Acusados de racismo los consorcios alemanes instalados en Suráfrica
Meses después de que el Gobierno de la República Federal de Alemania desmintiese categóricamente supuestas implicaciones de Bonn en la dotación militar y atómica de Suráfrica, un grupo de parlamentarios socialdemócratas y liberales del bundestag han atribuido al mismo Gobierno ser excesivamente benévolo con los grandes consorcios de la RFA, que cuentan con filiales o representaciones en el cono sur de África.Según una carta remitida por estos diputados al ministro de Asuntos Exteriores de Bonn, los grandes consorcios alemanes establecidos en la República surafricana no sólo violan los derechos...
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Meses después de que el Gobierno de la República Federal de Alemania desmintiese categóricamente supuestas implicaciones de Bonn en la dotación militar y atómica de Suráfrica, un grupo de parlamentarios socialdemócratas y liberales del bundestag han atribuido al mismo Gobierno ser excesivamente benévolo con los grandes consorcios de la RFA, que cuentan con filiales o representaciones en el cono sur de África.Según una carta remitida por estos diputados al ministro de Asuntos Exteriores de Bonn, los grandes consorcios alemanes establecidos en la República surafricana no sólo violan los derechos fundamentales de la persona, sino que también ocultan o tergiversan los datos ofrecidos por ellos para la elaboración de un informe oficial, en respuesta a lo acordado por los ministros de las Comunidades Europeas en el otoño de 1977. Los mismos decidieron obligar a las respectivas empresas a que renunciasen a la discriminación racial en sus plantas de producción establecidas en el citado país del apartheid.
En el informe oficial de Bonn figuran unas cincuenta empresas que han remitido información sobre las relaciones internas en sus fábricas, mientras que las firmas alemanas establecidas en Suráfrica superan el centenar.
De las cincuenta que han enviado informes para la elaboración del estudio, las más importantes han falseado los datos, según la carta de los parlamentarios, a pesar de que, desde finales de 1977, es obligatorio, teóricamente, que cualquier empresa que quiera establecerse en Suráfrica o desee beneficiarse de créditos alemanes deba obligarse previamente a garantizar que ha renunciado efectivamente a la discriminación racial en sus servicios a los empleados blancos y de color.
La misma crítica de los parlamentarios se extiende al Ministerio de Economía, presidido por el conde Lambsdorf, aunque no se nombra expresamente a este departamento.
Los diputados lamentan que el informe oficial omita los nombres de las empresas que han aportado documentación y de las que no han colaborado con esta iniciativa.
En un estudio paralelo, publicado por el Grupo de Acción Evangélica sobre Cuestiones Obreras, de la iglesia protestante, se atribuye a las empresas BMW, Daimler-Beriz, Henkel, Linde y Hoechst, el impedir sistemáticamente la actividad de los sindicalistas de color, abonar salarios diferentes a los trabajadores negros y blancos y practicar la discriminación en cantinas y servicios higiénicos.