Constitución y elecciones

Vicepresidente de Acción Ciudadana Liberal

El borrador de la Constitución se ha aprobado ya, sin grandes variaciones, en el Congreso de los Diputados y está ya en el Senado. Es posible que éste retoque el texto en algunos aspectos, que pueden ser el concepto de nacionalidades, la enseñanza y otros artículos cuyo contenido y redacción resultan ambiguos. Con todo, creo que el proyecto constitucional estará listo para el referéndum en septiembre próximo y en octubre podrá someterse a la consulta popular. Aunque ni ACL ni el PP de C hayan tenido participación en la elaboración co...

Vicepresidente de Acción Ciudadana Liberal

El borrador de la Constitución se ha aprobado ya, sin grandes variaciones, en el Congreso de los Diputados y está ya en el Senado. Es posible que éste retoque el texto en algunos aspectos, que pueden ser el concepto de nacionalidades, la enseñanza y otros artículos cuyo contenido y redacción resultan ambiguos. Con todo, creo que el proyecto constitucional estará listo para el referéndum en septiembre próximo y en octubre podrá someterse a la consulta popular. Aunque ni ACL ni el PP de C hayan tenido participación en la elaboración constitucional, es claro que deberán tomar posición ante el nuevo ordenamiento jurídico de nuestra vida pública.

La nueva Constitución es, en principio, aceptable para la España de fines del siglo XX. Establece un régimen de derecho, social y democrático, basado en el sufragio, en el Parlamento, en el pluralismo y en las libertades; y ello parece corresponder adecuadamente a la sociedad que tenemos delante. Algunas expresiones de los artículos de la Constitución son equívocas o farragosas y sujetas a interpretaciones confusas. Añadamos también que se nos antoja excesivamente larga, profesoral y doctrinaría. Pero, en conjunto, la creemos válida. Todas las constituciones que hay en el mundo moderno son utilizables si la clase política y los ciudadanos saben qué hacer con ellas y saben, sobre todo, respetar su contenido.

Imagino que tanto nuestro partido como la nueva mayoría que propugnamos recomendarán el voto favorable a la misma a sus afiliados y simpatizantes. Fuimos nosotros quienes en los ya lejanos días del Partido Popular propusimos que se convocaran -en enero de 1976- elecciones generales para un Congreso Constituyente. Y aunque no se quiso dar ese nombre a las Cortes del 15 de junio, el hecho es que se convirtieron en constituyentes y han dado a luz una Constitución. Es preciso decir, sin embargo, que esa elaboración se ha efectuado a espaldas del pueblo, al que ni se le ha informado debidamente ni se le ha convocado para que emitiera su Parecer. Los partidos, enfrascados en el espejismo del consenso, han redactado la Constitución en pactos cerrados, oscuros, de sobremesa: en una simple tertulia de portavoces nada democrática. El resultado ha sido un texto del que las gentes conocen poco y, lo que es peor, apenas se interesan. Es un mal comienzo para el rodaje democrático. Y es esa una de las más poderosas razones por las que las elecciones generales son necesarias tan pronto como quede aprobada en referéndum la nueva Constitución de la Monarquía. Y es claro que, en cualquier caso, el presidente del Gobierno debe poner su cargo a disposición del Rey para que éste le ratifique o le sustituya.

La convocatoria electoral debe hacerse porque las Cortes, que son constituyentes, han cumplido su mandato durante este año, de funcionamiento, sin que juzguemos ahora la escasa brillantez de casi todos los parlamentarios. Prorrogarlas sería una contradicción con el espíritu de la Constitución que va a aprobarse y que debe empezar a marchar cuanto antes para que exista de una vez un Gobierno que gobierne y si es posible, que gobierne bien. El presidente ha afirmado repetidas veces que él no puede hacerlo hasta que sea aprobada la Constitución. Con ello el país, desgobernado, no ha visto resuelto ninguno de los graves problemas que le amenazan y le destruyen: la grave situación económica; la total desconfianza de los inversores, el paro laboral, que aumenta cada mes en cincuenta o 60.000 trabajadores; el temor de los empresarios ante las agresiones verbales de que son objeto; el generalizado clima de rebeldía y violencia; la coacción que se ejerce desde ciertas plataformas sociales en abierta contraposición al supuesto espíritu de consenso de los correspondientes partidos; el desprestigio del poder; la falta de autoridad o el mal empleo de ésta; el clima de guerra civil en el País Vasco; la indecisa flotación de nuestra acción exterior; la falta de credibilidad del proceso preautonómico; la pérdida de imagen, en fin, del partido del Gobierno ante sus electores.

Todo ello indica que la radiografia electoral de las tendencias políticas del 15 de junio es sustancialmente distinta a la de aquella fecha. Las elecciones parciales de Alicante y Asturias confirman ese pronóstico. En Alicante, el partido del Gobierno no llegó sino al 15% del voto emitido. En Asturias no alcanzó ni siquiera el 11 %. La abstención fue masiva. ¿Cómo puede hablarse en serio, con estos porcentajes, de «partido mayoritario»? Es preciso convocar urgentemente elecciones para que el primer Congreso de la Monarquía constitucional responda en su formación a unas tendencias de hoy, no a un caprichoso aluvión del ayer. Unas elecciones en las que no se impida desde el poder, por motivaciones personales, la presencia en la palestra pública de personas responsables.

Es claro que para que esas elecciones tengan todas las garantías de imparcialidad sería conveniente que se convocaran por un Gobierno neutral, políticamente no comprometido. Precisamente, por ser las primeras que se celebran dentro del nuevo marco jurídico, habría que rodearlas de la máxima seriedad y el respeto máximo para todos los partidos. Muchos instrumentos municipales y provinciales están todavía marcados por el poder. Todavía hay considerables medios de presión que se ejercen gubernativamente y que pueden servir para inclinar la balanza de los resultados. Todavía hay discriminaciones escandalosas. Por ejemplo, Acción Ciudadana Liberal, su presidente, José María de Areilza, y yo mismo estamos vetados en Televisión Española. Es decir, no podemos aparecer en directo con sonido, porque por lo visto nuestra voz es sumamente peligrosa o demasiado convincente. Y hay orden tajante y reiterada de prohibirla.

Quizás se comprenda mejor ahora por qué pretendemos un Gobierno imparcial e independiente. Si al cabo de casi tres años de haber desaparecido el anterior sistema de autoritaria censura resulta que siguen vigentes tales arbitrarias y despóticas prohibiciones, ¿cómo no pedir que sea un Gobierno neutral, que ampare los derechos de todos, el que presida los comicios generales y, asimismo, las elecciones municipales si éstas tuvieran lugar antes de las Cortes?

Y, para decirlo todo de una vez, sería conveniente también que fuera este Gobierno imparcial quien convocara y presidiera el referéndum constitucional.