El convenio de Renfe abre la polémica sobre limitación salarial

El acuerdo de principio alcanzado en el convenio de Renfe entre empresa y trabajadores, que supone la aceptación de un aumento salarial del 14%, que puede incluso llegar al 15% con el cumplimiento de algunos compromisos pendientes de anos anteriores, ha despertado la primera polémica importante sobre una eventual violación del decreto-ley de control de rentas.En opinión de las centrales sindicales, en el caso de Renfe se ha superado en tres puntos lo dispuesto en el decreto-ley de control de rentas, que suponía para Renfe que el aumento máximo aceptable por el Gobierno no debería superar el 11...

El acuerdo de principio alcanzado en el convenio de Renfe entre empresa y trabajadores, que supone la aceptación de un aumento salarial del 14%, que puede incluso llegar al 15% con el cumplimiento de algunos compromisos pendientes de anos anteriores, ha despertado la primera polémica importante sobre una eventual violación del decreto-ley de control de rentas.En opinión de las centrales sindicales, en el caso de Renfe se ha superado en tres puntos lo dispuesto en el decreto-ley de control de rentas, que suponía para Renfe que el aumento máximo aceptable por el Gobierno no debería superar el 11%.

El presidente de Renfe, por su parte, considera que el convenio se ajusta plenamente al decreto-ley, ya que Renfe no tiene salarios superiores a la media del sector y su carácter de empresa deficitaria es discutible, ya que sus insuficiencias financieras se deben al carácter de empresa pública y a las obligaciones que ello conlleva. El déficit no es tal, según el presidente de Renfe, y debe calificarse de subvención. Renfe ha consultado formalmente al Gobierno sobre el encaje del proyecto de convenio y el decreto-ley de control de rentas. En este sentido, en la noche del lunes directivos de la empresa mantuvieron una larga entrevista con el vicepresidente Abril Martorell.

A última hora de la tarde de ayer, el señor Abril señalaba a EL PAÍS que el caso de Renfe, con una media de salarios brutos del orden de 625.000 pesetas, inferior a la media del sector e incluso del país, con una sensible reducción de sus plantillas en los últimos años y un esfuerzo de mantenimiento de cuentas de explotación, no es encajable dentro del grupo de empresas públicas afectadas por la parte baja (11%) de la banda de aumentos salariales. La posición del Gobierno, dijo el señor Abril, será rigurosa en la aplicación del decreto-ley, y las empresas con salarios superiores a las 900.000 pesetas tendrán que someterse a aumentos proporcionales del 11 %.

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