Profesionales y partidos parlamentarios, excepto UCD, contra la televisión privada

Menos Unión de Centro Democrático, todos los partidos parlamentarios han firmado una proposición para elaborar un nuevo estatuto jurídico de Radiotelevisión Española. Los trabajadores de RTVE se manifiestan contrarios a las actuales directrices de este medio, así como a una posible privatización del mismo. Por otra parte, piden que se oiga la opinión que entidades cívicas y culturales y de partidos políticos sin representación en el Parlamento tengan sobre el futuro de la entidad. En una conferencia de prensa que el comité federal de empresa convocó ayer en Prado del Rey se habló también de la...

Menos Unión de Centro Democrático, todos los partidos parlamentarios han firmado una proposición para elaborar un nuevo estatuto jurídico de Radiotelevisión Española. Los trabajadores de RTVE se manifiestan contrarios a las actuales directrices de este medio, así como a una posible privatización del mismo. Por otra parte, piden que se oiga la opinión que entidades cívicas y culturales y de partidos políticos sin representación en el Parlamento tengan sobre el futuro de la entidad. En una conferencia de prensa que el comité federal de empresa convocó ayer en Prado del Rey se habló también de las recientes acusaciones hechas contra la información ofrecida por RTVE con relación a los recientes sucesos de Pamplona. Por su parte, la propia empresa ha emitido una nota en la que rechaza tales acusaciones de manipulación informativa. De todo ello informa José Manuel Costa.

El comité federal de empresa de Radiotelevisión Española expuso ante los diversos medios el alcance de la proposición que, elaborada por dicho comité y firmada por todos los grupos parlamentarios (excepto UCD), trata de ofrecer las líneas maestras para un futuro estatuto jurídico de RTVE.Los puntos fundamentales de dicho acuerdo entre trabajadores y partidos políticos versan sobre la no alteración de la estructura orgánica de RTVE hasta tanto no haya sido aprobado el nuevo estatuto, la no existencia de empresas privadas de radio y televisión y la creación de un organismo autónomo estatal que debe ser fiscalizado por el Parlamento, los trabajadores del medio, una audiencia organizada democráticamente y la Administración.

Estos puntos fueron explicados a continuación por los representantes del comité federal de empresa.

En lo que se refiere a la no alteración de la estructura de RTVE, se acusa a los responsables de la misma de hacer caso omiso de la resolución no de ley adoptada el día 12 de abril por el Congreso en ese mismo sentido. Al crear nuevas subdirecciones con competencias muchas veces similares se diluyen responsabilidades y se dificulta una toma de decisiones efectiva. Asimismo y ligado con el lema de la televisión privada, los trabajadores de RTVE parecen deducir un cierto complot desde dentro de la casa que, pasando por la degradación de los medios técnicos de la misma, harían que el espectador de a pie viera su salvación televisiva en otra fórmula.

Acérrimos defensores de la televisión estatal (que no gubernamental),los trabajadores exponen la catástrofe que las televisiones privadas suponen en aquellos países donde existen, en los cuales acarrean una concentración urbana de las emisiones y un desvío de publicidad que incide sobre todo en la radio y en la prensa. Aparte de ello la creación de empresas que únicamente atienden a una lógica comercial puede degenerar en abusos que hagan necesario un control. Dicho control debe ser ejercido aun en el caso de la televisión estatal pero no sólo pasaría por el de los parlamentarinos, la Administración y los trabajadores, sino también por una audiencia donde se resuman los intereses de asociaciones cívicas, culturales, e incluso de aquellos partidos que sin estar en el Parlamento deben tener la oportunidad de participar en la vida informativa del país.

Planteado el problema de la publicidad en RTVE, el comité federal de empresa declaró no haber decidido nada al respecto.

La importancia del documento objeto de la rueda de prensa reside en el hecho de que al estar firmado por la mayoría de los partidos políticos (UCD explicó su abstención por motivos técnicos) garantiza un cierto grado de acuerdo entre los trabajadores del medio y los legisladores. Debido a ello, los principios apuntados tienen buenas perspectivas en cuanto a su inclusión en los nuevos estatutos de la entidad que han de ser objeto de debate en las Cortes.

En otro orden de cosas, la tensión reinante en Prado del Rey con respecto a los sucesos de Pamplona y San Sebastián surgió en la rueda de prensa. En ella, el comité federal presentó un documento refrendado por una asamblea habida en Madrid (786 votos a favor, 1 en contra y 13 abstenciones) en el cual se «condena la información parcial y sectaria que se ha ofrecido por servicios informativos de RTVE acerca de los sucesos de Pamplona». Los trabajadores de RTVE «condenan asimismo la actuación de las fuerzas del orden».

Por su parte y ante los ataques de que está siendo objeto, la dirección de los servicios informativos de Televisión expone en una nota que «los profesionales de los servicios informativos han cubierto con absoluta imparcialidad e independencia los hechos». En esa misma línea afirma no haber tocado ninguna de las imágenes enviadas por su corresponsal en Pamplona (el cámara que las tomó ha sido, al parecer, amenazado por ETA) y que además «las ha completado en todas sus ediciones con amplios resúmenes de textos elaborados en la redacción». Son precisamente estos textos los que con mayor fuerza fueron atacados por el representante del País Vasco en el comité federal, en el sentido de que suponían una tergiversación de los hechos acaecidos.