Próxima interpelación al Gobierno por reparto de armas en Cuenca

El diputado socialista por Cuenca, Virgilio Zapatero, interpelará al Gobierno ante el Congreso sobre un supuesto reparto de armas en dos pueblos de la provincia de Cuenca con conocimiento del gobernador civil, Antonio Casas Ferrer, antiguo subjefe provincial del Movimiento en Barcelona y persona muy próxima al ministro del Interior, Rodolfo Martín Villa.

La interpelación tiene su origen en un escrito presentado al gobernador civil, con fecha 28 de marzo de 1978, por Porfirio Córdoba, responsable de la agrupación del PCE en Cuenca. En este escrito se relataban los hechos ocurridos...

El diputado socialista por Cuenca, Virgilio Zapatero, interpelará al Gobierno ante el Congreso sobre un supuesto reparto de armas en dos pueblos de la provincia de Cuenca con conocimiento del gobernador civil, Antonio Casas Ferrer, antiguo subjefe provincial del Movimiento en Barcelona y persona muy próxima al ministro del Interior, Rodolfo Martín Villa.

La interpelación tiene su origen en un escrito presentado al gobernador civil, con fecha 28 de marzo de 1978, por Porfirio Córdoba, responsable de la agrupación del PCE en Cuenca. En este escrito se relataban los hechos ocurridos días antes en las localidades de Villarta y Quintanar del Rey, ambas dependientes de la subcabecera comarcal de Iniesta. Concretamente, el día de la festividad de San José, 19 de marzo, a las once y cuarto de la noche, el sargento de la Guardia Civil, comandante de puesto de Iniesta, Constancio Martínez Sainz, repartió en el domicilio de Villarta del ex lugarteniente de la Guardia de Franco, once fusiles, para otras tantas personas, que, al parecer, se hallaban en el citado domicilio.También se señalaba en el escrito que el alcalde de Quintanar del Rey, «notorio militante de Fuerza Nueva» -según palabras del diputado Virgilio Zapatero-, había repartido en la localidad varias pistolas. Ambos hechos, que en opinión del señor Zapatero, están sembrando miedo e inquietud entre los vecinos de estas poblaciones, fueron contestados por el gobernador civil, quien aclaraba que el reparto de fusiles se correspondía con el nombramiento de nuevos miembros del somatén, organización parapolicial, todavía vigente, aunque suprimida por la ley de Policía aprobada la semana pasada en el Congreso.

En su escrito de contestación el gobernador aludía a que el somatén está integrado por personas de «conducta y honradez sin tacha» y que no se tiene en cuenta su ideología política. A preguntas de EL PAIS, el gobernador accidental de Cuenca, José Luis Nieto, explicó que toda la operación era perfectamente legal, ya que el somatén está al servicio de la Guardia Civil y es este cuerpo el encargado de proporcionar la armas a sus integrantes para realizar prácticas de tiro o para se utilizadas en aquellas ocasiones que requieran su colaboración.

«Cuando el Boletín Oficial de Estado ponga en vigor la ley de Policía, que implica la desaparición del somatén -añadió el señor Nieto-, se les retirará el nombramiento a sus miembros y las armas quedarán retenidas en los cuarteles de la Guardia Civil.»

La izquierda, contra el gobernador

Sin embargo, el diputado Virgilio Zapatero piensa, pedir explicaciones al Gobierno sobre la identidad de los destinatarios de las mencionadas armas -tanto el diputado socialista como la Agrupación del PCE de Cuenca aseguraron a EL PAIS que están estrechamente vinculados con ideologías de extrema derecha y solicitará, asimismo, que se incauten las armas y se exijan las responsabilidades que hubiera lugar.

El señor Zapatero opina que «no controlar este tipo de acciones, pese a las repetidas denuncias formuladas, evidencia la desidia e incapacidad del gobernador civil y explica que son la consecuencia lógica de que permanezcan intactas en la provincia de Cuenca las estructuras del régimen franquista y se mantengan en sus puestos de privilegio o de poder las mismas personas.

En la agrupación comunista de Cuenca manifestaron además que la personalidad del sargento de la Guardia Civil implicado en los mencionados repartos es altamente impopular y que el responsable del PCE ha solicitado al gobernador civil su traslado a otra provincia, en base a determinados rumores y a denuncias por malos tratos presentadas, con fecha 8 de mayo del presente año, por el joven Ovidio Alfaro, a quien el sargento Constancio Martínez parece que no trató muy correctamente después de que un grupo de personas le silbaran. En esta denuncia, presentada ante el juzgado primero de instrucción de Motilla, Ovidio Alfaro testificaba que durante el tiempo en que fue objeto de presuntos malos tratos, el alcalde de Villarta estaba presente, sin que en ningún momento interviniera en su favor.

La complicidad de los alcaldes y la personalidad de los implicados (el alcalde ultraderechista de Quintanar es, a la vez, subcabo del somatén) evidencian la «urgente necesidad de un control del reparto de armas por parte del gobernador», como señalaron a EL PAIS el señor Zapatero y Gregorio Auñón, miembro del comité provincial del PCE de Cuenca. «Porque -añadieron- este tipo de personas armadas no deben de ser las más indicadas para vivir en democracia.»