Investigaciónsobre las escuchas telefónicas a Martín Villa

El Ministerio del Interior ordenó ayer la apertura de una investigación sobre el affaire de las escuchas telefónicas de que ha podido ser víctima el titular del departamento, señor Martín Villa, por parte de funcionarios del Cuerpo General de Policía. Sin embargo, todavía no ha puesto en conocimiento del ministerio fiscal los datos publicados en Diario 16 y, otros periódicos vespertinos de Madrid, según los cuales las supuestas cintas grabadas, que se hallan en poder de miembros de la Asociación Profesional, serán destruidas «para no perjudicar a más compañeros, según decisión tomada por la di...

El Ministerio del Interior ordenó ayer la apertura de una investigación sobre el affaire de las escuchas telefónicas de que ha podido ser víctima el titular del departamento, señor Martín Villa, por parte de funcionarios del Cuerpo General de Policía. Sin embargo, todavía no ha puesto en conocimiento del ministerio fiscal los datos publicados en Diario 16 y, otros periódicos vespertinos de Madrid, según los cuales las supuestas cintas grabadas, que se hallan en poder de miembros de la Asociación Profesional, serán destruidas «para no perjudicar a más compañeros, según decisión tomada por la directiva de la asociación».

Miembros de esta corporación indicaron a Diario 16 que la iniciativa de estas grabaciones partió del servicio habitual de escucha, encuadrado en la Dirección General de Seguridad, alguno o algunos de cuyos miembros, al estallar el conflicto entre la asociación y el Ministerio del Interior, intervinieron los teléfonos de Martín Villa.A pesar deque no hay pruebas de la existencia de las grabaciones y cobran fuerza las dudas sobre tal posibilidad, lo cierto es que, según las mismas fuentes, éstas fueron ofrecidas a miembros de la asociación en una reunión que se celebraba en la sede de la misma. Esto significa que al margen de la existencia o no de las grabaciones, los asistentes a la reunión, obviamente funcionarios, podrían ser perseguidos. por encubrimiento de delito y por haber faltado a su obligación de perseguirlo.

La investigación abierta por el Ministerio del Interior se encaminaría precisamente a la identificación del o de los funcionarios que comparecieron ante la asociación para ofrecer las grabaciones «por considerarlas de interés en el conflicto planteado». En medios oficiosos no se registraba especial convicción en cuanto al éxito de la investigación policial. Sin embargo, «el servicio habitual de escucha», supuesto autor del espionaje sobre Martín Villa, está compuesto por un limitadísimo, número de funcionarios, dado el carácter excepcional de su actuación.

Este servicio es el que a instancia del Ministerio del Interior, previo conocimiento de la autoridad judicial y por orden del delegado del Gobierno en Telefónica, ejecuta materialmente las interferencias que el vigente decreto-ley antiterrorista permite con carácter excepcional. EL PAÍS no pudo averiguar ayer el número de funcionarios adscritos al servicio, pero, comentó una fuente,responsable, no pueden ser muchos.

Puestos al habla con un miembro de la junta nacional de la asociación para conocer si ésta había ordenado alguna investigación sobre los supuestos hechos en que aparecen implicados miembros de la corporación, éste se remitió a la postura oficial que el órgano directivo viene manteniendo desde hace dos días: « Los órganos rectores, tanto a nivel nacional como regional desconocen la existencia de esas supuestas grabaciones.» Preguntado sobre si los nuevos datos publicados en las últimas veinticuatro horas daban pie a una nueva nota de la junta nacional, que se ha constituido en único portavoz válido, el citado directivo manifestó que en la sede de la asociación no se habían celebrado más reuniones que las de la junta nacional y que desde luego en ellas jamás salieron a relucir las supuestas grabaciones.

