La normativa sobre instalaciones de teléfonos, discriminatoria para Galicia

Una orden del Ministerio de Transportes y Comunicaciones sobre la instalación del teléfono en extraradios y zonas rurales, preocupa a algunos sectores gallegos que la consideran de difícil aplicación real a las características de Galicia.

Así sucede, por ejemplo, que las condiciones fijadas en la orden para que se considere que una población es agrupada o dispersa y tenga por tanto ventajas a la hora de instalar el teléfono, se necesita que tenga como mínimo trescientos habitantes, diste por lo menos cien metros de otra entidad poblacional o posea una densidad mínima de sesenta habitant...

Una orden del Ministerio de Transportes y Comunicaciones sobre la instalación del teléfono en extraradios y zonas rurales, preocupa a algunos sectores gallegos que la consideran de difícil aplicación real a las características de Galicia.

Así sucede, por ejemplo, que las condiciones fijadas en la orden para que se considere que una población es agrupada o dispersa y tenga por tanto ventajas a la hora de instalar el teléfono, se necesita que tenga como mínimo trescientos habitantes, diste por lo menos cien metros de otra entidad poblacional o posea una densidad mínima de sesenta habitantes por hectárea. Con estas condiciones los precios de instalación y conservación telefónicos se rigen por tarifas muy reducidas que corresponden a 7.000 pesetas por cada kilómetro de instalación, contra las 22.000 pesetas de las tarifas generales.

Galicia es distinta

«Todo esto está muy bien -declaró a EL PAIS, José Manuel Páramo, de la comisión mixta de transferencias de la Junta de Galicia-, si tuviera una aplicación eficaz a Galicia, pero sucede que el 98,62% de las entidades de población gallegas tienen menos de trescientos habitantes. En Galicia se da la circunstancia de que el 56% de la población vive en núcleos menores de trescientos habitantes.»«Es más -añade-, en el campo, el 83% de la población vive en estos núcleos que discrimina la orden. Quedan fuera, por tanto, de la aplicación práctica de la ley aquellas zonas que mayor necesidad tienen del teléfono rural como son las zonas de montaña y los lugares hasta ahora más aislados.»

Sectores próximos a la Junta de Galicia consultados por EL PAIS no dudaron en manifestar que cada vez se siente con más fuerza la necesidad de traspasar competencias administrativas a Galicia para que las medidas de Gobierno que se adopten en Madrid no lesionen, gravemente los derechos que puedan corresponder a los gallegos. «Esta ley -añadió José Manuel Páramo-, bien intencionada socialmente, resulta inoperante para Galicia al no contemplar su aplicación a una realidad absolutamente distinta a la del resto de España. Y este es precisamente su fallo tan grave que la convierte en papel mojado para nosotros.»