El funcionariado del INI

Desde hace varios días, una empresa especializada de solvencia internacional realiza un estudio sobre racionalización y optimización del trabajo -diseño de plantillas incluido- en la sede central del Instituto Nacional de Industria (INI), primer holding industrial español. La decisión, directamente impulsada por el actual presidente, José Miguel de la Rica, ha conmovido al personal del pintoresco edificio de la plaza del Marqués de Salamanca, sede central del ente estatal.Desde su fundación por Juan Antonio Suances, el INI ha ido acumulando burocracia artificiosa, cargando su nómina de ...

Desde hace varios días, una empresa especializada de solvencia internacional realiza un estudio sobre racionalización y optimización del trabajo -diseño de plantillas incluido- en la sede central del Instituto Nacional de Industria (INI), primer holding industrial español. La decisión, directamente impulsada por el actual presidente, José Miguel de la Rica, ha conmovido al personal del pintoresco edificio de la plaza del Marqués de Salamanca, sede central del ente estatal.Desde su fundación por Juan Antonio Suances, el INI ha ido acumulando burocracia artificiosa, cargando su nómina de personajes sin función y dotando los más fantasmagóricos servicios y organismos que imaginarse puedan. Recorrer las listas del personal del Instituto es como releer la historia reciente de España, por la cantidad de apellidos ilustres que en ellas se incluyen. Cerca de 1.800 funcionarios componen la nómina del primer holding industrial del país. ¿Cuántos serían necesarios?

Dejando al margen consideraciones presupuestarias, la persistencia de esta estructura fantasmagórica ha perjudicado notablemente al INI y a los numerosos profesionales, honestos y competentes, que sí vienen dedicando su esfuerzo al organismo, cuidando sobre todo de garantizar su viabilidad futura, a pesar de los manejos políticos a que le han sometido todos y cada uno de los Gobiernos de este país. Pero, además, resulta que la compleja e inútil burocracia allí instalada limita considerablemente el impulso de los aires renovadores que el actual presidente se propone incorporar al INI, justo es decir que, por primera vez, con criterios empresariales.

A nadie escapa que los resultados del estudio emprendido sobre el INI pueden ser de lo más renovadores. Lo que cabe esperar es que el experimento no quede aislado y su aplicación se extienda a otros ámbitos de la Administración y las propias empresas del Instituto. No hay que olvidar que la Administración española y el sector público en general son los más caros e ineficaces de los de los países desarrollados, aunque los niveles retributivos de los funcionarios estén por lo general por debajo de lo aconsejable. Precisamente para mejorar este último aspecto, se hace imprescindible delimitar con exactitud cuántos y para qué deben ser los organismos estatales y de la Administración y cuál debe ser su dotación exacta.

Experiencias como la iniciada en el IN I nos traerán, a no dudar, muchas e indignantes sorpresas.