La asociación no sabe de las grabaciones

Un miembro de la asociación manifestó a EL PAÍS que dudaba mucho de la existencia de esas grabaciones, ya que «por la forma en que se han producido las informaciones relativas al caso da la impresión de que policía es tonta», y añadió que no se podía descartar que en lo que él denominaba una reunión de café -lo que no quiere decir precisamente que se llevara a cabo en un lugar destinado a la degustación de semejante producto-, alguien hubiera podido afirmar que estaba en posesión de las grabaciones.

En definitiva, la asociación declina la apertura de una investigación y opta por considerar inexistentes las cintas magnetofónicas con conversaciones de Martín Villa y por no celebrada en su sede, próxima a la QGS, la supuesta reunión en que se anunció la existencia. de las escuchas.

Por su parte, el Ministerio del Interior considera como hipótesis más probable que las grabaciones no existen y que se trata más bien de un farol de algún miembro de la asociación ante sus compañeros. Y ello por dos razones primero, porque el contenido de la conversación telefónica mantenida entre el ministro y el director de EL PAÍS no pasó de una mera cita y, segundo, porque en el caso de que se hubiera grabado el encuentro entre ambos dificilmente podía haberse registrado frase alguna sobre la asociación y miembros de ella, ya que el día que se produjo la entrevista todavía no se había originado el conflicto.

Gestos de buena voluntad

Continúa, por otra parte, sin aclararse si han dimitido o no de sus puestos directivos en la asociación los señores Cabrerizo, presidente de la junta nacional, y Manuel Dafauce, presidente de la junta regional de Vizcaya y miembro de la nacional. En diversas consultas efectuadas por EL PAÍS miembros de la asociación, sin negar que en la reunión de Mariano Nicolás con los delegados nacionales celebrada el martes éstos anunciaran ambas dimisiones, afirman que los señores Cabrerizo y Dafauce siguen en sus puestos de responsabilidad en el órgano reetor de la corporación.

Probablemente estas dimisiones, que de hecho se han producido, no lo harán de derecho hasta la celebración de una asamblea general, y podrían formar parte de un gesto de buena voluntad que el director general de Seguridad solicitó en la entrevista con los delegados, a cambio de idéntico gesto que ellos pedían a la autoridad gubernativa y que, consistiría en el sobreseimiento de los expedientes. Como Mariano Nicolás se negó en rotundo a interferir la marcha del procedimiento que se sigue contra los autores de la nota conflictiva, las dimisiones se han congelado de momento.

Sin embargo, puede quedar abierto un camino para la política de gestos de buena voluntad. Los delegados solicitaron al director general de Seguridad autorización para celebrar una asamblea general de la asociación la próxima semana. El tema quedó pendiente de resolución ya que a causa de las vacaciones la sobrecarga de servicio puede, en opinión del director general, no aconsejar el desplazamiento a Madrid de los sesenta miembros de la asamblea general. (En este sentido, por sobrecarga del servicio o acaso por negligencia, uno de los policías que tenía como misión custodiar el domicilio del ministro de Educación fue sorprendido tan profundamente dormido por Iñigo Cavéro, que éste le quitó la gorra sin que el funcionario supiera dónde se hallaba la prenda hasta que le fue devuelta la mañana siguiente.)

Evidentemente, la sobrecarga política podría influir también en el ánimo de Mariano Nicolás para autorizar o no la celebración de la asamblea. Dado el desarrollo amistoso de la entrevista del martes, en medios de la asociación se está en el convencimiento de que la reunión va a llevarse a cabo lasemana próxima. Una fuente consultada por EL PAÍS no quiso precisar en qué puede consistir el gesto de buena voluntad de la asociación. «Sería prejuzgar el desarrollo de la asamblea a la que cada cual llevará sus propuestas», dijo.

Es probable que en medios gubernamentales, al margen de los relevos que se produzcan en la junta, se entienda como gesto conciliador mínimo el reconocimiento de que la nota causante del conflicto fue un error digno de corrección. Como contrapartida, podría atenuarse la tipificación de las faltas cometidas por los redactores de la nota. En ningún caso dejarían de ser consideradas faltas graves.