"Garrigues debe explicar las bases de la nueva ley de Arrendamientos"

«Joaquín Garrigues debe hacer una declaración pública en la que explique definitivamente cuáles son los criterios y el proyecto que su Ministerio va a seguir para revisar la ley de Arrendamientos Urbanos.» Esta es una de las peticiones hechas al señor Garrigues por parte de las coordinadoras de inquilinos de Madrid y Barcelona, reunidas en Madrid para dar una respuesta conjunta a las declaraciones hechas a EL PAÍS por Eduard Merigó (véase EL PAÍS de 19 de octubre).En la reunión entre ambas coordinadoras se puso de manifiesto la necesidad de esta aclaración en base a las distintas manifestacion...

«Joaquín Garrigues debe hacer una declaración pública en la que explique definitivamente cuáles son los criterios y el proyecto que su Ministerio va a seguir para revisar la ley de Arrendamientos Urbanos.» Esta es una de las peticiones hechas al señor Garrigues por parte de las coordinadoras de inquilinos de Madrid y Barcelona, reunidas en Madrid para dar una respuesta conjunta a las declaraciones hechas a EL PAÍS por Eduard Merigó (véase EL PAÍS de 19 de octubre).En la reunión entre ambas coordinadoras se puso de manifiesto la necesidad de esta aclaración en base a las distintas manifestaciones hechas por el Ministerio sobre las bases del proyecto que servirá de punto de partida para la nueva ley de Arrendamientos Urbanos: el que fue hecho público en julio y que se basaba en una liberalización total de los alquileres, frente al elaborado por la Dirección General de Arquitectura, en el que se propugnaba el control sobre los arrendamientos urbanos.

En cuanto a las manifestaciones hechas por el señor Merigó relativas a la necesidad de que la nueva ley tiene que ser «absolutamente liberal porque el control de alquileres sería el fin de la libre economía de mercado», los representantes de las dos coordinadoras manifiestan que la defensa de ese criterio sólo puede llevar a dejar al mercado de alquileres al libre arbitrio del lucro privado en detrimento de los intereses de los inquilinos.

«Creemos -manifiestan- que el partido del Gobierno, a cuyo consejo político pertenece el señor Merigó, tendrá que escoger entre los votos de las inmobiliarias y los de los 415.000 inquilinos de Madrid y los 600.000 de Barcelona.»