Consideran inviable una doble' jefatura en las universidades
Los rectores de las universidades de Córdoba, Central y Autónoma de Barcelona y Autónoma de Madrid son quienes mayores objeciones hacen al proyecto de ley de autonomía universitaria, tanto por la forma en que éste ha sido elaborado como por su contenido, según se desprende de una encuesta efectuada por Efe.
La marginación de los sectores implicados en el texto el «bicefalismo» v la falta de tiempo para consultar antes de presentar las enmiendas al borrador son los tres puntos en los que coinciden la mayoría de los rectores al opinar sobre el proyecto de ley que ha sido definido por Luis...
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Los rectores de las universidades de Córdoba, Central y Autónoma de Barcelona y Autónoma de Madrid son quienes mayores objeciones hacen al proyecto de ley de autonomía universitaria, tanto por la forma en que éste ha sido elaborado como por su contenido, según se desprende de una encuesta efectuada por Efe.
La marginación de los sectores implicados en el texto el «bicefalismo» v la falta de tiempo para consultar antes de presentar las enmiendas al borrador son los tres puntos en los que coinciden la mayoría de los rectores al opinar sobre el proyecto de ley que ha sido definido por Luis González Seara. secretario de Estado para Universidades, como «una ley marco dentro de la cual cada universidad podrá dotarse de sus propios estatutos».Como impresión general recogida en las respuestas el borrador a lo largo de su articulado ofrece aspectos bastante positivos como por ejemplo el establecimiento de la carrera docente en opinión del rector de la Universidad de Granada señor Gallego Morell.
Por su parte el rector de la Universidad de Málaga José María Smith considera que el anteproyecto no es malo aunque perfectible. De modo semejante se han expresado en fuentes próxias a la Complutense de Madrid.
Los va mencionados rectores de Córdoba, Barcelona y Madrid estiman que el texto presentado pertenece «de forma exclusiva» al equipo ministerial.
La dualidad de poderes prevista en el proyecto al atribuir la autoridad académica al rector y la de gestión económica el presidente puede ser perjudicial, según los rectores encuestados e incluso «inviable para un eficaz y óptimo desenvolvimiento ».