentaria en Asturias, PSOE, PCE y Alianza Popular, como un veto a la vía rápida (artículo 15 l), defendida por estas tres fuerzas políticas, que solicitaron un plazo de 48 horas para exponer, a sus respectivas direcciones, la irrevocabilidad de la postura centrista.Después de la infructuosa reunión del domingo, el PSOE, PCE y Alianza Popular deberán decidir si asumen o no la propuesta de UCD. En caso afirmativo, Asturias sería la primera región que solicite la autonomía restringida, cuyas limitaciones han sido denunciadas por el PSOE, partido que pretende conseguir por la vía del artículo 151, ciertas atribuciones que permitan introducir los intereses regionales como variable decisiva en la gestión del sector público estatal, de enorme incidencia en la economía asturiana, y en la intervención regional compartida con el Estado, en la economía, los servicios sociales, la educación y en la orientación de los grandes parámetros culturales.

Para UCD una importante ventaja de la vía restringida es el calendario (te cinco años de autonomía gradual que prevé para permitir al Estado y a la región la asimilación del proceso autonómico. En su opinión, Asturias puede contar con esta vía con una asamblea legislativa -aspiración centrista irrenunciable- y un consejo de Gobierno. Con la finalidad de evitar una excesiva limitación de las competencias en el área social y económica, el partido del Gobierno propone recurrir a los mecanismos complementarios que prevé la Constitución para dotar a cada consejería regional de un mínimo funcional.

Estos mecanismos pueden ser la delegación administrativa revocable, o la utilización de las facultades discrecionales de libre designación que posee el Estado en distintos sectores de la función pública.