El 70 % de los comerciantes no pagan las multas

Las multas a comerciantes que pone el departamento de inspección de la Delegación Municipal de Abastos y Mercados quedan impagadas en más del 70% de los casos, según informan fuentes de la Delegación de Hacienda. Como consecuencia de esta situación, de las 27.000 multas impuestas entre el pasado año y los nueve primeros meses de éste, por un importe total de 58 millones de pesetas, a las arcas municipales, sólo han llegado diez millones, que corresponden a 7.200 multas cobradas por vía normal o ejecutiva.

MONTOLIUSegún informaba EL PAIS el pasado sábado, en 1978 el departamento de inspe...

Las multas a comerciantes que pone el departamento de inspección de la Delegación Municipal de Abastos y Mercados quedan impagadas en más del 70% de los casos, según informan fuentes de la Delegación de Hacienda. Como consecuencia de esta situación, de las 27.000 multas impuestas entre el pasado año y los nueve primeros meses de éste, por un importe total de 58 millones de pesetas, a las arcas municipales, sólo han llegado diez millones, que corresponden a 7.200 multas cobradas por vía normal o ejecutiva.

MONTOLIUSegún informaba EL PAIS el pasado sábado, en 1978 el departamento de inspección de Abastos realizó en los comercios y mercados madrileños 102.908 actuaciones y se levantaron 18.106 actas por la comisión de alguna de las veinte infracciones tipificadas en el reglamento de la inspección.Como consecuencia de las multas impuestas tendrían que haberse recaudado más de 36 millones de pesetas. Sin embargo, el balance anual señaló que el negociado de multas no fiscales y las agencias ejecutivas sólo habían conseguido cobrar multas por valor de 6.500.000 pesetas.

Los datos facilitados por el departamento municipal de inspección señalan que el mayor número de actuaciones en el pasado año se realizó en carnicerías -17.014-, seguido de las fruterías, con 13.038.

Pero ni los carniceros ni los fruteros son los únicos que figuran en el archivo de infractores de la Delegación de Abastos y Mercados. Según datos aproximados, el archivo cuenta con 50.000 fichas de otros tantos comerciantes que desde 1973 han sido sancionados en alguna ocasión. De esta cantidad, la mitad de las fichas pertenece al período que va desde 1977 hasta hoy, «ya que se ha intensificado el servicio», según manifestó Jesús Ortega, jefe del departamento de inspección.

A pesar de que algunas fichas tienen una antigüedad de seis años, los recargos por reincidencia sólo se producen en caso de que el comerciante haya cometido la misma falta en el año.

Si el archivo recibió el pasado año 18.000 actas, en los nueve primeros meses de 1979 el número de sanciones impuestas ha sido de 9.559. A este número habría que sumar las cerca de 2.000 amonestaciones realizadas y las intervenciones especiales orientadas a acabar con los canales paralelos no autorizados.

La proporción de multas cobradas desde enero a finales de septiembre es idéntica a la registrada en 1978. Si el pasado año el negociado de multas no fiscales y las agencias ejecutivas lograron cobrar unas 4.700 de las 18.000 sanciones impuestas, este año han sido pagadas unas 2.500 de las 9.559 citadas.

Tal como informaba EL PAIS, las causas más usuales por las que se imponen sanciones son los fraudes por desnivel de báscula, la falta de envoltura, la inclusión del peso de la envoltura en el peso total, la falta de marchamos o garantías de origen de ciertos productos y la colocación de salientes o bultos fuera del puesto comercial.

Según informaron algunos representantes de comerciantes, «el reglamento tendría que ser cambiado, ya que recoge situaciones que hoy no se producen o que son debidas a factores ajenos a los mismos comerciantes. Hemos pedido y hasta denunciado repetidas veces que tendría que ser la Administración la encargada de controlar temas como el marchamo, ya que el comerciante tiene que aceptar un envío de pollos, por ejemplo, sin garantía, debido a la fuerte competencia existente. La falta de marchamo es culpa del matadero, que así se ahorra una cantidad de dinero por pollo, que tendría que pagar a Sanidad; todo se arreglaría con un control gubernativo de los mataderos. Lo mismo pasaría si se aceptara que los salientes son imprescindibles cuando el puesto no cuenta con el espacio necesario para desarrollar en él una actividad comercial».