Duras críticas sindicales al proyecto de ley de negociación colectiva
De antidemocrático y restrictivo ha sido calificado por las centrales de menor implantación el proyecto de ley de negociación colectiva aprobado por el último Consejo de Ministros. Los dos sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, se encuentran reunidos este fin de semana para tratar del contenido del mismo y adoptar una postura pública al respecto.
La exigencia de un 10% de representantes de los trabajadores afiliados para que una central pueda acudir a la negociación de convenios de ámbito superior a la empresa (sectoriales, regionales o nacionales) ha irritado profundamente a sindicatos q...
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De antidemocrático y restrictivo ha sido calificado por las centrales de menor implantación el proyecto de ley de negociación colectiva aprobado por el último Consejo de Ministros. Los dos sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, se encuentran reunidos este fin de semana para tratar del contenido del mismo y adoptar una postura pública al respecto.
La exigencia de un 10% de representantes de los trabajadores afiliados para que una central pueda acudir a la negociación de convenios de ámbito superior a la empresa (sectoriales, regionales o nacionales) ha irritado profundamente a sindicatos que aun actuando a nivel estatal no van a alcanzar ese porcentaje en muchos sectores y van a quedar excluidos de la negociación. En los meses anteriores, a lo largo de los múltiples contactos que sobre el tema de la negociación colectiva han mantenido las distintas centrales con la Administración y la patronal se han barajado dos porcentajes de afiliación: el 5% y el 10%. La primera de las cifras permitiría la presencia de sindicatos como CSUT, SU y USO en la negociación de múltiples convenios, lo que a su vez influiría en su consolidación y fortalecimiento. La necesidad de una mayor representatividad -ciertos sectores consideran insuficiente incluso el 10% de cara al futuro- ha sido argüida para elevar los mínimos de afiliación necesarios, lo que por una parte otorga mayor fuerza a los interlocutores de la patronal y por otra resta posibilidades a las tentaciones -que las ha habido y las hay- de potenciar sindicatos no. marxistas. Entre las dos opciones, el Gobierno de UCD se ha decidido por la primera, aun a sabiendas de que fortalece con ello el hegemonismo de CCOO y UGT.Un portavoz del SU se quejaba amargamente de que el Ministerio de Trabajo no hubiera hecho ningún caso de las opiniones que sobre negociación colectiva le había expresado en diversas entrevistas. «Es un texto muy restrictivo de la participación sindical. No sólo por el mínimo del 10%, ya que también excluye de la negociación a los funcionarios y el personal civil de la Administración militar.» Las facultades de intervención de la Administración son excesivas, según el citado portavoz, ya que se otorga la facultad de dictar laudos sin un mínimo en materia de subidas salariales.
Jerónimo Lorente, secretario general de la CSUT, calificaba el texto de «antidemocrático» en unas declaraciones a Press. Tras criticar el porcentaje del 10%, «que deja fuera de la negociación a muchos trabajadores», y la exclusión de los funcionarios, Jerónimo Lorente afirma también que el anteproyecto «impide la negociación de aspectos relacionados con la Seguridad Social y excluye la posibilidad de negociar ampliaciones de las garantías sindicales a las centrales, comités de empresa y delegados de personal».
La postura de CCOO sobre el proyecto de negociación colectiva se conocerá probablemente mañana, al término de la reunión del Consejo Confederal (máximo organismo de esta central entre congresos), que está estudiando a lo largo de este fin de semana este tema y el, de los posibles nuevos pactos socio-políticos.
La segunda central del país, UGT, también estudia este fin de semana, a nivel de secretarios generales de las federaciones de industria y de las organizaciones territoriales, el contenido del proyecto de ley de convenios.
La decisión que adopten estas dos centrales, favorecidas en principio por el mínimo exigido para la negociación de convenios, va a ser decisiva para la suerte del proyecto de ley. La exclusión de los funcionarios de la negociación, sin embargo, puede condicionar su actitud, ya que ambas centrales han defendido con fuerza los derechos sindicales de estos trabajadores.