Crisis política en Italia

EL ESQUEMA de la crisis política italiana es tan simple como inquietante: el segundo partido del país -el Comunista- no puede entrar en el Gobierno ni estar en la oposición. No puede estar en el Gobierno porque una serie de vetos lo impide: desde Estados Unidos y las alianzas exteriores del país hasta el capital, la Iglesia y el Ejército, sin olvidar a los partidos que más o menos representan estos intereses: el primero, la Democracia Cristiana. Pero no puede estar en la oposición porque, dado el malestar profundo en que vive Italia, acapararía amplias masas descontentas, que ahora se dividen ...

EL ESQUEMA de la crisis política italiana es tan simple como inquietante: el segundo partido del país -el Comunista- no puede entrar en el Gobierno ni estar en la oposición. No puede estar en el Gobierno porque una serie de vetos lo impide: desde Estados Unidos y las alianzas exteriores del país hasta el capital, la Iglesia y el Ejército, sin olvidar a los partidos que más o menos representan estos intereses: el primero, la Democracia Cristiana. Pero no puede estar en la oposición porque, dado el malestar profundo en que vive Italia, acapararía amplias masas descontentas, que ahora se dividen entre una indiferencia resignada, un inconformismo sin canal, un izquierdismo desmigajado o un sindicalismo con tendencia a la «huelga salvaje», a una serie de acciones fragmentadas que no tienen en cuenta un interés general del país y de la política social y económica. Para resolver este misterio, Italia, a la que siempre se atribuyen fórmulas y compromisos ambiguos, heredados de los tratadistas políticos de Florencia y de Venecia, buscó el pacto, el acuerdo del «arco constitucional»: seis partidos que forman en el Parlamento una mayoría suficiente. La faz del Gobierno la tendría la Democracia Cristiana: el fondo, unos acuerdos mutuos entre todos. Durante veintiún meses -diez de ellos con el último Gobierno-, el pacto ha funcionado, pero con dos problemas permanentes: la amenaza de la Democracia Cristiana de considerar esta situación como de «emergencia», pasada la cual volvería a reunirse con sus antiguos aliados no comunistas, dejando al PCI en una oposición sin gajes; y el conjunto de la falta de salida para los temas más graves. El PCI se encontraba así, según sus tesis actuales, sometido al papel de comparsa -de tonto útil-, perdiendo cada vez más adhesión popular, y sin esperanza de recoger los frutos para sí mismo. Romper el pacto y abrir la crisis significa para el PCI situar a la DC ante el dilema de admitir sus ministros en el Gobierno o dejarle ir a la oposición.El partido se defiende de la acusación más corriente: la de partidismo, contrario a las necesidades nacionales. Tendería el PCI a reconstruir una unidad que se resquebraja -en lo cual no es una excepción: todos los otros partidos están sufriendo de lo mismo-, que verla reconstruida en el XV Congreso, que se celebrará en marzo; a ganar votos en unas próximas elecciones generales -que podrían anticiparse si la crisis no tiene solución - y a presentar una imagen compacta y clara en las elecciones europeas. Si fuera así, su acción iría decididamente a quedarse en la oposición. En su defensa alega todo lo contrario: que lo que quiere es participar en el Gobierno, y, por tanto, reducir sus aspiraciones de partido y hasta sus viejos y permanentes impulsos de doctrina, en favor de la solución nacional (no otra cosa es la fórmula teórica del eurocomunismo). Pero todas las reflexiones convergen el sentido de que el PCI sabe que no le van a dejar participar en el Gobierno y, por tanto, que va a quedarse en la oposición, pero culpando de ello a los demás -lo cual es al mismo tiempo falso y exacto, contradicción que en política es tan frecuente como en filosofía.

Queda por saber si el conjunto de problemas nacionales -la inflación, el paro, la situación dramática del Sur, el terrorismo, la crisis de la escuela y de la universidad, el exceso de burocracia, la corrupción, la reforma de la policía, el pacto agrario, la ordenación del sindicalismo...- se resolverían con una participación comunista en el Gobierno. Porque si el esquema de la crisis política es sencillo de definir, el fondo de la crisis nacional, la degeneración de la democracia en Italia y el avance de la pobreza son bastante más difíciles de corregir. Y un par de ministros del PCI en un Gobierno donde estuvieran representantes de la DC, socialistas, socialdemócratas y republicanos diricilmente harían otra cosa más que compartir con todos una responsabilidad ante la nación.

Los pasos, ahora, de la crisis serán estos: Andreotti, encargado por el presidente Pertini de volver a formar Gobierno, consultará con los partidos después de los «días de reflexión»: esa consulta se hará con el ánimo de reconstruir el pacto del «arco constitucional», y los comunistas, si son consecuentes, dirán que no pueden volver a lo que han roto. Andreotti tendrá tres posibilidades entonces: rechazar el encargo del presidente, tratar de buscar un pacto con los otros partidos o provocar, de acuerdo con el presidente, una disolución de la Asamblea y unas elecciones generales -en las que probablemente perderían escaños los comunistas-. En cualquiera de los tres casos, la DC tratará de hacer ver que el culpa le de esta crisis -que en cualquier caso ha de ser larga- es el PCI, de forma que su paso a la oposición esté descalificado.

Tarde o temprano, con otro designado para formar Gobierno, con alianzas antiguas o con elecciones generales, la crisis política se resolverá. Los problemas del país, no. Este Gobierno que se disuelve es el trigésimo octavo desde que terminó la guerra y se estableció la democracia. Lo que está sucediendo ya es un regreso a la confrontación entre la izquierda y la derecha, como en los tiempos de la «guerra fría», y quizá porque se está atravesando otra «guerra fría». En este aspecto, el Congreso del PCI y sus enfoques del tema eurocomunista tendrán u gran interés, y no sólo italiano, sino europeo.