El debate constitucional condiciona la revisión del Concordato

El debate constitucional parlamentario condiciona las negociaciones hispano-vaticanas sobre la revisión del Concordato de 1953, que podría quedar denunciado automáticamente si ambas partes no llegan a un acuerdo final para antes del 28 de julio próximo. El problema político esencial afecta más al procedimiento que a las cuestiones pendientes de acuerdo final entre la Santa Sede y el Gobierno español. Los negociadores españoles no quieren pronunciarse definitivamente sobre cuestiones que serán incluidas en la Constitución, para no condicionar los debates y provocar la posible ruptura del consen...

El debate constitucional parlamentario condiciona las negociaciones hispano-vaticanas sobre la revisión del Concordato de 1953, que podría quedar denunciado automáticamente si ambas partes no llegan a un acuerdo final para antes del 28 de julio próximo. El problema político esencial afecta más al procedimiento que a las cuestiones pendientes de acuerdo final entre la Santa Sede y el Gobierno español. Los negociadores españoles no quieren pronunciarse definitivamente sobre cuestiones que serán incluidas en la Constitución, para no condicionar los debates y provocar la posible ruptura del consenso establecido.

A la espera de que el debate constitucional avance, los negociadores de una y otra parte han establecido una lista de posibles soluciones a las cuestiones aún pendientes de acuerdo, y que se refieren, esencialmente, a enseñanza, matrimonio, asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas, entidades religiosas y ayuda económica del Estado a la Iglesia.Por el momento, parece voluntad del Gobierno que se llegue a un acuerdo entre Madrid y el Vaticano, en contra de las posiciones de quienes consideran innecesaria una regulación jurídica de las relaciones Iglesia-Estado. Por ello, no se excluye la posibilidad de que el Gobierno de Madrid prorrogue la fecha tope del 28 de julio a otras posteriores, a pesar de que el ministro de Asuntos Exteriores, Marcelino Oreja, envió una carta al Vaticano en la que se anunciaba la denuncia automática del contrato si para esta fecha no existía un acuerdo.

La proximidad del plazo fijo y las dificultades que puedan surgir en los debates de la Comisión Constitucional son utilizadas por el Gobierno con el fin de que la Santa Sede reduzca sus presiones sobre cuestiones pendientes de acuerdo final. Cuestiones que afectan más a principios que a negociaciones de tipo técnico, en los temas: matrimonio (con la posibilidad de incluir el divorcio civil) o la enseñanza (donde la libertad de elección de enseñanza religiosa constituye un punto de difícil sanción). Los temas relativos a la ayuda económica, asistencia religiosa al Ejército y status de entidades religiosas ofrecen menos dificultades de fondo o de principio, y son más factibles de compromiso.